«La trata tiene sentidos en la prostitución. Si reducimos la prostitución , reducimos la posibilidad de la trata. Y en Entre Ríos hemos dado pasos gigantes en ese sentido. Acá ejercimos una moral práctica y terminamos con decenas de prostibulos», agregó el mandatario, antes de mencionar que el año pasado se implementó un protocolo de prevención, protección y asistencia que articula tareas entre organismos del gobierno y los municipios.
La discusión de la iniciativa a nivel nacional fue incluida en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, luego de conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de la joven Marita Verón.
En el caso de Entre Ríos, el gobernador Sergio Urribarri dispuso en 2008 la creación en la Policía de la División Trata de Personas que se encuentra a disposición de la gente para que suministre cualquier tipo de información o, si se siente damnificada, concurra a la dependencia.
También este año se creó el Protocolo Interministerial e Intersectorial de Acciones Destinadas a la Prevención , Protección y asistencia Integral de la Violencia de Género y Violencia Familiar. En ese marco, desde el gobierno se encararon distintas instancias de formación para funcionarios y fuerzas de seguridad que trabajan en la temática, además de la incorporación de más de 60 municipios al trabajo en conjunto.
Una división especial
Atento a la importancia que desde el gobierno provincial se le asigna a esta problemática, desde 2008 funciona la División Trata de Personas, que depende de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Su sede está en Churruarín y Ayacucho de Paraná y está integrada por 13 efectivos. Ese número se amplía para realizar los procedimientos, puesto que cuenta con el apoyo de la totalidad de las jefaturas departamentales para cumplimentar los procedimientos, junto a funcionarios judiciales de cada jurisdicción.
La tarea de esa repartición, a cargo de José Zárate, está basada en la aplicación de la Ley Federal 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.
Cabe destacar que la trata de personas no es solamente para situaciones de prostitución, sino también para el caso de personas que son captadas y explotadas laboralmente, estando incluso privadas de su libertad como sucede en muchos de los talleres clandestinos que fueron allanados en la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraban trabajando personas de nacionalidad boliviana que eran captados mediante engaño de trabajo y luego les retenían las pagas, los documentos, e incluso en el caso de mujeres embarazadas que ni siquiera podían contar con atención médica.
El nuevo organismo tiene en funcionamiento una nueva línea telefónica y una dirección de correo electrónico a disposición de la población para que suministre cualquier tipo de información y, de esta manera, agilizar las acciones para hallar a todas las personas damnificadas. La línea habilitada es 0343-4209225 o se pueden enviar mensajes de texto al 156222278 o al 154602021, mientras que el correo electrónico es tratadepersonas.per@gmail.com.
Logros
Según informó la División Trata de Personas, que depende de la Policía de Entre Ríos, en el último año se efectuaron las clausuras de siete locales de la ciudad de Paraná, denominados bares o wisquerias con alternadoras, en conjunto con la municipalidad de Paraná, con los respectivos mandamientos judiciales y las directrices de los Juzgados de Faltas del Municipio.
Con órdenes de los juzgados de Instrucción de cada departamento, se efectuaron 42 allanamientos en base a la Ley 12.331 de Profilaxis Antivenérea, en locales nocturnos ubicados en distintos lugares de la provincia y que funcionan bajo la denominación de bares, wisquerías y clubes nocturnos, entre otros. Se logró la detención de 12 personas.
Otro accionar fue efectuar diligencias por exhorto judicial en la provincia de Santa Fe, que posibilitaron realizar allanamientos múltiples en pos de la localización de menores de edad que estaban siendo buscadas en la capital entrerriana por causas judiciales, comunicadas desde esta división. Producto de ello se halló a dos menores que se encontraban en situaciones vinculadas al tráfico de personas por parte de redes.
En el transcurso del año, en la provincia se individualizó y rescató a tres menores de edad que se encontraban en bares o wisquerías. Además, se practicaron allanamientos en Gualeguaychú, Nogoyá y Gualeguay, y se localizaron a cinco personas que se encontraban en algunos de los estados de la Trata , bajo amenazas, intimidación, abuso de autoridad y por deudas contraídas hacia los explotadores.
Se practicaron allanamientos con autorización de la Justicia Federal , en quintas de la ciudad de Victoria, donde se localizaron personas de nacionalidad boliviana en condiciones de Trata de Personas (Ley 26.364).
Además, se realizó un operativo con el Ministerio de Trabajo en la ciudad de San Benito, departamento Paraná, donde se localizó a personas de nacionalidad paraguaya, quienes se encontraban en situaciones de explotación laboral por parte de comerciantes de origen asiático. Tal situación se comunicó a la Justicia Federal por infracción a la Ley 26.364.
