El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, dijo que “se viene trabajando de manera sólida y contundente en cuanto a la recopilación de evidencias” en la causa en que se investiga la privación de la libertad de dos personas en el convento de carmelitas descalzas de Nogoyá, y reconoció que “hubiera esperado una actitud diferente, más colaborativa de parte de las autoridades eclesiásticas” porque “hubiera facilitado el trabajo”.
Aclaró que “como fiscales no estamos investigando ni cuestionando cosas de fe sino que vamos a hechos concretos que iniciaron la investigación de oficio, lo que fue luego fue ratificado por dos personas con su denuncia” y aseveró que “no se está poniendo en duda de ninguna manera la libertad de culto”.
Sobre la jurisdicción de la Justicia sobre el convento, lo que fue puesto en duda por el arzobispo Alberto Puiggari dando a entender que se trata de una embajada de la Santa Sede, el fiscal explicó que “no hay en la legislación procesal ninguna cuestión a tener en cuenta a la hora de tratarse de un convento, es un lugar habitado como cualquier otra casa”.
“Se trata de un domicilio común en Nogoyá, figura en catastro como un lugar común, está exento de impuesto pero paga la luz como cualquier otro vecino y por lo tanto era absolutamente procedente” realizar el allanamiento, señaló. Y agregó que “está demás acreditado que está habitado porque surge de la publicación” y valoró que “no es una publicación cualquiera, sino que obedece a una investigación que llevo un par de años, que es de carácter serio y daba un grado de credibilidad que ameritaba la medida”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Uriburu aseguró que “procesalmente hablando se viene trabajando de manera sólida y contundente en cuanto a la recopilación de evidencias. En lo que hace a lo personal hubiera esperado una actitud diferente, más colaborativa de parte de las autoridades eclesiásticas”.
Al respecto, consideró que “hubiera facilitado más el trabajo inicial, haber adoptado otra actitud” y explicó que “la reserva que se adoptó” respecto de la causa “tuvo como base las manifestaciones que tendían a confundir las situaciones”. En ese sentido, aclaró: “Una de las cosas que quiero dejar en claro es que como fiscales no estamos investigando ni cuestionando cosas de fe sino que vamos a hechos concretos que iniciaron la investigación de oficio lo que fue luego fue ratificado por dos personas que pidieron la intervención del Estado en esas cuestiones”.
“Hubiera esperado otra actitud más colaborativa, porque en lo penal los hechos imputados no es lo que salió en el medio periodístico sino que se imputan hechos concretos que están basados en esa publicación. La publicación fue lo que le dio el puntapié a esta investigación pero en lo concreto es otra cosa lo que se imputa, no algunas prácticas que son aceptadas dentro de la comunidad”, explicitó.
Uriburu afirmó que “no se está poniendo en duda de ninguna manera la libertad de culto, el objeto de la investigación son los hechos concretos de dos personas que manifestaron su intención de retirarse de la institución y no les fue aceptada; en el caso de una persona durante varios años y en el otro caso durante varios meses hasta que ella tuvo que escaparse”.
Sobre la jurisdicción de la justicia sobre el convento, indicó que “fue lo que más se estudió en el inicio, y más allá de que teníamos un tiempo relativamente corto desde que se salió la noticia hasta que se solicitó el allanamiento, se tuvo en cuenta que no hay en la legislación procesal ninguna cuestión a tener en cuenta a la hora de tratarse de un convento, porque es un lugar habitado como cualquier otra casa”.
Agregó que “está por demás acreditado que está habitado porque surge de la publicación, que no es una publicación cualquiera, sino que obedece a una investigación que llevó un par de años, que es de carácter serio y daba un grado de credibilidad que ameritaba la medida, y eso es un fundamento que se tuvo en cuenta a la hora de pedir la orden al juez”.
Señaló que “además se trata de un domicilio común en Nogoyá, figura en catastro como un domicilio común, está exento de impuesto pero paga la luz como cualquier otro vecino, y está habitado. El código procesal prevé un tratamiento distinto a locales no habitados por si se trata de un algún recinto de la Legislatura, pero en este caso no se da eso y por lo tanto era absolutamente procedente” la medida.
Y también mencionó que “en comparación con el caso Ilarraz donde tampoco se considera que el padre está exento de la jurisdicción provincial porque los hechos fueron cometidos dentro del Seminario”.
Informó que “no hubo presentaciones al respecto pero se adelantó la posibilidad y hasta se escuchó mediáticamente que haya un planteo de incompetencia” y refirió: “No sé adónde pretenden llevar el tratamiento de la causa porque hasta el momento no hay en concreto un planteo de un fuero diferente ni cuál sería”.
Por último, aclaró que “hoy por hoy el foco está puesto en recibir testimoniales a las personas cercanas a quienes formularon la denuncia, incluso hay manifestaciones de otras personas que quieren acercarse a sede judicial para hacer referencia a circunstancias que hacen a lo mencionado en la nota periodística. A lo que apunta el procurador es que en estos días estamos abocados a la tarea probatoria en cuanto a las denunciantes y su entorno”.
Fuente: El Diario
