La apelación a esta nueva instancia judicial ya había sido advertida por Argentina a fines de junio pasado, en medio de su litigio con los fondos buitre y a partir del fallo de la Justicia estadounidense, que obliga al país a abonar el total de los bonos soberanos argentinos no reestructurados en los canjes de 2005 y 2010 y con ese fin determina una metodología que afecta el pago a los bonistas con títulos reestructurados.
La CIJ informó en La Haya -a través de un comunicado-, que el recurso presentado por Argentina fue transmitido al gobierno de Washington, pero aclaró que “no se tomará ninguna acción en el procedimiento hasta que los Estados Unidos de América dé su consentimiento a la jurisdicción de la Corte en este caso”.
El Gobierno, por su parte, precisó que la denuncia presentada en La Haya acusa a los Estados Unidos de no respetar las “inmunidades soberanas” argentinas y “su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado”.
“La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge principalmente de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa”, remarcó el texto.
Presentación. Según consideró la Argentina en su presentación ante La Haya, “dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas, han generado una controversia entre la Argentina y los Estados Unidos”, que el Gobierno nacional “somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución”.
De esta manera, el Gobierno destacó que se le brinda “a los Estados Unidos la oportunidad para resolver esta controversia de conformidad al derecho y a la justicia”.
El Gobierno argentino sostuvo que en el caso de que Washington no acepte la competencia de la CIJ, entenderá que “ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo” de conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del derecho internacional general.
Las autoridades nacionales ya habían anticipado el 26 de junio pasado, que evaluaban la posibilidad de llevar adelante “eventuales acciones judiciales” ante foros internacionales como el Tribunal de La Haya y la justicia ordinaria local, el mismo día en que concretaba el depósito de los casi 1.000 millones de dólares para el pago a bonistas reestructurados, de los cuales 539 millones de dólares continúan bloqueados en la cuenta del Bank of New York (BONY) por decisión del juez Thomas Griesa.
En esa oportunidad, el comunicado del Ministerio de Economía advertía “respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa respecto a eventuales acciones judiciales”.
La presentación ante La Haya se conoció en la misma jornada en que el país publicó un aviso legal en los principales diarios internacionales, con precisiones para los tenedores de deuda que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
