El fiscal Carlos Stornelli pidió el juicio oral y público para la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, y unos cincuenta empresarios, entre ellos el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra, Juan Chediack, Carlos Wagner, Aldo Roggio, entre otros por la cartelización de la obra pública.
Se trata de la parte del caso de los cuadernos que se inició el 22 de agosto de 2018 en el que se investigó el circuito de coimas relacionado con los certificados de obra pública.
Para el fiscal fue “vital” el aporte que hicieron algunos imputados del expediente principal, entre ellos el del arrepentido José López y el de Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
En esos dos expedientes, la Sala I de la Cámara Federal porteña desprocesó a la vicepresidenta electa, pero confirmó los de sus ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.
Como el expediente principal que inició con los ocho cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno ya fue enviado a juicio oral y está radicado en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), cuando estos tres casos conexos sean enviados, Bonadio explicará la conexidad con la «causa madre» para que todo se realice en un mismo jucio oral.
La Cámara Federal porteña dio por corroborada la intervención de los funcionarios imputados, respecto «a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho», para una distribución de la obra pública.
En su requerimiento de elevación, Stornelli se refirió a la ampliación del procesamiento contra la electa vicepresidenta, como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, se señaló que el «mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados», es decir por Cristina y los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.