El futuro gobierno nacional trabaja en un plan para mejorar los ingresos de los jubilados y los asalariados en el arranque mismo de la futura administración. El esquema que se evalúa es una suba salarial para los trabajadores registrados, posiblemente una suma fija y no un porcentaje, y también incrementos en los haberes jubilatorios y en los planes sociales.
La suba generalizada de ingresos que planifica Alberto Fernández para sectores postergados se intentará por consenso con el sector empresario. Será una de las primeras medidas económicas del futuro presidente y demandará, eventualmente, anticipar la convocatoria al Consejo Económico y Social. La medida apuntará a aumentar como mínimo los salarios de los trabajadores de las categorías más bajas, y estará acompañada de un refuerzo de las jubilaciones y del valor de los planes sociales.
Esos aumentos serán independientes de los bonos navideños y de fin de año que algunos gremios se encuentran negociando. También de la suba del 8,74% que tendrán a partir de diciembre la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares. Lo mismo para los planes de empleo y la AUH, que tendrá un incremento de $ 94 por chico en diciembre.
El encargado primario de la ejecución del plan es Claudio Moroni, futuro ministro de Trabajo y dirigente de la máxima confianza del mandatario. Moroni fue quien este martes se reunió con la mesa chica ampliada de la CGT y que, con el mismo objetivo, propiciará un encuentro en los próximos días con referentes del sector empresario. En esa línea perdió fuerza la posibilidad de instrumentar la suba a través de un decreto.
Descontado el apoyo del sindicalismo tradicional al plan, el próximo paso de los futuros funcionarios serán las entidades gremiales empresarias. Para este segmento, donde además de Moroni operará Santiago Cafiero, eventual jefe de Gabinete, se intentará un grado de formalidad en el compromiso.
Según el diario Ámbito Financiero, el adelantamiento en el llamado del Consejo Económico y Social, que estaba pensado en el diseño original de Alberto Fernández para una segunda etapa, sumó argumentos como una solución intermedia para darle más chances de éxito a la iniciativa. Para el equipo gubernamental un decreto representaría una señal áspera hacia el empresariado -además de remitir a un primer kirchnerismo- en tanto que un mero entendimiento sin formalidad alguna le quitaría efectividad. Otra opción, confiaron en el Frente de Todos, será convocar al Consejo del Salario Mínimo y ampliar de facto sus atribuciones, en general asociadas únicamente al ajuste en el piso de ingresos formales.
El diseño original de la medida contempla un alcance amplio aunque no universal. Además de los salarios de los trabajadores formales del sector privado, jubilados y beneficiarios de planes, estarán incluidos empleados estatales y eventualmente, municipales. Este último rubro demandará, en boca de los responsables del plan, de una gestión con intendentes de todo el país en general acostumbrados a pagar sueldos por debajo del promedio de públicos y privados.
Las subas eventualmente acordadas en el ámbito de debate general deberían servir como anticipos a cuenta y base de debate para las paritarias del año que viene. En cualquier caso la implementación de la medida contemplará como excepciones los casos de trabajadores cuyas paritarias estuviesen en plena ejecución y de gremios que hubiesen quedado en una situación de paridad con la evolución de la inflación.
En la CGT alegaron que hay unos ocho sindicatos (como los albañiles de UOCRA y la Asociación Bancaria) cuyas paritarias fueron resueltas sin pérdida de poder adquisitivo y con aumentos que se ajustaron en la misma línea que el costo de vida. Y aclararon, ya desde el mismo día en que Alberto Fernández se impuso a Macri en primera vuelta, que haría falta una equiparación de amplios sectores que habían mermado su capacidad de compra en la ronda 2019 de negociaciones salariales contra una inflación que apunta al 50 por ciento.
