El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a una pareja que tenía un kiosco de venta de drogas en su casa, en el barrio Las Flores de la capital entrerriana.
Dos veces fue allanada la casa de calle Burmeister, donde vivían Nilda Raquel Luna y Mario Gustavo Herlein: en ambas ocasiones voces anónimas denunciaron por teléfono que allí funcionaba un puesto de venta de drogas. Tareas de vigilancia e inteligencia corroboraron las sospechas. El cuadro era calcado: los policías constataron el desfile constante de personas, que llegaban hasta la vivienda, golpeaban a una puerta de chapa y eran atendidos por una mujer a través de una ventana. Con ella hacían los pasamanos, como se denomina a los intercambios de drogas por dinero.
En el primer allanamiento, el 5 de julio de 2013, se incautaron 152 envoltorios que contenían cocaína, recortes de nylon, anotaciones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
La mujer fue detenida, pero luego recibió el beneficio del arresto domiciliario y reinstaló el negocio. Así, la escena se repitió el 22 de agosto de 2014, cuando los policías volvieron a la casa de calle Burmeister y esa vez encontraron 19 envoltorios de nylon que contenían cocaína, algunos paquetes con marihuana, tres teléfonos celulares y dinero. Esta vez se llevaron también a Herlein, un empleado municipal.
CONFESIÓN DE PARTE. El tribunal homologó ayer el acuerdo para el juicio abreviado, en el que ambos admitieron su responsabilidad y acordaron las penas. Luna fue condenada como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y recibió una pena de cuatro años de prisión y se le impuso una multa de 2.500 pesos, aunque podrá pasar varias horas del día en su casa para atender a su hijo menor de edad; mientras que Herlein, su pareja, fue condenado a dos años de prisión condicional y el pago de una multa de 1.000 pesos.
Para el tribunal, Luna era quien vendía drogas al menudeo y “tenía un dominio absoluto del hecho”, mientras que Herlein “tenía solamente un rol de colaboración”.
El contexto donde funcionaba el kiosco de droga era el populoso barrio Las Flores, donde viven alrededor de 3.000 vecinos, en su mayoría de condición humilde, a un costado del arroyo Antoñico. Se trata de una zona donde las calles se vuelven intransitables los días de lluvias, que en esa época ni siquiera tenía conexión a la red cloacal y con necesidades de toda índole. Allí, la Policía Federal, mediante tareas de inteligencia, constató que una gran cantidad de personas concurría a la casa a diario, a distintas horas y por distintos medios, para adquirir cocaína o marihuana.
En ese sentido, los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros destacaron “las exhaustivas tareas de inteligencia” realizadas por la Policía Federal que permitieron desbaratar el kiosco de drogas que la mujer regenteaba en el barrio Las Flores, y aseveraron que la mujer “tenía en su poder y bajo su esfera de custodia gran cantidad de estupefaciente, los cuales de acuerdo a la manera en que la sustancia ilícita se encontraba preparada (‘envoltorios’), dan cuenta que estaban acondicionadas para ser colocadas inmediatamente en la red de comercialización”.
