Tras más de cuatro horas de debate, el Senado convirtió en ley el proyecto de muerte digna que reconoce el derecho de los pacientes «a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, así como también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad».
La iniciativa indica que el paciente terminal puede rechazar procedimientos, cirugías y «medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría» pero lo obliga a expresar su postura al facultativo, quien antes lo habrá informado sobre su real estado de salud, los tratamientos posibles y sus consecuencias.
También se establece que, en el caso de que el paciente se vea impedido de dar suconsentimiento, serán sus familiares o los responsables legales quienes deberán dar a conocer la decisión de prolongar la agonía por medios artificiales. Esta norma no implica la legalización de la eutanasia ni el suicidio asistido.
El debate sobre la muerte digna cobró especial relevancia tras el caso de Camila. La beba nació muerta el 27 de abril de 2009, pero fue reanimada. No le funciona ninguno de sus sentidos y tampoco tiene conciencia. Respira y se alimenta de manera artificial.
Sus padres reclaman precisamente «una muerte digna» para la pequeña, que ya cumplió 3 años y pasa sus días internada en el Centro Gallego de Buenos Aires.
