La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió una investigación a partir de la denuncia que presentó un grupo de abogados contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak.
La titular del alto cuerpo fue denunciada por mal desempeño: se le cuestionan los viajes que habría realizado por cuenta del Poder Judicial, una supuesta falta de control en el otorgamiento y rendición de viáticos, la participación en sociedades comerciales, la percepción de “sobresueldos” y la manipulación de votos en la acción de inconstitucionalidad respecto de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento sesionó durante varias horas, por la mañana y por la tarde, hasta resolver las medidas de prueba en la investigación.
Se solicitaron informes y se libraron oficios a distintos organismos para que envíen información. Específicamente, se pidió al STJ datos sobre las ausencias de Mizawak desde 2010, los viáticos que percibió, la cantidad de sentencias de amparo que firmó o dejó de firmar y los recibos de haberes y liquidaciones por todo concepto de la magistrada. Sobre este último punto, y también sobre la asignación de los denominados “gastos de representación”, se pidieron informes al Tribunal de Cuentas.
Además, los diputados Diego Lara, Juan Navarro y Esteban Vitor llevarán oficios a la Inspección General de Justicia (IGJ) para tratar de determinar si Mizawak o familiares suyos integraban empresas que fueran proveedoras del Estado o estuvieran vinculadas de alguna manera al ex gobernador Sergio Urribarri.
En la denuncia se le atribuye a la presidenta del STJ haber formado parte de una empresa constructora hasta nueve meses después de haber sido designada, lo que sería incompatible, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Comisión investigadora. Tras habilitar la investigación y solicitar una batería de medidas, la comisión le correrá traslado de la denuncia a la presidenta del STJ.
“Se resolvió disponer la admisibilidad de la denuncia, la apertura de la investigación y se van a producir una serie de medidas que tienen que ver con pruebas informativas u oficios, por ejemplo, a la Inspección General de Justicia (IG) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó el presidente de la comisión, Diego Lara (Frente para la Victoria), al término de la reunión.
El diputado oficialista señaló, en diálogo con la agencia APF, que “se le otorgará a Mizawak un plazo para que haga su defensa, independientemente de que ya lo hizo con esa presentación espontánea”, pero aclaró que los integrantes de la comisión consideraron que “se le otorgarán seis días para que pueda ampliar su descargo y que manifieste si desea ser escuchada por la comisión, para lo cual se fijará una fecha y hora para que asista y pueda ejercer el derecho de defensa”.
Descargo. Según trascendió, la presentación espontánea que realizó Mizawak tiene los mismos argumentos vertidos públicamente. Sobre las sociedades comerciales, dijo que la empresa que tuvo con su marido “no configura incompatibilidad alguna conforme a la legislación vigente” y que no tuvo ni tiene, y tampoco miembros de su familia, una sociedad con el ex gobernador Sergio Urribarri”.
También negó que existan “sobresueldos” para los vocales del STJ, dijo que durante la presidencia de Leonor Pañeda se incluyó en el presupuesto del Poder Judicial una partida para gastos de representación y protocolo, pero que “no hay fondos secretos, ocultos o ilegales” y que “no son parte del salario”.
En su intercambio con la prensa, Mizawak rechazó la “supuesta manipulación” de la acción de inconstitucionalidad respecto de la designación de Guillermo Smaldone, algo que sugirió el vocal Carlos Chiara Díaz en su descargo ante la Comisión de Juicio Político. Replicó que “con inconfesables propósitos (Chiara Díaz) confunde a los denunciantes y a la sociedad toda”.
Los que investigan
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento está integrada por Diego Lara (presidente), Juan José Bahillo, Rosario Romero, Pedro Báez, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán, Ángel Vázquez, por Frente para la Victoria; Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador. La comisión tiene un plazo de treinta días, a partir del 13 de diciembre, para emitir un dictamen, que luego será tratado por el pleno de la Cámara de Diputados.
