La iniciativa que otorga reparación histórica a unas 36.000 familias de empleados de la petrolera estatal fue sancionado por 214 votos, con el respaldo del Frente para la Victoria, el radicalismo, el PRO, el massismo, el FAP, la Coalición Cívica, el Partido Obrero y el Partido Socialistas de Trabajadores.
De esta manera, el Congreso aprobó una ley para saldar una lucha de casi 25 años de los ex trabajadores de YPF, a los que se negó el pago de las llamadas acciones de “propiedad participada” pese a lo previsto por la ley con la que esa empresa fue privatizada durante el gobierno de Carlos Menem.
Según la ley de privatización, los trabajadores debían recibir una porción del 10 por ciento del paquete accionario de la empresa, pero ese derecho les fue desconocido a los despedidos.
La sanción de la iniciativa fue aplaudida y festejada por ex trabajadores de YPF presentes en el palco durante toda la sesión, al concluir un debate que se extendió por más de cuatro horas.
El proyecto aprobado por diputados, reformado por Senado y que la cámara baja convirtió en ley otorga una indemnización que es equivalente al valor en pesos de 956 acciones de la compañía que serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública.
Entre los cambios realizados por el Senado se encuentran la incorporación de un párrafo en el artículo segundo de la norma, estableciendo que el valor de la acción de la compañía no podrá pagarse a menos de 311 pesos.
El debate fue abierto por el diputado nacional Mario Metaza (Frente para la Victoria-Santa Cruz), quien sostuvo que este proyecto “es una recuperación de derechos y de dignidad” y puso de relieve la decisión del gobierno nacional que, dijo, “es el que incluye, hace justicia y ayuda a los sectores más vulnerables”.
“Tenemos autoridad moral para defender a los trabajadores”, aseveró el diputado santacruceño.
Desde el radicalismo, el santacruceño Eduardo Costa afirmó que este proyecto llega al recinto “después de 25 años y en este tiempo los ex ypefianos no dejaron de luchar”, por eso “estamos pidiendo al gobierno que pague en término la deuda a los ex agentes y no se les baje un peso”.
Por su parte, el presidente del bloque radical, Mario Negri, dijo a los ex trabajadores de YPF que “deben aplaudirse a ustedes mismos y no a los que están sentados acá porque es la lucha de 25 años” y agregó que desde el oficialismo “no se hacen cargo de la privatización realizada en la década del 90”.
El diputado Néstor Pitrola, del Partido Obrero, aseguró que “hoy se concretó una gran victoria de la tenaz lucha de los ypefianos para cobrar sus bonos de Propiedad Participada”.
“Es para nosotros una victoria de la clase obrera a la cual ha contribuido nuestro bloque con su proyecto de ley e impulsando la reorganización de la Coordinadora de Ypefianos en todo el país”, señaló.
AMIA. La Cámara de Diputados, además, convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para otorgar una indemnización reparatoria a las víctimas del atentado contra la AMIA, en una votación unánime que contó con 197 votos a favor.
Durante el tratamiento, con discursos breves, las diferentes bancadas expresaron sus respaldos al texto definitivo, a excepción de algunos diputados, como los de la Izquierda, que, pese a apoyar, pidieron que los beneficiarios no deban renunciar a acciones judiciales para cobrar la indemnización.
Entre otros aspectos, el proyecto establece el derecho a percibir «por única vez» un «beneficio extraordinario» a «través de sus herederos o derechohabientes o por sí, según el caso, a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas» por el atentado contra la AMIA, «hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional».
La cifra que percibirán los herederos de los fallecidos será de alrededor de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo hecho por el proyecto en base a lo que cobran los agentes Nivel A, Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, al menos durante 2014, multiplicado por el coeficiente 100.
«El plazo, como también lo fue en el caso de las víctimas de la embajada, se determina según la cantidad de víctimas y heridos. En este caso será de 180 días», explicó la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tulio a través de un comunicado.
En tanto, de acuerdo al proyecto, quienes hayan sufrido lesiones gravísimas percibirán el 70 por ciento de ese monto y los heridos graves, un 60 por ciento de la cifra mencionada.
