En este sentido, Smaldone consideró que «el hecho de que se pueda condenar penalmente a los responsables de la explotación infantil constituye un paso importantísimo y se ubica en sintonía con la lucha que se está impulsando a nivel nacional y provincial para erradicar la problemática de una vez por todas».
El funcionario aseguró: “Hemos hablado en varias ocasiones con el gobernador Urribarri sobre lo importante que sería la penalización del trabajo infantil para poder continuar trabajando en su erradicación, contando con el respaldo de una ley que condene penalmente a quien utilice laboralmente a los menores”. Luego agregó que “hoy es una gran noticia que el trabajo infantil se incorpore finalmente al Código Penal; ya que el contratar o tener trabajando a un menor de 16 años ya no solo se sancionará con la imposición de una multa, sino que ahora también el empleador puede ser sancionado penalmente con prisión de uno a cuatro años».
«Con la sanción de esta ley estamos sumando una importante herramienta para continuar incluyendo y reparando derechos. Los niños trabajadores se ven imposibilitados de ir a la escuela, o limitados en el rendimiento escolar. El 85 por ciento de los niños que trabajan sufren de dos a tres años de retraso escolar y están en grave riesgo de abandonar la escuela, de hecho, tres de cada cuatro abandonan los estudios», precisó Smaldone.
«Es hora de que todos comprendamos que sólo los niños que se eduquen estarán en igualdad de oportunidades mañana. El niño que trabaja llega a la edad adulta sin la preparación necesaria para acceder a ocupaciones calificadas, circunstancia que le impide modificar su situación de precariedad. Así, el trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de la pobreza», insistió.
A continuación el ministro Smaldone señaló que “esta legislación importa un cambio de paradigma. El trabajo infantil es un problema histórico en nuestro país, una problemática que en décadas pasadas casi no tenía condena social y paradójicamente, era considerada parte de la cultura. A partir de hoy ya no habrá lugar para especulaciones o justificaciones culturales. Hoy la demanda de saberes y competencias exige educación como base para estar en igualdad de oportunidades y el trabajo infantil es un delito penal”.
Tanto la Nación como la provincia, a través de sus Ministerios de Trabajo, vienen dedicándose fuertemente para erradicar el trabajo infantil a través de políticas concretas de inclusión social, fortalecimiento de las familias y duras sanciones para los empleadores. Como resultado de estas políticas públicas enfocadas concretamente para que muchos niños y niñas dejaran de trabajar, se ha logrado la reducción de la tasa de trabajo infantil en un 66 por ciento en los últimos ocho años.
En lo que concierne al ámbito normativo también ha sido significativo el avance. En el año 2008 se aprobó la Ley 26.390, de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente; en diciembre del 2011 fue sancionada la ley 26.727, que aprueba el Régimen de Trabajo Agrario, el cual contempla en el Título IX la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, y el año pasado la Cámara de Diputados había logrado media sanción del proyecto de ley que penalizaba a quien contrate mano de obra infantil. Hoy su aprobación por parte del Senado es un hecho, lográndose un punto de inflexión en la lucha por erradicar la problemática de los niños trabajadores.
Tolerancia cero a nivel provincial
El modelo de provincia que lidera el gobernador Sergio Urribarri, basado en el crecimiento económico, en incorporar valor agregado a la producción primaria y en el consumo interno, tiene como ejes centrales a la niñez y a la educación. Sólo así Entre Ríos seguirá creciendo con más igualdad de oportunidades y más inclusión social. En ese marco, no hay margen de tolerancia para el trabajo infantil.
En este sentido, la erradicación del trabajo infantil en Entre Ríos es una política de Estado, y en diciembre de 2011, cuando el Ministro Guillermo Smaldone se hizo cargo del Ministerio de Trabajo de la Provincia, el gobernador Urribarri le encomendó darle una importancia primordial a la erradicación del trabajo infantil, en el convencimiento de que es fundamental terminar con este flagelo para cortar definitivamente con el circulo vicioso de la pobreza.
A fin de cumplir con tan ambicioso y complejo propósito, la cartera laboral desarrolló estrategias de articulación con todas las áreas gubernamentales que desempeñan una labor directa con la problemática en el territorio provincial, o aquellas que por su marco de acción o mandato tienen injerencia en la temática; todo enmarcado en el diálogo social sumando a las organizaciones de trabajadores y empleadores.
En este sentido, se ha reflotado y fortalecido la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil en Entre Ríos (Copreti), organismo integrado por todos los ministerios del poder ejecutivo provincial, el Poder Judicial, entidades gremiales y ONG´s; se viene y se sigue comprometiendo a los presidentes municipales y de juntas de gobierno en la erradicación del trabajo infantil mediante campañas de difusión, charlas y celebración de convenios de cooperación y colaboración; se están desarrollando múltiples acciones tendientes a conformar una Red de Empresas en contra del trabajo infantil que firmen una carta compromiso mediante la cual se comprometan a no beneficiarse ni directa ni indirectamente del trabajo de los chicos, entre otros puntos.
Se ampliaron los canales de denuncias para casos de trabajo infantil, posibilitando que el ciudadano denuncie por mensaje de texto a un celular especialmente habilitado, por teléfono, vía Web o personalmente en la sede del Ministerio o sus Delegaciones Departamentales en toda la provincia.
Se implementó un sistema de planificación integral de las inspecciones, lo cual permitió triplicar la cantidad y mejorar la calidad de las inspecciones en toda la provincia, sumando acuerdos estratégicos con las asociaciones sindicales que demandan nuestros servicios en sintonía con los objetivos del organismo.
Durante el 2012 y lo que va del 2013, el Ministerio de Trabajo ha detectado 120 casos de trabajo infantil en distintos puntos de la provincia, el 35 por ciento de los casos se trataba de niños menores de 15 años, los cuales manifestaron además no concurrir a ningún establecimiento educativo. El 65 por ciento restante eran menores de entre 16 y 18 años, lo que configura trabajo adolescente, de los cuales solo el 25 por ciento tenía el permiso habilitante para trabajar y concurría a la escuela.
Cabe destacar que en septiembre de 2012, Entre Ríos ha regulado el trabajo artístico infantil, convirtiéndose su Ministerio de Trabajo en la quinta administración laboral a nivel nacional en reglamentar el procedimiento de autorización y control de dicha actividad, sumándose a provincias como Salta, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, el Ministerio de Trabajo viene realizando diferentes acciones y campañas de sensibilización, concientización y difusión de la problemática con el objetivo de que en nuestra provincia se condene esta práctica y que nadie naturalice ver a un niño trabajar.
Erradicar el trabajo infantil en Entre Ríos es un trabajo de todos. Si ves un caso de trabajo infantil denúncialo vía sms al (0343) 154721313, vía telefónica al (0343) 4207984 / 87, o ingresando al sitio Web del Ministerio de Trabajo de Entre Ríos: www.entrerios.gov.ar/mintrabajo.
Detalles del proyecto de Ley
El pleno de la Cámara alta de Senadores sancionó hoy un proyecto de ley que establece una pena de uno a cuatro años de prisión a quien ejerza la explotación laboral de menores.
Al respecto el senador del Frente para la Victoria (FpV) y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Pedro Guastavino (Entre Ríos), aseguró que la iniciativa apunta a “empresarios inescrupulosos que intentan sacar una ventaja económica”, y destacó: “Lo importante es tener una ley posible, tener una ley hoy y terminar este ciclo para que haya una persecución penal”.
La iniciativa en cuestión impone que la pena afecte al “que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.
Además, el texto –que incorpora el artículo 148 bis al Código Penal- señala que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, y que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”.
