
Mediante esa apelación, la defensa intentaba impugnar la decisión de la Sala II de la Cámara Federal que a su vez había ratificado el fallo del juez Sebastián Casanello, que dejó preso a Baez.
Casanello había rechazado el pedido de excarcelación de Baez debido al poder económico que tiene el empresario, lo que le hace pensar que tiene posibilidad de darse a la fuga.
A Baez también se le imputan delitos presuntamente cometidos al amparo de las estructuras de poder en torno al Estado, recordó Casación.
El empresario está procesado por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado Nacional.