En el marco de la denuncia que hizo en octubre de 2020 la directora actual de Dirección Nacional Migraciones, Florencia Carignano, sobre el uso de esa área de Estado para el seguimiento ilegal de dirigentes políticos, habrían trascendido nombres de dirigentes políticos entrerrianos que fueron víctimas de averiguaciones ilegales, entre ellos Bordet, Stratta y Romero.
El fin de semana los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza dieron a conocer que fueron objeto de seguimiento por parte del área de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior en la gestión de Mauricio Macri. También se conoció que otros dirigentes que habían sido espiados fueron la exdiputada nacional por Cambiemos, Yanina Gayol, y el exintendente de Concordia, Enrique Cresto.
En las últimas horas se conoció una nueva nómina de personas que fueron objeto de un seguimiento ilegal: entre ellos se encontraba el gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta, el senador nacional Edgardo Kueider (exsecretario general de la Gobernación), el entonces ministro de Planeamiento Luis Benedetto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell y la ministra Rosario Romero, entre otros. La difusión de estos nombres generó cierta sorpresa y no se termina de interpretar cómo siendo Rogelio Frigerio, quien estaba a cargo del Ministerio del Interior, habría sido espiado. La actual administración de la Dirección Nacional de Migraciones denunció ante la Justicia el funcionamiento durante el macrismo de un seguimiento ilegal de 58.169 personas.
Era un sistema de alerta para la “realización de inteligencia prohibida, tras recolectar información de manera indebida en base a los registros migratorios”. Fuentes consultadas adjudicaron a la utilización indebida de la normativa vigente para acceder a la información de los “investigados”.
La normativa por la que con total claridad y criterio se otorgaban claves para acceder a registros de movimientos migratorios, era una disposición de la DNM dictada en 2010, durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández, que no fue modificada. Esa norma establecía que las personas que utilizarían esos accesos (pertenecientes a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, Ministerio Público Federal y Provinciales, Poder Judicial Federal, Nacional y provinciales, Servicio Penitenciario Federal y provinciales, AFIP, Aduana, entre otros), debían ser acreditadas por los superiores jerárquicos de cada repartición y que cada una sería personal e intransferible, otorgadas a agentes públicos identificados con su nombre, DNI y clave personal, siendo cada uno de ellos responsables por búsquedas o suministro indebido de tales datos. Determinar quiénes fueron los autores de ese presunto “seguimiento” no debería ser entonces demasiado complejo.
La Policía Federal y la AFI habrían accedido de manera irregular a información que estaba cargada en un sistema paralelo invadiendo la privacidad de las personas incluidas.
La información, que estaba bajo la tutela de Migración y que depende del Ministerio del Interior, conduce a responsabilidades por fuera de su estructura ya que, en el listado de “seguimiento y alertas” estaba el nombre del mismo Rogelio Frigerio.
Frigerio espiado
También se pudo saber que el exministro Frigerio figura entre los espiados. El dato político ratifica una práctica del gobierno de Mauricio Macri: utilizar el espionaje ilegal con los adversarios, pero también con los propios, sugirió Página Política. Se trata de una causa que esconde una trama de complicidades ocurridas durante el gobierno de Mauricio Macri y que tenía en Frigerio a unos de sus hombres más encumbrados.
