La iniciativa fue presentada en mayo en el Congreso Nacional, y ahora fue difundida en la Legislatura bonaerense con un panel que encabezó el referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque.
“Se dice que falta trabajo, y no es así: trabajo sobra, el problema es que el mercado no lo remunera. La discusión es cómo logramos que el mercado lo pague o que el Estado supla esa falencia”, dijo Larroque al darle su respaldo.
De aprobarse el proyecto, cobrarían el SBU 7,5 millones de personas, de entre 18 y 64 años: el conjunto que abarcó el IFE y más recientemente el Refuerzo de Ingresos (o IFE 4) de este año.
Es la franja de la población que aún no tiene asegurado un ingreso mínimo como derecho, lo que sí ya fue legislado para los niños –mediante la Asignación Universal por Hijo– y los mayores de 65, con las moratorias para jubilarse y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
El salario universal no está propuesto para todas las personas en edad de trabajar, ni para todos los trabajadores, sino para aquellos que estén bajo la línea de indigencia. Entran los desocupados, los informales, los monotributistas sociales, los trabajadores agrarios y las trabajadoras de casas particulares. También los monotributistas de la categoría la A y para los asalariados que no superen su límite (de 38.850 en 2022), a los que el proyecto destina medio salario básico universal.
El proyecto plantea que el SBU sea compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, pero que no se podrá cobrar al mismo tiempo que la Tarjeta Alimentar, ni el Potenciar Trabajo ni la beca Progresar. Serán filtrados quienes tengan un patrimonio o consumo determinados.
Por otra parte, fija contraprestaciones, como terminar de cursar los estudios primarios o secundarios, capacitarse en oficios o realizar tareas sociocomunitarias.
