La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por Cablevisión y, por lo tanto, la empresa deberá suspender los aumentos dispuestos en el servicio básico de televisión por cable y devolver las sumas cobradas en exceso a los usuarios de la capital entrerriana desde enero del año pasado, tal como lo había reclamado la Municipalidad.
El tribunal, integrado por Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso, rechazó la acción interpuesta por Cablevisión por considerar que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, en este caso, tampoco se evidencia “un agravio de imposible (o insuficiente) reparación ulterior”, tales las causales previstas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para conceder un recurso extraordinario. De todas maneras, la empresa puede interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Así las cosas, y agotada la vía de la medida cautelar, la Municipalidad puede insistir en su reclamo para dar cumplimiento a la resolución que obliga a Cablevisión a respetar los valores fijados por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación para la tarifa del servicio básico de televisión por cable: 109 pesos entre enero y agosto de 2011 y 116 pesos desde septiembre de 2011 en adelante.
En esa línea iba la denuncia penal que impulsó la intendenta Blanca Osuna, el 2 de noviembre pasado, contra los administradores de la empresa del Grupo Clarín por desobediencia judicial.
Según indicaron fuentes judiciales a EL DIARIO, apenas se dispuso la inadmisibilidad del recurso extraordinario por parte del tribunal, el fiscal federal Mario Silva solicitó la instrucción formal de la causa y solicitó una serie de diligencias procesales. Por su parte, el juez federal Leandro Ríos se declaró competente y admitió como querellante a la Municipalidad de Paraná.
REBELDÍA. Lo cierto es que, a pesar de todo, la empresa ya adelantó que no acatará la disposición, dado que “existen medidas judiciales vigentes que ratifican la libre fijación del precio de los servicios de televisión por cable” y que “la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) obtuvo el 1 de agosto de 2011, una medida cautelar dictada por una Cámara Federal (de Mar del Plata), que suspende para todas sus asociadas (entre ellas Cablevisión SA) los efectos de la Resolución 50/2010 y de la ley de abastecimiento por entender que se trata de una norma derogada en todo el país”.
La entidad notificó mediante carta documento a la oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad sobre la existencia y vigencia de la medida cautelar, ya que la misma prevé que “deben suspenderse las tramitaciones de los expedientes relacionados con las resoluciones citadas emanadas por la Secretaría de Comercio Interior”.
Mientras tanto, la causa principal continúa su curso en el Juzgado Federal Número 2, a cargo de Aníbal Ríos. En este expediente Cablevisión podrá atacar el fondo del asunto, tal como lo ha hecho en otras jurisdicciones, es decir, cuestionar la legalidad de las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior y hasta impugnar la validez de la presentación efectuada por Blanca Osuna invocando la representación de derechos de incidencia colectiva de los ciudadanos paranaenses.
De todas maneras, la medida cautelar constituyó un incidente de la causa principal, interpuesto por el municipio para que la empresa cese en esa conducta de no respetar las resoluciones nacionales y cobrar discrecionalmente por el servicio. Agotada esa vía, se puede exigir su cumplimiento y solo la Corte Suprema podría interrumpir su curso.
La historia de la causa
La causa judicial se inició a principios de este año, cuando el Departamento Ejecutivo Municipal presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal de Paraná para la “cesación inmediata” de los aumentos del abono básico de la firma operadora del servicio de televisión por cable y solicitó la devolución de las sumas mal cobradas.
La intendenta Blanca Osuna realizó la demanda “en representación del conjunto de los ciudadanos de Paraná que sufrieron una suba arbitraria, discriminatoria e inequitativa” y que así lo hicieron saber en numerosos reclamos en la Dirección de Defensa del Consumidor, que acompañaron la denuncia.
En la presentación se solicitó la nulidad de los aumentos del abono básico mensual a partir del 1 de febrero de 2011 por considerarlos “arbitrarios, ilegítimos e inconstitucionales, toda vez que vulneran los derechos de los consumidores y usuarios al desobedecer las resoluciones dictadas por la Secretaría de Comercio Interior”.
Al tomar conocimiento de la denuncia, Cablevisión realizó una presentación espontánea citando el antecedente de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que suspendía la aplicación de las mismas resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior que invocaba la Municipalidad de Paraná. Pero el tribunal que integran Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso, no hizo lugar al planteo.
Fuente: El Diario.
