Tras el resonante homicidio del contador Ricardo Lizarraga, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a una reunión a distintos sectores para analizar cuestiones relacionadas con la seguridad y el rol de los operadores judiciales ante los hechos de violencia que se vienen sucediendo en los últimos tiempos en Paraná.
Carlos Chiara Díaz, vocal del STJ y quien motorizó el encuentro, enfatizó que “se han producido hechos que salen de lo común y tenemos que dar a la población la tranquilidad de que queremos juntarnos para buscar entre todos procedimientos y respuestas mejores que las que tenemos para enfrentar esta situación”.
El magistrado destacó la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que comenzará a aplicarse a partir del 22 de septiembre en Paraná, pero advirtió que “no hay en la provincia un procedimiento especial para el tratamiento de menores, ni una regulación para menores en estado de abandono ni en estado delictivo”.
Tras más de una hora de debate, se convino en conformar una especie de comisión interpoderes, de la que también puedan participar las comisiones vecinales de la ciudad de Paraná, a fin de evaluar acciones conjuntas para combatir el delito.
La reunión surgió para abordar el problema de la seguridad y trazar líneas de acción conjuntas tendientes a la prevención del delito. “Este es un problema de todos y entre todos tenemos que trabajar para que Paraná no se transforme en Rosario”, enfatizó el procurador general del STJ, Jorge García.
Del encuentro participaron magistrados y funcionarios judiciales, encabezados por los vocales de la Sala Penal del STJ Chiara Díaz, Claudia Mizawak y Daniel Carubia; el ministro de Gobierno Adán Bahl y otros funcionarios del Poder Ejecutivo; la intendenta Blanca Osuna; el jefe de Policía Roberto Massuh; y penalistas del foro local nucleados en el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Narcomenudeo. En el encuentro, Massuh admitió que hay una incidencia “importante” del consumo de estupefacientes en la comisión de delitos y que “en los barrios se han multiplicado los kioscos de venta de droga”.
En ese marco, el ministro Bahl comentó que el Poder Ejecutivo envió un proyecto a la Legislatura para combatir el narcomenudeo (que fue aprobado anoche), con la cual se pretende “tener una mayor capacidad operativa a través del trabajo de la Policía y los operadores judiciales de la provincia en las tareas de investigación, órdenes de allanamiento y el proceso primario de investigación, previo a elevar las actuaciones a la Justicia Federal”.
Bahl consideró que “esta ley va a tener un efecto real en este problema” porque pretende dotar a la Policía de facultades para actuar con mayor celeridad en casos de venta de drogas al menudeo. “La sociedad no soporta más ver que en las esquinas se vende droga, que hay kioscos de droga en los barrios y que la Policía o los jueces no hacen nada. Por eso queremos aportar la capacidad operativa de la Provincia para tratar de conciliar en la primera etapa de este flagelo”, enfatizó el funcionario.
Cuestión de códigos. Un debate que se dio durante el encuentro lo protagonizaron el procurador García, y el penalista Marciano Martínez, por la incidencia que tendrá el nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos en la tramitación y resolución de las causas judiciales.
García consideró que “es un mito que los sectores marginales no conocen la ley; la conocen perfectamente y saben cómo hacer para no cumplirla. Ellos saben, por ejemplo, que si cometen delitos cada 12 días se va a complicar muchísimo que los atrapen, salvo que sean sorprendidos en flagrancia, porque cada 12 días cambian los turnos, y entonces estas personas pasan desapercibidas”, por eso destacó que la “celeridad” y “desformalización” que propone el nuevo sistema acusatorio.
Martínez, a su turno, replicó que “tiene que haber trabajo, vocación, entusiasmo para la investigación de los hechos delictivos”, apuntó que “el derecho penal es un ámbito que exige coraje, fuerza y dedicación, no es para burócratas de escritorio” y enfatizó que “los códigos inciden muy poco; no conozco mucho del nuevo Código Procesal Penal, pero tengo referencias de algunos abogados de la provincia que me dicen que la celeridad hace perder algunas garantías”. Sin embargo, coincidieron en que el combate del narcotráfico exige el compromiso de las autoridades y que “el poder no proteja” a los traficantes.
Autocrítica
En medio de la reunión hubo un magistrado que alzó una voz disonante. Pablo Vírgala, juez Correccional, exigió a los operadores judiciales, funcionarios y autoridades policiales una autocrítica. “Es cierto que hay un problema muy serio con la droga y hasta se puede suscribir que hay un problema con el Código Procesal Penal, pero ¿nosotros no tenemos nada que ver, los jueces, fiscales, la Policía? ¿Nosotros estamos haciendo bien las cosas? ¿Tiene que ver el Código Procesal Penal con que haya una persona que tenga 16 causas y los jueces no lo hayamos resuelto? ¿O es que nosotros no estamos haciendo las cosas del todo bien?”, se preguntó ante el silencio general. “Tenemos que hacer un mea culpa y analizar cuál ha sido nuestra respuesta a la sociedad hasta aquí. Esta situación no va a cambiar solo por la aplicación del nuevo Código o dándole un abordaje social a quienes están imbuidos en el problema de la droga; nosotros tenemos que resguardar las garantías y hacer un aporte para dar racionalmente una respuesta punitiva a los problemas que nos aquejan”, sentenció.
Fuente: El Diario.com.ar
