San Juan – El juez de la Segunda Circunscripción JudicialPablo Oritja procesó a nueve ejecutivos de la minera de origen canadiense Barrick por el derrame, en septiembre pasado, en la mina Veladero de un millón de litros de solución cianurada.
Se trata del jefe de Procesos, Leandro Poblete; del subjefe de Procesos, Segundo Álvarez; del gerente de Minas, Carlos Cabanillas; del gerente de Prevención de Riesgos, Ángel Escudero; del supervisor de Servicios Técnicos, Osvaldo Brocca; del supervisor de Mantenimiento, David Sánchez; del supervisor de Medio Ambiente, Ricardo Cortez; del gerente de Procesos, Walter Pizarro, y del gerente general, Antonio Adames (quien fue desplazado de su cargo tras el incidente).
El magistrado consideró que los nueve imputados violaron el artículo 56 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, quepena con entre 1 mes y 2 años de prisión en suspenso a quienes, por imprudencia o negligencia, causen adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo.
En reacción, ayer la empresa resaltó que, «sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito«.
En rigor, la resolución del magistrado data de hace cerca de dos semanas, pero los imputados –a quienes además se les trabó embargo por 100 mil pesos– fueron notificados recién ayer.
El derrame derivó en dos investigaciones judiciales, que quedaron a cargo de Oritja y del juez federal en lo Criminal y Correccional N° 7 de Capital Federal, Sebastián Casanello, en medio de tensiones de competencia.
Pero además avanza el sumario administrativo que lleva adelante el Gobierno provincial del justicialista Sergio Uñac, que incluiría fuertes sanciones económicas para la compañía.
Ayer, la difusión pública de las características del fallo encontró a Uñac y a su ministro de Minería, Alberto Hensel,volviendo desde la ciudad canadiense de Toronto, donde participaron de una feria minera.
En este marco, Barrick anticipó que la decisión «será apelada ante la Cámara Penal de San Juan por los respectivos abogados de las personas afectadas» y enfatizó que «las circunstancias que produjeron el incidentefueron resueltas inmediatamente«.
«La compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles, bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina«.
«En forma inmediata se expandieron e intensificaron las actividades de monitoreo en toda la cuenca. Todas esas mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente«, afirmaron.
El derrame -que generó fuerte preocupación en la población- se produjo el 12 de septiembre de 2015, a partir de la rotura de una válvula de una tubería que conduce solución cianurada. A eso se sumó que una compuerta quedó abierta, por lo que el compuesto no llegó al canal de contención sino al río.
Un reciente peritaje oficial de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina determinó la presencia de «una clara infracción» de la Ley de Residuos Peligrosos «por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación».
