El Tribunal Oral Federal de Paraná dará a conocer hoy el veredicto en el juicio contra el productor publicitario Gustavo Darío Alfonzo, para quien el fiscal pidió una condena de 12 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual.
Antes, el publicista tendrá la posibilidad de decir las últimas palabras al tribunal.
Los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros también deberán resolver sobre el pedido efectuado por el fiscal José Ignacio Candioti para remitir copias de las pruebas producidas en el juicio que se amplíe la investigación respecto a otras personas que formarían parte de la red de prostitución vip que integraba Alfonzo y también sobre otras posibles víctimas.
Alfonzo está acusado por el delito de trata de personas, en la modalidad de captación, recepción y traslado de una menor de edad, con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por haberse consumado la explotación.
En su alegato, el fiscal José Ignacio Candioti pidió que Alfonzo sea condenado a 12 años de prisión; mientras que el querellante Daniel Cedro, que representa a la familia de la víctima, solicitó que el publicista reciba una condena de 13 años de cárcel.
En tanto, el defensor oficial Mario Franchi planteó la nulidad de la pericia sobre los teléfonos celulares de Alfonzo, donde se exhiben las negociaciones con clientes a los que les enviaba mujeres para que se prostituyeran por dinero; también expuso lo que consideró «contradicciones» de los testimonios de cargo, principalmente, de la víctima y de su madre y pidió que el publicista sea absuelto.
Alfonzo se encuentra bajo arresto domiciliario por problemas de salud y ese es otro punto sobre el que tendrá que resolver el tribunal. Para el caso de que sea condenado, el querellante Cedro solicitó que se le revoque el beneficio y que sea derivado a una unidad penal, dado que podría fugarse y hasta huir del país, según lo planteó en el alegato.
En cambio, el fiscal Candioti pidió que el publicista sea sometido a exámenes médicos para determinar si el problema de diabetes que padece efectivamente le impide cumplir la pena en una cárcel común, ya que se encuentra bajo arresto domiciliario.
