—¿De qué se trata la carta?
—No. Es una medida que está dentro del proceso.
—¿Allí Puiggari le comunica a Ilarraz sobre el buen concepto que tiene de él?
—Sobre eso no voy a manifestarme.
—¿Monseñor Puiggari tiene que reconocer esa carta como propia?
—Verá qué medida adopta monseñor.
Poco después de las 17.30 de ayer, la jueza Susana María Paola Firpo, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2, ingresó a la curia a cumplir con un trámite que, en cualquier otra causa, es exactamente al revés: el testigo tiene que trasladarse a Tribunales. Fue para que el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, reconociera como propia una carta elogiosa que en 1993 le envió al cura Justo José Ilarraz, principal imputado en la causa que investiga la jueza por los abusos cometidos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo.
Los periodistas aguardaban el trámite para abordar a la jueza. El secretario Carlos Hugo Ríos, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y el querellante Milton Urrutia aguardaron unos minutos en las escalinatas de la Catedral, cerca de una entrada posterior de la curia, pegada a la Librería San Francisco Javier, creación de Ilarraz.
El ingreso por calle Su Santidad Francisco sólo permanece accesible en horario matutino; de tarde, esa puerta permanece cerrada. Cuando llegó, última, la jueza intentó acceder por ahí: vanamente, hizo sonar el timbre, pero nadie le abrió. Los periodistas aprovecharon para consultarla, y se produjo ese diálogo. La jueza no dio detalles, aunque ya los periodistas conocían partes sustanciales del texto que Puiggari debía reconocer como propio.
Puiggari, aunque no recordaba su contenido, la reconoció como propia. El trámite no insumió más de 15 minutos.
OTROS TIEMPOS. La carta fue escrita por Puiggari en 1993. Ese año el actual arzobispo era rector del Seminario, y por ende, superior de Ilarraz.
La investigación de la causa Ilarraz involucra a cuatro obispos: el obispo de Concepción, Tucumán, José María Rossi, superior de Ilarraz hasta septiembre de 2012, cuando fue suspendido como cura. Hasta esa provincia el cura se trasladó después que en 1996 Karlic le había impuesto la pena del destierro al encontrarlo culpable por los abusos denunciados por las víctimas, adolescentes que cursaban la secundaria como pupilos en el Seminario.
Pero también han testimoniado en la causa el cardenal Karlic, que gobernó la Iglesia de Paraná entre 1983 y 2003; el emérito Mario Luis Bautista Maulión, cuyo mandato se extendió entre 2003 y 2010; y el actual, Juan Alberto Puiggari, que asumió en marzo de 2011.
Puiggari fue rector del Seminario Nuestra Señora del Cenáculo entre 1992 y 1997, y quien de primera mano tomó conocimiento de los abusos cometidos por Ilarraz, luego de que una víctima se lo comentara a un seminarista. Pedro Barzán, actual sacerdote, que ya testimonió en la causa Ilarraz lo puso al corriente de todo. De inmediato, Puiggari se lo contó a Karlic, y éste abrió una investigación contra Ilarraz, en 1995, y al año siguiente, 1996, lo sancionó con el destierro.
Antes de todo eso, en 1993, Karlic firmó un decreto por el que autorizó a Ilarraz a dejar su función de prefecto de disciplina en el Seminario, y mudarse a Roma, a estudiar la Licenciatura en Misionología en la Universidad Urbaniana.
Cuando Puiggari supo de su renuncia, le envió aquella carta, de un llamativo tono elogioso hacia el cura.
ESA CARTA. La jueza llegó a la curia para cumplir ese solo requisito: que Puiggari reconociera como propia una carta que el defensor de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, presentó anteayer como prueba en el expediente judicial.
Después de decir que sí, que la carta era propia, pero que no recordaba haberla escrito, ni cuándo, quiso decir algunas cosas más. “No recordaba la carta, pero reconoció que era propia, y que se la había enviado a Ilarraz como consecuencia de la renuncia repentina de Ilarraz”, contó una fuente.
Pero cuando Puiggari se mostraba dispuesto a dar detalles, explicar razones de por qué había enviado esa carta, la jueza lo cortó en seco. Dijo que solamente había ido a tramitar el reconocimiento de la carta, y nada más. De modo que en 15 minutos el asunto quedó concluido.
En la carta Puiggari le cuenta a Ilarraz que siempre le dio buenas referencias de él a su superior, Karlic, que le agradecía su trabajo como administrador del Seminario en un tiempo particularmente crítico –la hiperinflación—y que bajo su administración se pudo sortear la crisis. Y que si bien en la vida diaria habían tenido diferencias entre ambos, le pedía perdón, más aún si esas diferencias le habían causado algún dolor a Ilarraz. Y además, le propuso una “despedida” de parte de los docentes y los seminaristas antes de su partida a Roma.
En opinión del defensor de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, en la carta “no hay ninguna contradicción” respecto de lo que ya testimonió el arzobispo en la causa.
En tanto, la jueza dijo que el trámite cumplido ayer no modifica en nada el plazo de diez días corridos “ordenatorios” para resolver respecto de la situación procesal del cura.
—¿Esto modifica los plazos de resolución que tenía? –preguntó EL DIARIO.
—No, no. son plazos ordenatorios. Dentro de los diez días. Pero ustedes vieron lo que es el volumen del expediente.
—¿Se van a presentar más cartas, más documental?
—Eso no lo sé. No sé qué harán las partes. No hago futurología.
—¿A la situación procesal la va a definir después de la feria?
—No sé, estoy trabajando en eso.
Un trato preferencial
El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, convocado a testimoniar en la causa Ilarraz, pidió ampararse en las prerrogativas contenidas en el artículo 250º del Código Procesal Penal, que prevé los casos de “tratamiento especial”, categoría que exime de la obligación de comparecer personalmente en la Justicia.
Entre éstos, están el presidente y vicepresidente de la Nación; los ministros nacionales; gobernadores y vicegobernadores; ministros provinciales; legisladores nacionales; miembros de la Justicia; militares; diplomáticos; cónsules generales; oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; los “altos dignatarios” de la Iglesia; los intendentes municipales y los rectores de las universidades oficiales. Cada uno de ellos, dice el Código, “podrán renunciar al tratamiento precedente. Si no lo hacen, optarán por declarar en su residencia oficial o por informe escrito, dejando constancia en este último que deponen bajo juramento o promesa de decir verdad; no pudiendo, en el primer caso, ser interrogados directamente por las partes ni por los defensores o mandatarios”.
Puiggari, al igual que Karlic y Maulión, prefirió testimoniar por escrito, y la jueza entendió que el trámite de ayer también debía hacerse mediante esa mecánica: que Puiggari no concurra a Tribunales sino la jueza mudarse a la curia, para presentar las pruebas para su reconocimiento. Eso explicó la magistrada a la prensa. “En virtud del artículo 250º del Código Procesal Penal, al haber optado en su momento por testimoniar bajo esta forma, es por eso que al pedir la defensa un reconocimiento de una documental, por ese motivo me constituí”, justificó la magistrada.
—¿Por qué no en el juzgado? –insistió EL DIARIO.
—Simplemente porque ya estaba la medida procesal dispuesta dentro del proceso, que él había optado, al igual que otras personas, de acogerse a los beneficios del tratamiento especial previsto en el artículo 250º.
Fuente: El Diario
