Al respecto, García destacó que “obras de estas características son las que se necesitan para garantizar el impulso productivo que estamos viviendo en la provincia”. “Convertir a Entre Ríos en un gran complejo agroalimentario es uno de los objetivos planteados por el gobernador Sergio Urribarri”, remarcó el ministro y, en ese sentido, consideró que este gasoducto configura “la posibilidad concreta de potenciar el crecimiento de las industrias existentes, generar nuevas y dar valor agregado a la producción primaria”.
Por su parte, Arroyo señaló que “desde hace aproximadamente un año venimos ocupándonos de esta obra y hoy logramos otro paso importante como es la firma del contrato para su ejecución”, al tiempo que resaltó que se trata de “un apoyo concreto del gobierno provincial a 11 industrias ubicadas en esas zonas urbanas. Se firmará el acta de inicio y luego comenzará a correr el plazo de ejecución de los trabajos que es de 12 meses”, acotó.
En el acto también estuvieron presentes el titular de Enersa, Hugo Ballay, y la directora de Planificación de Estrategias y Evaluación de Proyectos del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), Elda Albornoz.
El gasoducto
La obra, que demandará una inversión de 19.645.825,89 pesos, consiste en la construcción de infraestructura de distribución de gas natural en las localidades de General Racedo y María Luisa en cañerías de polietileno, con accesorios del mismo material unidos por electrofusión, incluyendo también la colocación de las válvulas de bloqueo, la reparación de veredas y pavimentos que se desmantelen por efecto de la obra y las pruebas correspondientes.
Por otro lado, se construirán dos estaciones de regulación secundaria, un sistema de limitación de presión con medición y odorización, el tendido de ramales de alimentación y las correspondientes interconexiones al gasoducto troncal entrerriano.
Los trabajos se realizarán a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) y será financiada en un 80 por ciento por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aprobó el anteproyecto, y el 20 por ciento restante por la Secretaría de Energía.