El Delta entrerriano se ha convertido en los últimos años en escenario de distintas batallas.
En 2009 la Provincia ensayó una estrategia de recuperación de predios hasta entonces usurpados por particulares, pero la decisión tropezó con la falta de estructura, de recursos y con la complejidad del terreno y las distancias.
En el Delta, la provincia de Entre Ríos posee un total de 190 mil hectáreas, distribuidas en los departamentos Diamante (1.200 has), Victoria (132 mil has), Gualeguay (45 mil has), Islas (7.500 has), La Paz (1.800 has), Paraná (1.000 has) y Uruguay (1.500 has).
Entonces se aceptó que no todos esos predios están en manos del Estado entrerriano. De las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, hay 50.507 hectáreas apropiadas por particulares en el departamento Victoria, y en el departamento Gualeguay, de dominio público son 45 mil hectáreas, aunque los privados se han apropiado, por un extraño mecanismo, de un volumen mayor, 58.500 hectáreas.
Un dictamen que firmó ese año el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, estableció que las islas del Delta son “bienes públicos”, y no “tierras fiscales”, como usualmente se las identifica, es decir “bienes de dominio público”, y que “los bienes del dominio público no integran el patrimonio de los respectivos Estados, en el sentido de hacienda estatal o fisco, el cual sólo está compuesto de los bienes privados del Estado”. Y por eso mismo están “fuera del comercio”, con dos características esenciales: “inalienabilidad” e “imprescriptibilidad”, es decir que no se pueden vender ni enajenar, y menos aún a manos de un privado.
ENDICAMIENTOS. Ahora no sólo hay intrusos en las islas, sino además usos no permitidos de las grandes extensiones de tierra. Uno de esos, la construcción de terraplenes que indican cursos de agua.
El abogado Jorge Daneri junto a la organización ambientalista M`Biguá, alertó de la creciente construcción de terraplenes en el Delta.
“Se siguen construyendo terraplenes. Los hay de diversos tipos y alcances. Los más problemáticos son los que obstruyen el libre escurrimiento de las aguas, cambiando el drenaje natural construido por el río. En términos generales, estos terraplenes tienen entre cuatro o más metros de altura y son cerrados. Es decir, tienden a construir un área estanca en la cual siembran. Su construcción, al cambiar el drenaje, trae problemas a los vecinos, como mayores inundaciones y permanencia del agua sobre el predio, o erosiones”, apuntó Daneri.
Aunque aseguró que “el problema más serio es la inexistencia de estudios de impacto ambiental y acumulativos independientes. O más aún, y conforme la nueva Constitución de Entre Ríos, no existe una evaluación ambiental estratégica sobre este modelo productivo con foco en la simplificación o modificación radical del ecosistema de humedales a partir de un monocultivo”.
Daneri entiende que “los humedales no podrán cumplir los servicios ambientales que prestan al país, si como ecosistema natural y milenario que son, su uso cambia y se replica a todo el sistema para que deje de ser, precisamente un sistema de humedales y pase a ser parte de la pampa sojera o arrocera”.
El abogado ambientalista entiende que la Constitución de Entre Ríos impide ese tipo de emprendimientos, aunque está al aguardo de lo que resuelva el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), y que la Fiscalía de Estado adopte una posición ante un proyecto de decreto que elaboraron organizaciones ambientalistas, que crea una comisión que monitoree los humedales.
QUÉ PASA. En 2008, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación elaboró el denominado Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná, más conocido por la sigla Piecas.
El Delta del Paraná abarca una superficie de 22.587 km2, repartidos sobre la margen nororiental de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y una pequeña franja de Santa Fe. La mayor parte de la cuenca del Delta se encuentra en la provincia de Entre Ríos, donde ocupa parte de los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas. La zona, toda, tiene un silueta particular, una presencia que la diferencia del resto.
El régimen climático diferenciado, producto del efecto modulador de las grandes masas de agua presentes, explicaría, en parte, el ingreso e instalación de especies de origen subtropical. La región es considerada una ingresión subtropical en una zona templada (la provincia pampeana), lo que permite la coexistencia de especies típicas de ambas zonas, que dan al área un perfil diferencial, conformando un patrón típico de comunidades bióticas, dice el informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Las particulares características climáticas, sumadas a la alta oferta de hábitats, han contribuido a su colonización por especies de origen subtropical, cuyas principales vías de dispersión son los ríos Paraná (especies de linaje chaqueño-paranaense) y Uruguay (especies de linaje paranaense), subraya.
Pero hay una amenaza que revolotea los cielos de ese paraíso, y está constituida por las modificaciones producidas en el medioambiente a partir de la construcción de represas, que modifican cursos de agua para su posterior aprovechamiento en emprendimientos productivos. La construcción de endicamientos y el drenaje de los pajonales con fines de forestación, resultan prácticamente en la modificación total e irreversible del sistema.
Además de la pérdida de gran cantidad de especies nativas, la construcción de endicamientos causa, a nivel regional, una disminución en la capacidad de amortiguación de los excedentes hídricos, cambios en los procesos edáficos, variaciones en la importación y exportación de nutrientes al sistema y cambios en los procesos erosivos, generando un importante impacto en la biodiversidad regional.
Una definición que no llega
En 2009 ganó la luz pública el caso más emblemático de construcción de terraplenes en las islas del Delta.
La firma holandesa Bema Agri B.V. construyó un terraplén con una extensión de casi 20 kilómetros en una isla del ejido de Victoria que tiene 10 mil hectáreas. Allí, en una isla que se ubica frente a la localidad santafesina de Villa Constitución, la firma efectuó siembra de soja y sorgo.
No bastaron las intimaciones del Estado: las obras siguieron su curso.
En agosto de 2008, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) de Entre Ríos intimó a la firma a que paralice y/o suspenda las obras hidráulicas, y le concedió un plazo de 60 días para regularizar la situación y presentar la documentación necesaria para la evaluación del permiso correspondiente.
“Por lo que nosotros sabemos –dice ahora el abogado Jorge Daneri– no hubo resolución de la Corufa, y el terraplén sigue. Es más, las obras continuaron. M´Biguá realizó una serie de presentaciones en la Corufa por esta iniciativa ya hace algunos años, siempre además acompañado por organizaciones socioambientales de la región. Pero hasta las consultas realizadas durante el mes pasado, no existía resolución de este ámbito”, aseguró.
Fuente: el Diario.
