El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a las fuerzas armadas y de seguridad a mantener “máxima alerta” ante la chance de un “ataque armado que pretenden propiciar desde Colombia”, y afirmó que se produjeron dos actos terroristas en el interior del país.
Mientras tanto, nueve personas estaban detenidas en relación con el asesinato –el martes, en San Cristóbal– de un adolescente durante una protesta opositora, entre ellos un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) imputado de homicidio intencional calificado, informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Maduro afirmó que recibió información según la cual, por orden del gobierno de Estados Unidos, “paramilitares colombianos vestidos de civiles tratarán de ingresar al país para generar caos y alterar el orden democrático de Venezuela”.
“Quieren infiltrar grupos armados militares con los paramilitares de Colombia porque desde el norte se ha dado la orden de destruir a la patria de Bolívar”, subrayó el mandatario durante una manifestación oficialista en Puerto Ordaz, estado Bolívar, a 686 kilómetros al sudeste de Caracas.
Asimismo, afirmó que en Rubio, estado Táchira, a 676 kilómetros al sudoeste de Caracas, “un grupo de la derecha fascista” secuestró un camión cargado de garrafas de gas y lo prendió fuego, aunque “la acción oportuna” de efectivos de la Guardia Nacional (policía militar) y bomberos extinguió las llamas antes de que la carga explotara.
El mandatario agregó que en Maracaibo, la capital del estado Zulia, a 521 kilómetros al oeste de Caracas, un “grupo de 20 encapuchados” que aseguró que pertenecen al partido opositor Voluntad Popular (VP) secuestró “un camión lleno de medicamentos”, y se preguntó si “eso se llama lucha democrática o terrorismo”.
Por otra parte, Ortega Díaz informó que continuaban las investigaciones sobre la muerte de Kluiberth Roa, de 14 años, asesinado en martes de un balazo en la cabeza durante una manifestación antigubernamental en el Barrio Obrero de San Cristóbal, la capital de Táchira.
La funcionaria precisó que había nueve personas privadas de libertad y que serían presentadas ante los tribunales a la brevedad, entre ellas el oficial de la PNB Javier Mora Ortiz, de 23 años, considerado el probable asesino e imputado de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, con el agravante, además, de que la víctima fuera un adolescente.
También se imputa a Mora Ortiz el uso indebido de arma orgánica y el quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, detalló Ortega Díaz, quien exhortó a las fuerzas de seguridad a “actuar moderadamente, con control”.
La jefa de los fiscales admitió que la investigación procurará determinar si el asesinato del adolescente puede relacionarse con la resolución que facultó a policías y militares a recurrir al “uso de la fuerza potencialmente mortal” en manifestaciones de protesta, vigente desde fines de enero pasado, aunque subrayó que “la Constitución prohíbe la utilización de armas en las manifestaciones pacíficas”.
Desde la oposición, el ex candidato presidencial Henrique Capriles opinó que el asesinato de Roa es parte de “los resultados” de la resolución que autorizó el uso de armas de fuego en las manifestaciones, “pasando por encima de lo que establece la Constitución nacional”.
Capriles juzgó “terribles” las declaraciones de la ministra de Interior y Justicia, almirante Carmen Meléndez, quien sostuvo que el asesinato de Roa fue un “hecho aislado”, y reclamó a los funcionarios del gobierno que “tengan el sentido patrio de ocuparse de resolver el tema de la violencia”.
