El oficialismo buscará este miércoles aprobar en el Senado el proyecto que deroga las leyes de cerrojo y pago soberano, permitiendo al gobierno nacional cerrar un acuerdo con los denominados fondos buitre, en una sesión en la que intentará llegar a los dos tercios de respaldo para refrendar un triunfo político en la Cámara alta.
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Para ello, el oficialismo contará con el respaldo de buena parte de los 39 senadores que integran el bloque PJ-FPV, además de aliados, alineados con los gobernadores peronistas.La sesión especial fue pedida por el oficialismo para mañana a las 10.30, y los cálculos más optimistas hablan de doce horas de debate.
Fuentes de Cambiemos indicaron que el objetivo es alcanzar los dos tercios (necesita 48 votos si están sentados los 72 senadores) para convertir la aprobación en una victoria política, aunque desde el punto de vista parlamentario no es necesario ese número dado que la ley se aprueba por mayoría simple.
Fuentes oficialistas y opositoras coinciden en que el proyecto «será aprobado sin inconvenientes» más allá de los votos a favor, en tanto las posiciones contrarias oscilan entre 19 y 21 senadores (19 kirchneristas, más Fernando «Pino» Solanas y la representante de la Coalición Cívica-ARI Magdalena Odarda, quien se anunció enferma).
En duda estaban los votos de los peronistas anti-K puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, quienes durante el proceso de debate tuvieron posturas zigzagueantes, mientras que el gobernador Alberto Rodríguez Saá se expresó en contra del acuerdo con los holdouts en una de las audiencias realizadas por las comisiones de Presupuesto y de Economía del Senado.
Oficialistas y opositores coincidieron en subrayar que el oficialismo aprobaría el dictamen sin cambios, ya que ningún sector opositor tendría previsto rechazar el texto cuando se vote el articulado en particular.
La no modificación implica que el proyecto se convierta en ley y no vuelva a la Cámara de Diputados si alguno de los artículos es modificado, lo cual retrasaría un eventual acuerdo con los holdouts según los tiempos que plantea el gobierno nacional.
Una vez aprobada la ley y publicada en el Boletín Oficial -sería la primera desde la asunción de Mauricio Macri como presidente- comenzará una intensa tarea contra reloj, tanto para la colocación de bonos con opciones a 5, 10 y 30 años para obtener los 11.500 millones de dólares para cancelar el litigio en efectivo, como para sobrellevar los inconvenientes que podrían derivar de una audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York para el 13 de abril, 24 horas antes del plazo de pago.
Desde el Ministerio de Hacienda se minimizó el alcance de la audiencia, que consideran una formalidad, al tiempo que aseguraron que la fecha del 14 de abril puede ser modificada de común acuerdo entre las partes.
Fuentes del oficialismo destacaron que una vez que se resuelva el pago a los holdouts finalizará lo que denominan la «etapa financiera» y que a partir de entonces se encararán otros aspectos económicos, como la promoción de inversiones extranjeras, la exención del IVA a productos de la canasta familiar y el debate por modificaciones en el impuesto a las Ganancias en el Congreso.
