Vamos a estar estableciendo el cuadro tarifario consecuencia de esta audiencia pública los primeros días de octubre y, obviamente, antes de hacerlo vamos a estar comunicando a todos los medios de prensa las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos”, destacó Aranguren durante una conferencia de prensa, al término de la tercera jornada de Audiencia desarrollada en la Usina del Arte, en el porteño barrio de La Boca.
Aranguren cumplió este domingo el mandato de la Corte al finalizar la Audiencia Pública nacional sobre el aumento de la tarifa de gas y, tras analizar las exposiciones que se desplegaron en tres jornadas, dará a conocer en los primeros días de octubre el nuevo cuadro tarifario para el consumo de gas.
El ministro, que estuvo presente durante la audiencia pública nacional durante las tres jornadas (viernes, sábado y domingo), destacó que “con lo que acá hemos escuchado, tenemos la obligación de producir un informe, para que se reflejen todas las voces dentro de los próximos 10 días y, una vez producido ese informe, dentro de los 30 días, tenemos que estar emitiendo el informe definitivo que será la base para las decisiones de política tarifaria que se van a tomar a partir de esta audiencia pública”.
“Todo lo que se ha hablado se va a considerar, no solamente del sector residencial sino también del sector comercial y el acceso de gas natural para pymes y gas natural comprimido, lo tendremos en cuenta para la definición de los cuadros finales que van a estar en los primeros días de octubre”, definió Aranguren.
El ministro explicó que la propuesta original apunta a una suba promedio será del 203%, lo que arroja para el 56% de los consumos residenciales un valor de $ 106 por mes, antes de impuestos.
A lo largo de los tres días de Audiencia Pública “no hemos visto muchas opiniones en contra con respecto (al aumento para) el sector residencial en función de que nosotros hemos mostrado una realidad, que es que aquel 40% que no tiene acceso a la red, en vez de estar pagando $106 pesos, paga $300 por mes”, para adquirir una garrafa.
Aranguren ratificó el compromiso expresado por el Gobierno de “continuar por un sendero que permita ir de a poco reduciendo la diferencia entre costos y tarifa y tener en cuenta también que la necesidad de ese gradualismo que estamos implementando sea en función de poder dar energía a todos los argentinos”.
Tarifa diferencial. Consultado sobre la situación de los clubes de barrio, que también piden una tarifa diferencial, Aranguren recordó que “faltan reglamentar dos leyes que fueron promulgadas a fines del año pasado”, la Ley de Entidades de Bien Público y la de Clubes de Barrio, “y como parte de haberlos escuchados en estas audiencias, vamos a estar reglamentando ambas leyes”.
Al ser consultado sobre las quejas de las organizaciones de defensa de los consumidores, sobre las dificultades para aplicar la “Tarifa Social”, Aranguren adelantó que este martes “nos estamos reuniendo, para asegurarnos de que (este beneficio) llegue a todos los que lo necesitan y no a los que no los necesitan, porque es la manera de poder ir administrando los recursos de la mejor manera posible”.
El ministro destacó que “otra realidad” a tener en cuenta es la de las pequeñas y medianas empresas, “que si bien no fue el motivo del fallo de la Corte Suprema, nosotros reconocemos que hay casos en los cuales tenemos que reformular las decisiones que hemos tomado, sobre la base de las presentaciones que han hecho CAME y otras asociaciones de pymes”.
La audiencia pública, con numerosas ausencias
La conferencia de prensa de Aranguren tuvo lugar tras la última sesión de la Audiencia Pública, que duró una hora y treinta minutos- comenzó 9.15 y concluyó a las 10.45 ante la inasistencia- y que tuvo trece oradores en un auditorio con poca asistencia en la Usina del Arte.
Así, concluyó la instancia de participación ciudadana en la que se habían anotado unos 420 oradores pero se ausentaron 100, entre ellos los dirigentes de la CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.
Hubo ausencia total de oradores en Mendoza, La Pampa, Paraná, Córdoba y Neuquén. Hablaron desde el interior del país, Jorgelina Signa, concejal del Partido Obrero de la ciudad Capitán Bermúdez de Santa Fe, Fernando Germani, delegado de ATE de Ushuaia; y, desde la ciudad de Salta, los vecinos César Curtare y Hugo Farfán.
El moderador Javier Corcuera hizo lectura de la lista de cien oradores que estuvieron ausentes, para descartar que se encontraran en la sala, entre los que se destacaron los dirigentes de CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la dirigente del MST-Nueva Izquierda Vilma Ripoll; y el diputado socialista Rubén Giustiniani. También se ausentaron Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el secretario gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza; el defensor del Pueblo de Jujuy, Ricardo Pierazzoli; y Jonatan Bogado “que salió en el diario diciendo que quería ser el último y no vino”, observó Corcuera. Estaba prevista también la participación de representantes del municipio de Malvinas Argentinas, Escobar, Merlo, Marcos Paz, Moreno, Castelli, Berazategui y Ramallo, que no se hicieron presentes.
En tanto, de las organizaciones empresarias fueron funcionarios de tercera línea pero no los dirigentes reconocibles públicamente. Por la Unión Industrial Argentina (UIA) participó el jefe del Departamento de Infraestructura, Alberto Calsiano, pero no asistió Adrián Kaufmann Brea, titular de la entidad.
A su vez, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió a Ignacio de Jáuregui, un técnico a cargo de la Secretaría de Asuntos Legales, Laborales y Sociales, pero no asistieron las figuras más representativas como Osvaldo Cornide o Vicente Lourenzo.
