Veinticinco empleados de Redengas SA y dos integrantes de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas) comenzarán a ser indagados hoy, en el marco de la denuncia penal que presentó la empresa distribuidora del servicio de gas natural en Paraná. El cargo se fundamenta el artículo 194 del Código Penal que castiga a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Desde hace un mes y medio, estos empleados enrolados en APJ-Gas de Redengas mantienen un paro total de actividades por desacuerdos salariales, reclamos de mejoras en las condiciones de trabajo e incorporación de más personal. Además de la denuncia penal presentada por la empresa, cuando los trabajadores bloquearon el acceso y egreso de las oficinas comerciales, hubo seis despidos.
También hubo intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia y luego de la Nación, que dictaron sendas conciliaciones obligatorias, y fueron desconocidas primero por los empleados y luego por la patronal.
En medio del prolongado conflicto, los trabajadores recibieron ayer una buena noticia, al menos de regocijo espiritual: el Papa Francisco les envió un mensaje de aliento. “Veo que el conflicto de los trabajadores del gas es duro y espero que se resuelva con justicia”, escribió ayer a las 4 de la madrugada hora Argentina el pontífice en un mail que envió a Gustavo Vera, de la fundación La Alameda y en respuesta a una carta que le enviaron los trabajadores.
Por otra parte, los empleados en huelga fueron recibidos por concejales de todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante quienes se comprometieron a presentar un proyecto de comunicación dirigido al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y organismos de control en el que manifestarán su preocupación por ese conflicto.
Medidas. “Las decisiones que la empresa toma son irreversibles, no son antojadizas o caprichosas”, manifestó en diálogo con EL DIARIO presidente del directorio de Redengas SA, Alberto Gutiérrez, quien además aseguró que la prestación del servicio no corre ningún riesgo ya que los empleados que están de paro han sido reemplazados por personal idóneo.
Además, Gutiérrez reiteró que ya han sido tercerizadas las tareas de lectura de medidores y la distribución de las facturas, labor que realizaban empleados que adhirieron la medida de fuerza.
“Lamentablemente la gente sigue en huelga. Nosotros respetamos el derecho de huelga pero seguimos trabajando para cumplir con los servicios y hemos tomado todos los recaudos necesarios”, expresó.
Cuando se le consultó si existían riesgos para los usuarios teniendo en cuenta que gran parte de los trabajadores, con años de experiencia no están trabajando, Gutiérrez lo negó enfáticamente.
“Hace poco hubo un incendio en un edificio de departamentos. Hubo que cortar el gas a todos los domicilios, por precaución, y luego reestablecer el servicio y todo eso lo hicimos sin ningún tipo de inconvenientes”, ejemplificó.
También, sostuvo que seguirán adelante con la denuncia penal e informó que la empresa ya se constituyó como querellante. Remarcó que durante una de las jornadas de protesta, los trabajadores impidieron la salida e ingreso de vehículos a la empresa poniendo en serio riesgo la seguridad y la prestación del servicio.
Con respecto a la posibilidad de alcanzar una instancia de mediación, como se ofreció desde la Defensoría del Pueblo de Paraná, se mostró poco interesado: “No nos han citado a ninguna instancia de mediación, pero creemos que son casos individuales, el tema colectivo se hizo en el Ministerio de la provincia y fracasó”.
Así, afirmó que “no se le niega la entrada a ningún trabajador, salvo a los seis despedidos. El resto, si quiere volver a trabajar marca y cumple su horario”, aunque dejó en claro que se analizará caso por caso.
Rechazo. En cambio, la delegada gremial de la APJ-Gas, Ximena Rattoni, calificó la denuncia penal presentada por Redengas SA como “tirada de los pelos”, ya que remarcó que desde que comenzó la protesta no se interrumpió el servicio de gas. “Es porque el 24 de junio estuvimos frente a la empresa en manifestación”, remarcó.
Subrayó que el reclamo, además de por motivos salariales, es por “mayor mantenimiento de las camionetas, ropa, e incorporación de más personal porque no dan abasto”. Aseguró que “el Ministerio de Trabajo de la provincia hizo algunas audiencias y se presentaron algunas propuestas que aceptamos, pero al momento de firmar se levantaron y se fueron, y nunca más regresaron”.
Luego vinieron los recursos de amparo, las denuncias penales y seis despidos.
“Los despedidos son los más especializados. Hoy si hubiera un siniestro no hay nadie en la empresa capacitado para resolverlo”, consideró.
Además, Rattoni expresó que “la empresa está funcionando muy parcialmente, con pasantes que tienen sólo un par de meses de antigüedad. No sabemos quién está manejando las plantas o haciendo los controles y eso nos preocupa mucho”.
Mientras tanto, los trabajadores continuarán hoy con la ronda de reuniones informativas con representantes de organismos e instituciones. Ya se reunieron con el defensor del Pueblo y los concejales y hoy estarán en el Arzobispado con Juan Alberto Puiggari.
“Si el conflicto se sigue profundizando, no descartamos que se llegue a una medida de fuerza nacional, ya se están haciendo asambleas en otros lados. Porque la empresa ha tomado una medida peligrosa e irresponsable”, sostuvo.
HCD. También expresaron su preocupación e interés por el tema los ediles paranaenses. “Además del conflicto gremial está el derecho de los usuarios a que el servicio se brinde en las mejores condiciones”, señaló el concejal Enrique Ríos (PJ).
Por eso, en la sesión de mañana presentarán un proyecto de comunicación en solidaridad con el reclamo de los trabajadores y expresando su preocupación por esta situación.
Ríos destacó la gravedad del conflicto la gravedad del problema teniendo en cuenta que involucra “al 90% del personal de planta, que están denunciados penalmente y que seis de ellos están despedidos”.
Acto seguido, se preguntó “qué sucedería si ocurriese una tragedia como sucedió en Rosario cuando voló un edificio, si la empresa no cuenta con profesionales y empleados capacitados”.
AL MARGEN
El origen. El conflicto que Redengas SA mantiene con un grupo de empleados comenzó cuando en la negociación del convenio colectivo de trabajo la empresa no reconoció a APJ-Gas como entidad gremial representativa para negociar. La prestataria sí acordó negociaciones con la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (Fetingra) que, según argumentó, es la asociación sindical reconocida por el Ministerio de Trabajo de la Nación con aptitud para representar a los empleados del sector del gas.
Fuente: El Diario
