La Cámara de Senadores se reunirá hoy a las 10 como Corte de Justicia para continuar con el trámite del Juicio Político que se le sustancia a Carlos Chiara Díaz. La semana anterior el Poder Ejecutivo envió para su consideración el decreto Nº 75, que acepta la renuncia del ahora exvocal a su cargo en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y el mismo deberá ser analizado por el plenario de jueces.
“Se notifica oficialmente el Senado –constituido en Corte- del decreto del gobernador, la notificación que tuvo el doctor Chiara Díaz del decreto, por lo tanto el juicio queda abstracto. Al no ser más vocal del Superior Tribunal no se lo puede juzgar. Queda abstracto el juicio político tras la renuncia, entonces se cierra el proceso”, dijo a EL DIARIO el presidente de la Corte, el senador Aldo Ballestena.
Concretamente, hoy se dictará una resolución con carácter de sentencia en la cual se dispone el final del juicio político, teniendo en cuenta que el objetivo de ese proceso era destituir al funcionario en ejercicio de la función o reinstaurarlo en el cargo. Cuando ya no cumple la función no se puede avanzar con una cosa u otra. O sea que hoy se convocará el pleno y la decisión tendrá que ser adoptada por mayoría, lo que se descarta que así ocurrirá.
“No hay otra alternativa teniendo en cuenta que en este caso no se juzga la culpabilidad o inocencia; eso no corresponde al pleno que conforman los senadores de la provincia”, dijo el abogado Ladislao Uzín Olleros, cuyo asesoramiento técnico jurídico contrató el Senado para este caso. El Ejecutivo comunica oficialmente al Senado que lo adopta y como dispone la Constitución de la provincia, emite las comunicaciones de práctica al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, a la acusación, al acusado y a la defensa, y manda publicar de inmediato dicho resolutorio definitivo tal como lo dispone el art. 154 de la Constitución de la Provincia, lo cual se verificará en el Boletín Oficial y medios de prensa.
La cuestión de fondo no quedará dilucidada, planteó esta Hoja. En ese sentido, el abogado agregó: “Es más, el Senado no puede en este momento ahondar en la cuestión de fondo porque incurriría en abuso de poder. El Senado solamente tiene dos posibilidades o destituye o rechaza la imputación y reinstala en el cargo. Acá no había términos medios. Este es un juicio político y la Constitución establece que los senadores tienen que votar conforme a su conciencia. Llegado el caso de la instancia tendrían que haber votado por destituir o no y haber fundamentado de acuerdo a su conciencia por qué lo hacían en un sentido u otro”.
En principio, la documental y testimoniales se archivarán, lo cual no impide –advirtió Uzín Olleros- que si de la prueba en el trámite del juicio, pudiera emerger algún ilícito penal, perseguible por la Justicia ordinaria, la Justicia ordinaria pide esos testimonios y si encuentra que hay mérito tramitará una causa pero ya es causa judicial, no política.
¿Quién estaría legitimado para formalizar tal presentación?, fue otra consulta. “El Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción pública, es el que resguarda el interés de la sociedad”, afirmó Uzín Olleros, sin excluir a cualquier ciudadano basado en el principio de peticionar a las autoridades. “Puede solicitar los elementos que considere pertinentes si cree que con eso hay suficiente para conformar una causa judicial; puede hacer una presentación fundamentándola, aportando pruebas”, acotó.
Balance. “Llevamos adelante con todas las responsabilidades y la organización que se merece este proceso que es histórico e inédito en la provincia. Se hicieron todas las instancias y cuando estábamos en el proceso de escuchar a todos los testigos fuimos notificados de la renuncia del Dr. Chiara Díaz”, empezó señalando Ballestena cuando se le pidió una evaluación de este proceso iniciado hace unos tres meses.
El senador de La Paz, que preside el cuerpo constituido en Corte sostuvo que “quedó más que demostrado que las instituciones ante este caso de tanta relevancia actuaron con el debido respeto y compromiso, tanto la Cámara de Diputados en su rol acusador como el Senado, convertido en Corte”.
Compartió que frente a la sociedad queda la denuncia sin esclarecerse pero insistió con que “nosotros en lo que nos compete, no tenemos otra instancia ni otro elemento para aplicar. Estábamos evaluando por mal desempeño de sus funciones”.
A futuro, señaló que seguramente “después de este juicio político, se va a legislar en varias cuestiones con las que nos encontramos cuando empezamos. Si bien es cierto que tenemos la Constitución como ley madre, no había reglamento –recordó-, y sobre los tiempos lo fuimos armando en base a poner a consideración con todos los miembros de la Corte”. Esta situación “seguramente conducirá a la elaboración de algunos proyectos de ley para ir subsanando todo esto y que quede plasmado para en un futuro, -ojalá que no sea necesario-, leyes reglamentando la institución del juicio político”.
Respecto a la información ventilada con relación al Poder Judicial, se limitó a recordar que ese Poder “ha dictado algunas resoluciones a través de sus acordadas a principio de año, apuntando a mejorar lo que ha sucedido. Así que sirvió para mucho”, concluyó el legislador.
Efectivamente, como se hizo evidente a propósito de esta situación, si bien la Constitución de la Provincia en su última reforma había incorporado el juicio político como un mandato constitucional, nunca fue reglamentado el procedimiento para llevarlo a cabo, por lo tanto, al promoverse por la Cámara de Diputados el pedido correspondiente, el Senado debió elaborar un reglamento para tramitarlo, en el cual se observen básicamente el debido proceso y el derecho de defensa. “Eso se aprobó por la totalidad de los senadores que en este caso tienen carácter de jueces, se notificó a las partes para que estuvieran en conocimiento del procedimiento, y con eso se tramitó el juicio político. En adelante, la idea es que por iniciativa del gobernador o de alguna de las cámaras se elabore un proyecto de ley por el cual esté debidamente reglamentado con un procedimiento propio”, explicó el profesional en su función de asesor técnico jurídico.
Para destacar
Primer caso
El primer caso de juicio político que llega a esta instancia en la provincia es el que hoy se cerrará contra el exvocal del STJ Carlos Chiara Díaz. Uzín Olleros aportó: “Se cree que a fines del siglo XIX hubo uno contra un vicegobernador, pero no hay noticia fehaciente de eso. Juicio político que pasó de la Cámara de Diputados al Senado, y el Senado lo aceptó y lo llevó adelante constituido en Corte de Justicia es el primer caso en la provincia”.
Reemplazo o cambios
El otro interrogante que se abre es lo que sucederá en el Superior Tribunal de Justicia. Dentro de un plazo de 30 días, el Gobernador debería proponer un reemplazante y en caso que eso no ocurra, el Poder Judicial tiene que nombrar un vocal interino para integrar el cuerpo.
Otra alternativa es la que considera que contando con los tribunales de casación que son los que revisan las sentencias, no tiene sentido tener salas en el Superior, y en ese marco se podría volver a un tribunal con cinco o siete miembros que votara en pleno. En tal caso habría que modificar la ley orgánica de los tribunales. “Ahora hay una inquietud motivada por todo esto que implica reducir la composición del Superior Tribunal. Se verá quién tiene la iniciativa en este sentido, si se reúnen los poderes para definirlo, o alguno toma la iniciativa y la comunica a los demás, pero en principio el Ejecutivo puede postular un reemplazante, pasado el plazo nombrarse un interino”, dijo Uzín Olleros sin descartar la reducción de los integrantes del STJ.
Cabe señalar que ahora, al quedar una sala acéfala, para un fallo tiene que integrarse con un miembro de las otras salas, un subrogante.