En el marco de los trabajos efectuados en conjunto con los organismos de rigor, se efectuaron controles y operativos en Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, Concordia, Victoria, Paraná, Concepción del Uruguay, Villaguay y Nogoyá. Se verificaron las condiciones laborales de los locales nocturnos existentes en la provincia, su habilitación y su documentación laboral e impositiva, y se labraron actas. Se identificaron 30 locales con la denominación de bar o wiskería y se contabilizaron 180 alternadoras o coperas.
Además de establecieron inspecciones en zona de plantaciones de citrus, arándanos y quintas avícolas en Concordia, Federación y Crespo.
Procedimientos
Ante cualquier denuncia o constatación que en un determinado lugar se encuentra trabajando una menor de edad como alternadora se efectúa un procedimiento, generalmente en forma sorpresiva y en horas de la madrugada, con los recaudos legales del caso otorgados por la Justicia ordinaria o federal, las que son portadas por los funcionarios judiciales presentes en el procedimiento.
Las órdenes comprenden no solamente el allanamiento y requisa domiciliaria, sino también la requisa personal para todos aquellos que se encuentren en ese momento en el lugar allanado. También se pone especial atención en la documentación personal de las denominadas alternadoras que son revisadas en el lugar por los peritos de la Dirección de Criminalística, quienes también forman parte del procedimiento y que tienen la función de constatar la autenticidad de los documentos, ya que son numerosos los casos en que estas menores están provistas de documentación apócrifa para alterar su verdadera edad.
Tras los operativos, las menores detectadas en esos lugares son trasladadas a las dependencias policiales o judiciales de Minoridad, donde quedan alojadas a disposición de la Justicia jurisdiccional. En forma paralela, se inicia una causa para quién esté al frente del negocio en ese momento, ya sea su propietario y encargado, que puede ser detenido en el marco de la causa policial iniciada de oficio.
Concientización
“El gobernador ha dispuesto la creación de este organismo que se encuentra a disposición de la gente para que suministre cualquier tipo de información o bien si se siente damnificada concurra a la dependencia”, expresó el ministro de Gobierno Adan Bahl, y agregó que “se trata de que la ciudadanía en general brinde información a su policía de que está sucediendo un hecho que contemple esta Ley”.
El ministro explicó que, a partir de la sanción de esta norma, fundamentalmente se intenta concientizar a la ciudadanía en general sobre esta problemática, advirtió que quizás algunas personas no saben que son explotadas o bien lo tienen ya asumido y son un poco reacios a contarle a la policía de esta situación.
“Se está trabajando a diario en agilizar y profundizar los lazos operativos con el resto de las policías provinciales, fundamentalmente las vecinas y regionales: Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe, que son los lugares desde donde provienen las mujeres que trabajan en locales nocturnos de Entre Ríos” dijo el ministro.
Respecto a la difusión que esta llevando a cabo la División , explicó que “se trabaja fuertemente en dar a conocer a los organismos y entes provinciales la creación de esta repartición. En lo que refiere a publicidad, se efectúa a diario la distribución de folletería tanto en Paraná, como en el resto de la provincia, “llevando de este modo concientización y sensibilización de este flagelo a toda la población”. Además, personal policial de esta División asistió a congresos, charlas, cursos sobre esta temática, que se han dictado en distintos lugares de nuestro país.
Protocolo
Desde el inicio de este año, se comenzó desde la Secretaría General de la Gobernación, que encabeza Sigrid Kunath, y la Secretaría del Ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo de Lucila Haidar, un trabajo de articulación entre los diferentes organismos que dio por resultado la aprobación del protocolo de acciones destinadas a la prevención, protección y asistencia frente a situaciones de violencia.
Con el objetivo de fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, en el marco del Protocolo Interministerial e Intersectorial de Acciones Destinadas a la Prevención, Protección y asistencia Integral de la Violencia de Género y Violencia Familiar se desarrollaron charlas de formación y sensibilización para funcionarios de los tres poderes del Estado entrerriano, con la participación de funcionarios del gobierno nacional y especialistas.
A lo largo de este año de trabajo se incluyeron más de 60 municipios entrerrianos al trabajo articulado con el gobierno provincial en acciones destinadas a la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones. También se realizaron presentaciones en Paraná, Gualeguaychú, Nogoyá, Villaguay y Concordia, convocando en todos los casos a representantes locales de los tres poderes, a organizaciones de la sociedad civil y a medios de comunicación de los 17 departamentos de la provincia.
