Desde noviembre del año pasado tiene media sanción de la Cámara de Senadores un proyecto de ley para implementar en la provincia la revisión técnica vehicular obligatoria.
A la iniciativa que fue remitida para su tratamiento a la Cámara baja, se sumó otra, en el actual período legislativo, autoría de los diputados oficialistas Rosario Romero y Diego Lara, con igual propósito.
Una diferencia central entre ambos proyectos radica en quien tendrá a cargo la prestación de ese servicio.
La iniciativa que tiene media sanción, autoría del ex senador Natalio Gerdau, tiene 35 artículos y plantea en el número 24 bajo el título Concesiones que «el Poder Ejecutivo llamará a licitación pública para la concesión de la prestación del servicio de Verificación Técnica Obligatoria de los vehículos radicados en su jurisdicción y optativa de los radicados en jurisdicciones extrañas».
Establece incluso que el plazo de la concesión será de diez años y deberá contar con un mínimo de cinco estaciones de verificación. Y con ese fin también prevé que el Ejecutivo girará a la Legislatura para su aprobación, en un plazo de noventa días posteriores a la promulgación de la ley, los pliegos de condiciones generales y particulares que regirán esa licitación.
En tanto, el proyecto de Romero y Lara, integrado por 37 artículos, reserva para el Estado la prestación de ese servicio. Incluso lo destaca en los fundamentos donde alude a «garantizar la eficiencia» y también, «la transparencia de los fondos recaudados».
Es con esos objetivos que propician la creación de «un organismo descentralizado, con autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, que se constituirá como ente, será el ejecutor de los procedimientos de verificación técnica vehicular obligatoria y recaudador de los aranceles».
Los diputados aluden a análisis de antecedentes legislativos y decretos del Ejecutivo tenidos en estudio al momento de gestar el proyecto para subrayar que «la variante que proponemos, es que sea el propio Estado, sin delegación o concesión a particulares, el que preste el servicio de revisión, reinvirtiendo lo recaudado como arancel, en educación vial y mejora de vías de circulación».
Ambos proyectos estuvieron incluidos en uno de los puntos del temario considerado ayer en la reunión de la Comisión de Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales que preside el diputado Joaquín La Madrid.
Ante legisladores de todas las bancadas presentó por escrito y fundamentó su posición a título personal, pero en tanto decano de la Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional, el Ing. Omar Berardi.
Se pronunció a favor del proyecto originado en la Cámara de Diputados precisamente a partir de «la diferencia principal (entre ambos) que es quién aplica el control vehicular».
«La Provincia tiene capacidad para implementar este tipo de controles y en poco tiempo esto estaría cumpliendo su función», fue una de las apreciaciones que formuló ante los diputados.
Sencillamente analizó que «esto da ganancia y ese extra que se puede llegar a conseguir se puede dedicar a educación. Si se concesiona, va al bolsillo del particular» que gane la licitación.
En el escrito presentado, Berardi planteó que «de acuerdo a los objetivos de la ley, la creación de una agencia es más conveniente. Considero que el Estado puede ser en este caso igual o mejor prestador de servicios. A esto ?continúa- hay que sumarle la posibilidad de controlarse, autoevaluarse y decidir sobre inversiones en el área educativa con fines de mejorar la seguridad vial y el cuidado del medio ambiente».
Incluso pondera el grado de detalle del proyecto en este punto. Efectivamente, Romero y Lara destinaron una decena de artículos para precisar alcances, funciones y otros aspectos de lo que denominan Agencia Provincial de Verificaciones Técnicas Vehiculares.
El análisis de Berardi dejó por otra parte planteado el debate en torno a otras cuestiones: los criterios para exigir la revisión a los automóviles 0 kilómetro y quienes intervendrían en la auditoría técnica universitaria. Sobre el segundo asunto se contempla una auditoría universitaria en la que se incluye también a UNER y Uader. «Nos reconforta» dijo en primer lugar esa consideración, pero acotó que «si bien políticamente es grato repartir, si se trata de una auditoría técnica, las universidades tendrían que acreditar carreras afines. Si se retirara la UTN ?planteó- quién haría la revisión, un contador», ejemplificó.
