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A 40 años del crimen de Rucci, buscan activar la causa judicial

El país vivía tiempos difíciles. Era una época de violencia cotidiana. Las noticias abundaban en episodios relacionados con la muerte. Sin embargo, atrás había quedado la «primavera camporista», gobernaba en forma interina Raúl Lastiri y Juan Domingo Perón había obtenido un contundente triunfo -más del 61% de los votos- al ser elegido presidente por tercera vez en la historia el 23 de septiembre de 1973.

La mayoría de los argentinos pensó en ese momento que la llegada de Perón al poder real traería un poco de paz. Que podría poder freno a la cada vez mayor disputa en el seno de su movimiento entre los radicalizados sectores juveniles, que confluían en Montoneros, y la derecha, identificada con los gremios y el partido. No fue así. Apenas 48 días después de los comicios, un grupo comando asesinó al por entonces secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, una pieza clave en el armado político del General.
Al principio, muchos no creyeron, o no quisieron creer, que el crimen había sido perpetrado por Montoneros, que mantenía una disputa con Rucci por lo ocurrido en Ezeiza el 20 de junio de 1973, cuando se produjo el regreso definitivo de Perón a la Argentina. En ese sentido, los diarios de la época (que no salieron al día siguiente, el 26 de septiembre, por un paro convocado por la CGT en repudio al asesinato) reflejaron la conmoción producida y dan cuenta el día 27 de la posible autoría del Ejército Revolucionario del Pueblo.
El ERP, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, había sido declarado ilegal horas antes del hecho. Esto fue leído por algunos como un posible «pase de facturas» de esa guerrilla contra Perón. Las sospechas fueron deslizadas por el propio jefe de la Policía Federal, Miguel Iñiguez.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que todas las miradas se posen en Montoneros. Numerosos testimonios, incluso la investigación judicial, dan cuenta de que un comando de la guerrilla peronista fue el ejecutor de Rucci. Pero ¿por qué lo mataron?
«Fue un atentado político, para convencer a Perón de que le convenía tenerlos en cuenta en el reparto del poder. Montoneros veía -con razón- que Perón los estaba dejando afuera de ese reparto, que ya no constituía para el la «juventud maravillosa» de otros tiempos», afirmó a Infobae el periodista e investigador Ceferino Reato.
«Creían que Perón reaccionaba frente a las cambiantes relaciones de fuerza y que si lo apretaban, el General volvería a cobijarlos. Tiene que ver con el clima de la época, donde una muerte o una bomba tenían un sentido político», agregó Reato, autor de «Operación Traviata» (Sudamericana), un libro que brinda una descripción detallada del crimen y demuestra la autoría de Montoneros.
La muerte de Rucci significó un antes y un después. Si bien ya se habían producido otros crímenes políticos, lo del secretario general de la CGT marcó un quiebre. El propio Perón se mostró muy conmovido y dijo «me mataron un hijo». Luego, y al participar de las exequias de su alfil gremial sostuvo «me cortaron las patas».
¿Crimen de lesa humanidad?

La Justicia no consideró crímenes de lesa humanidad a los ataques perpetrados por integrantes de organizaciones guerrilleras. Pese a esto, Claudia Rucci está convencida de que para asesinar a su padre «se usaron recursos del Estado».
«Montoneros tenía funcionarios a nivel Provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional para llevar a cabo el asesinato. Estamos convencidos que es un crimen de lesa humanidad«, precisó la legisladora sobre esto.
En su libro, Reato citó el testimonio de un integrante de Montoneros que facilitó su departamento, ubicado a pocas cuadras del domicilio donde Rucci fue acribillado. El inmueble, del barrio de Flores, sirvió de centro de operaciones del Operativo Traviata, llamado así por una famosa publicidad de la época, que hablaba de la «galletita de los 23 agujeritos». Cruel ironía para anticipar los balazos que terminaron con la vida del secretario de la CGT.
La hija de Rucci cree que el informante del texto fue Ernesto Jauretche, por entonces funcionario de la gobernación bonaerense, que estaba en manos de Oscar Bidegain, cercano a la «Tendencia».

«Jauretche era secretario de Asuntos Agrarios con Bidegain. El tenía un departamento que creemos fue usado como centro de operaciones cuando se va a La Plata. Era consciente de la operación y era funcionario«, precisó Claudia Rucci.

En tanto, Perdía sostuvo que «no hay delito de lesa humanidad ni nada que se le parezca».

«No había una acción estatal ni mucho menos. De todas maneras eso está sujeto a la correlación de fuerzas internas y estoy seguro que hay sectores que tienen voluntad de continuarlo. Todo ello sin negar ni la responsabilidad que tuvo Rucci en Ezeiza ni nuestros enfrentamientos con Rucci. Sin embargo, no hubo ninguna decisión ni promoción del mismo», completó el ex número 2 de Montoneros.

¿Viven los ejecutores?

Para Claudia Rucci, «una operación de estas características no involucraba a dos o tres personas, pueden ser hasta 40 personas». Y agregó: «No creo que estén todos muertos».

Sobre esto, Reato explicó: «Hubo un grupo que lo mató, pero también grupos que hicieron Inteligencia, grupos de Sanidad, grupos de apoyo logístico y grupos de contención por si aparecían móviles policiales a los que había que neutralizar».

«Muchos miembros de esos grupos secundarios no sabían para qué operación estaban colaborando. Había una coordinación necesaria entre esos grupos. Hay participantes y ejecutores que están vivos«, concluyó.

La causa judicial

El juez Ariel Lijo, a cargo de la causa judicial, concluyó que el crimen fue ejecutado por Montoneros, pero archivó la causa en agosto de 2012 al considerar que no se trató de un delito de lesa humanidad.
Sin embargo, en abril pasado la Cámara Federal porteña aseguró que la decisión de Lijo fue «prematura» y ordenó reabrir la causaMiguel Ángle Plo, abogado patrocinante de los hermanos Claudia y Aníbal Rucci, solicitó que Lijo pida la declaración de Miguel Bonasso y de Gloria Bidegaín, hija del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.
La clave está en demostrar que Montoneros tuvo apoyo estatal -recursos de la gobernación bonaerense- para que el crimen sea imprescriptible. Lijo actualmente está de licencia. Antes de la misma, tomó algunas declaraciones testimoniales en el marco de la investigación.