Entre Ríos busca que la Nación reconozca la deuda con la Caja

Una reunión programada con jubilados y pensionados de la provincia de Entre Ríos fue el ámbito donde el ministro de Hacienda y Economía formuló anuncios y brindó algunos números que ayudaran a entender el contexto.
La convocatoria gestionada por la Federación de jubilados y pensionados de Entre Ríos, el Centro Jubilados y Pensionados de ATE y de Agmer se había originado en torno a dos temas sobre los que las entidades querían que sus representados tuvieran respuestas directas del funcionario: el cronograma de pagos y la derogación del decreto 4.940, que habilita extender las fechas para abonar sueldos y pasividades hasta el 20 de cada mes. (Ver recuadro).
Ambas inquietudes fueron contestadas por el ministro que además, en un clima de respeto, accedió a responder otras inquietudes que fueron presentando los asistentes al encuentro en el que se sumó también, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta.
LA CAJA. “Con el tema de la Caja de Jubilaciones hay que ser muy cuidadoso, sobre todo en el sector activo, porque se empiezan a ver fantasmas”, manifestó Ballay al responder sobre el déficit en el organismo previsional de Entre Ríos.
Reconoció la preocupación que genera en los activos y pasivos el tema, “la misma preocupación que tenemos nosotros”, dijo Ballay. Precisó que el déficit de la Caja asciende a 1.200 millones de pesos anuales antes de señalar que desde hace cuatro años es asumido por rentas de la provincia. “Hoy el déficit previsional, y en los últimos cuatro años, está soportado por rentas generales del gobierno provincial”, afirmó. Pasó luego a explicar que hasta el año 2011, el gobierno nacional acompañó a la provincia para cubrir parte de ese déficit, alrededor de un 60%. Avanzó algo más en la explicación para que se entendiera de dónde surgía ese porcentaje, por qué no llegaba a cubrir el total del déficit.
Ocurre que el gobierno nacional entendía que parte de ese déficit era por la diferencia entre los sistemas previsionales, la edad, el cálculo del 82% móvil, entre otros aspectos. Entonces, se hacía cargo de lo que resultaba hasta lo equiparable con el sistema nacional. “De lo de ustedes, háganse cargo ustedes”, fue la expresión gráfica que utilizó el ministro para dar a entender cuál era el análisis que de la situación hizo Nación hasta la primera gestión de Cristina Kirchner. “Nos acompañaba aproximadamente con el 60% del déficit. De 2011 a la fecha no recibimos más aportes”, aseguró antes de pasar al presente.
Ballay informó que con el actual gobierno nacional, Entre Ríos ya tiene reclamos administrativos y presentó un convenio de reconocimiento de esa deuda, aunque sin arriesgar cuándo podría solucionarse. “Hemos aportado un modelo de convenio para firmar con Anses o con el gobierno nacional –de acuerdo a lo que ellos entiendan– de reconocimiento de esa deuda”, anticipó.
DE NÚMEROS. Una breve intervención del ministro en otro momento del encuentro sirvió para describir el marco en el que se procura “recuperar los recursos que nos corresponden como provincia”, la restitución del 15% de fondos coparticipables que reiteradamente ha planteado el gobernador Bordet desde que asumió.
“De cada 100 pesos que el gobierno recibe de libre disponibilidad, o sea que no están afectados a ningún fin específico, 75 es para atender los temas de personal –sueldos, cargas sociales–; el 15% se coparticipa a los municipios, el 9% es el déficit de la Caja de previsión, nos queda un mínimo para funcionamiento, hospitales, escuelas”. Del detalle concluyó: “queda un margen muy reducido”, por lo que “se debe ir a recuperar los recursos que nos corresponden”.
Una de las asistentes al encuentro, en buen tono, esbozó la idea de que funcionarios y legisladores, solidariamente podrían hacer algún aporte de sus ingresos frente al panorama que mostraba el ministro y en el marco del armado del cronograma de pagos. Fue el disparador para que explicara lo que representan los haberse de los funcionarios en la masa salarial total. Puntualizó que la provincia necesita todos los meses para pagar activos y pasivos –sueldos de bolsillo– 1.750 millones de pesos, del 1 al 12 de cada mes. “Los funcionarios de los tres poderes implican 53 millones de pesos, entonces puede ser un gesto, pero el cronograma no se va a modificar (en orden a la propuesta que habían formulado). No defiendo a nadie pero quiero ser claro”, sentenció.

Consejo provincial de adultos
La ministra de Desarrollo Social también participó del encuentro para poder responder inquietudes referidas a las políticas de la provincia para los adultos mayores.
La intervención de la Lic. Laura Stratta fue breve y básicamente estuvo destinada a recordar que existe en el ámbito de esa cartera el Consejo provincial de adultos mayores y anunciar que será convocado a fines de marzo.
También comunicó la decisión oficial de crear el Consejo de políticas sociales al que este sector, a través de sus representaciones, será convocado.
En términos generales no se abordaron problemáticas puntuales ya que la idea es que cuando el Consejo de Adultos Mayores se reúna el mes que viene, se pueda armar una agenda de trabajo que exceda lo salarial.

Nuevo cronograma
Lo que había sido asumido por los jubilados y pensionados como un claro acto de discriminación fue definido por el ministro de Economía como una “equivocación” que pudo ser revertida porque “reaccionamos a tiempo”. La referencia fue al armado del cronograma de pago de los haberes de enero que había dejado para los últimos días a los pasivos. “Nos equivocamos y como la caja lo permitió pudimos revertirlo y anticipamos” los pagos.
El fuerte reclamo de los afectados en los primeros días de febrero generó el diseño de un nuevo cronograma que equipara a activos y pasivos en función del monto líquido de bolsillo que perciba.
Nueve son los tramos conformados para los haberes de febrero en un cronograma que se extenderá hasta el 12 de marzo, aunque el objetivo es hacia el futuro, lograr que no sobrepase el 10 de cada mes, anunció.
El cronograma para haberes de febrero “es perfectible y estamos dispuestos a corregirlo si fuese necesario”, anticipó el funcionario.
En cuanto a la derogación del decreto 4.940, “este cronograma es la mejor demostración de que no lo estamos aplicando”. No obstante, informó que se está analizando pro y contra de su derogación o modificación ya que regula otros aspectos relativos al funcionamiento de la administración pública.