«Gran parte también fue enviada a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y debemos determinar si fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata», afirmó el ministro.
La hipótesis más firme es que de las 70.000 balas de goma que salieron de la Argentina, 40.000 fueron a la FAB –según surge de la carta que envió el 13 de noviembre de 2019 el entonces comandante Jorge Terceros Lara– y el resto a la Policía de Bolivia.
«El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
Del Castillo también denunció que la ex presidenta interina Jeanine Áñez también pidió autorización el 15 de noviembre de 2019, dos días después de la llegada del contingente argentino, para que un Hércules de la Aviación boliviana entrara a Ecuador para recoger municiones –en su mayoría balas de goma y gases– que también fueron hallados en poder de la Policía de Bolivia.
Y agregó que «existía un plan continental para reprimir al gobierno boliviano organizado desde el 24 de julio cuando sin fundamento alguno el subsecretario de Estado de Donald Trump ya hablaba de fraude. Ya se tenía un manual para un golpe de Estado«.
