En la sesión que celebró esta mañana en el Concejo Deliberante de Paraná, se dio sanción -por mayoría y con modificaciones- a la Ordenanza Tributaria que regirá en el presente ejercicio fiscal, la cual contempla la situación de los sectores más vulnerables de la ciudad. Cabe señalar que, la mayoría obtenida por el oficialismo, fue acompañada por la edila del bloque Eva Perón –Ex Frente Entrerriano Federal-, Alicia Portillo.
Es el caso concreto de los jubilados, pensionados y aquellos contribuyentes con ingresos menores a la canasta básica alimentaria o beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los cuales se verán favorecidos respecto de los importes que deban abonar en concepto de tasas General Inmobiliaria y de Servicios Sanitarios, a través de nuevas exenciones o de la revitalización de las ya existentes.
Sobre esta situación en particular, la intendenta de Paraná, Blanca Osuna, sostuvo, en el mensaje que acompañó al proyecto elevado al cuerpo de ediles, que «las medidas propuestas además de constituirse como mecanismos con un marcado fin social, se muestran como un claro ejemplo de redistribución de la carga tributaria, en función de parámetros más equitativos y justos».
En el caso de los contribuyentes jubilados y pensionados, la reforma introducida por la norma al Código Tributario Municipal, contempla una exención del 100% (ciento por ciento) en el pago de la Tasa General Inmobiliaria y de hasta el 50% (cincuenta por ciento), en el caso de la Tasa por Servicios Sanitarios.
La nueva tributaria también establece una Tasa Social la cual prevé una reducción de hasta el 60% (sesenta por ciento) de los tributos municipales.
Para acceder a este beneficio los contribuyentes deberán reunir los siguientes requisitos: ser titular del dominio de una única propiedad inmueble que constituya su vivienda permanente, cuya valuación total fiscal no supere la suma de $40.000 (cuarenta mil pesos); los ingresos del contribuyente y su grupo familiar conviviente no superen en conjunto el monto fijado por el Indec como canasta básica alimentaria o provengan exclusivamente de la Asignación Universal por Hijo para protección social.
El texto normativo sancionado crea asimismo un régimen simplificado para pequeños comercios y exime por veinticuatro meses del pago de la tasa de «Higiene Profilaxis y Seguridad» (Tasa Comercial) a microemprendedores y artesanos.
También contempla una exención de seis meses en el pago de la misma a los pequeños comercios y dispone un tratamiento exceptivo para empresas vinculado con el tratamiento de residuos y las que se instalen para la producción de energía no renovable, con el propósito de promover un mayor desarrollo de la ciudad.
Una innovación tributaria comprende la creación de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes que facturen hasta $10.000 (diez mil pesos) mensuales, equiparándolos con el régimen de monotributo nacional, lo que implicará que no deberán presentar declaraciones juradas mensuales, sino una informativa anual, lo que demandará menores costos.
Respecto de la referida tasa, no se dispone una suba de la misma en general sino de readecuaciones de alícuotas especiales que abonan algunas actividades en particular, como bancos, financieras, boliches bailables, el juego y las grandes cadenas comerciales.
El titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Gustavo Guzmán (FJPV), en su calidad de miembro informante de la iniciativa, fue quien tuvo a su cargo la fundamentación de la misma.
En la oportunidad el edil afirmó que el proyecto sancionado corrige “algunas situaciones que no se encontraban adecuadamente contempladas, lo que permitirá –enfatizó- regularizar el marco tributario de aquellos sectores que, encontrándose en situación de mayor vulnerabilidad, constituyen el eje de nuestro desarrollo local”.
Guzmán sostuvo que “se fomentará la inversión de pequeños emprendedores y artesanos, quienes aportan su actividad productiva a nuestro municipio en pro del bien común”, añadiendo que “trae, además, una serie de reformas innovadoras que pretenden actualizar la Tasa General Inmobiliaria y la de Servicios Sanitarios, de un modo progresivo, lo que repercutirá en materia social, cultural, productiva y ambiental, equiparando el costo de los servicios con los ingresos y, de ese modo, convertir a la justicia como el principio gobernante en materia tributaria”.
