Arroyo Salgado pidió «no politizar» la muerte de Nisman y que el caso sea llevado a la CIDH
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Alberto Nisman, acudió a la audiencia pública en el Senado organizada por legisladores de la oposición, para debatir las implicancias de la muerte del fiscal y, en ese marco, pidió a los tres poderes del Estado «no interferir» en la investigación «con sus juicios de valor».
Además, puso especial énfasis en remarcar que «la desmedida e inusitada exposición mediática» que está teniendo las pruebas del caso «contribuye a alejarnos de la verdad» porque -fundamentó- «se van anticipando y exponiendo cada una de las medidas y los cursos de investigación».
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Arroyo Salgado, además, pidió a la Defensoría General de la Nacional que analice la posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el requerimiento de un veedor de la investigación.
Desde el comienzo, su alocución fue medida, sin entrar en polémicas ni con el oficialismo ni con la oposición, a los que agradeció por invitación. «Concurro a este espacio sin ningún tipo de intencionalidad política, no soy oficialista ni opositora; en esta coyuntura no tengo definición política», advirtió la jueza.
Aunque reconoció que el mitín era organizado por la oposición, coincidió en la necesidad de sostener la absoluta independencia del Poder Judicial.
«Me pareció interesante defender la independencia del PJ y el Ministerio Público Fiscal. Me afecta en mi doble condición, la de magistrada y personal», añadió. La jueza aseguró que «los juicios de valor interfieren y condicionan el trabajo de jueces y fiscales, sean del Ejecutivo o Legislativo» y pidió a los Poderes, así como a los medios de comunicación «un tratamiento ético, prudente y responsable».
«Que no se siga politicando un hecho en el que aun resta mucho por despejar», espetó la ex mujer del fallecido fiscal, antes de solicitar con vehemencia a la fiscal y la jueza del caso, Viviana Fein y Fabiana Palmaghini, que actúen con mayor recelo y respetando el tratamiento de todos los casos: que las actuaciones y medidas sean comunicadas únicamente a las partes.
«No desconocemos el postulado constitucional de publicidad, pero no hace falta ser abogado; es lógico que en el marco de investigación penal donde se trata de indagar este hecho, de estas características, la desmedida, inusitada exposición mediática de cada una de las pruebas que van teniendo, han ido desnudando la investigación y nos aleja de la verdad. No ayuda. Se anticipa cada medida», explicó Arroyo. 
