El ex director de Obras Sanitarias de la provincia, Hugo Righelato, recuperó este martes la libertad luego de que cesara la prisión preventiva de 90 días que cumplió desde noviembre, primero en la cárcel y luego en forma domiciliaria, en el marco de la causa en la que se lo investiga por peculado y otros delitos.
El ex funcionario provincial no podrá salir del país, ni mantener contacto con testigos de la causa, según las medidas restrictivas impuestas por la Justicia.
Acerca de cómo sigue la causa, se dio cuenta de que actualmente se realizan pericias informáticas y, una vez concluidas las mismas, la causa sería elevada a juicio. Desde la Fiscalía estiman que esto ocurriría antes de fin de año.
El caso
Righelato está acusado de peculado de bienes y servicios públicos, así como administración fraudulenta, ya que se le atribuye la utilización de vehículos, maquinarias, personal y recursos de Obras Sanitarias de Entre Ríos en beneficio propio o de empresas allegadas.
Una de las empresas supuestamente beneficiadas por los negocios de Righelato es Azul SRL, creada en el año 2011, en la que figuran como socios el propio ex funcionario y su pareja, Haydee Analía Varela. La firma se dedica, entre otras actividades, a la «remodelación de obras en terrenos propios o de terceros» y, pesar de no estar inscripta como proveedora del Estado, ha realizado trabajos que terceriza Obras Sanitarias. De manera que Righelato estaba, gráficamente, de los dos lados del mostrador.
En el esquema de negocios también habría beneficiado a Tecnogeo SA, formada en 2009 y dedicada a la perforación de pozos de agua; y a Ecocien SA, conformada en 2014. Esas firmas prácticamente no tienen personal ni maquinarias, por lo cual los trabajos terminan ejecutándose con empleados, maquinaria y movilidad del Estado.
En los allanamientos posteriores que se realizaron en oficinas públicas, empresas y domicilios particulares se secuestró documentación que prueba la vinculación de Righelato con el esquema de negocios a través de firmas que pertenecen a allegados. También se encontraron constancias de los negocios que el organismo público habría tercerizado para beneficiar a las empresas, pero que terminaban ejecutándose con personal y bienes del Estado.
Por ejemplo, en un galpón ubicado en calle Los Jacarandaes de Oro Verde, sobre la ruta provincial 11, justo enfrente de los galpones de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se encontró material que pertenece a Obras Sanitarias, como maquinarias, cubiertas y vehículos. También se halló documentación del organismo. Según pudo saber Página Judicial, de los papeles secuestrados en los distintos procedimientos surge que el depósito pertenecía a Ecocien SA, pero luego habría pasado a manos de Azul SRL; e inclusive se secuestraron notas dirigidas a la Municipalidad de Oro Verde firmadas por la propia Varela, en su condición de socio gerente de la firma.
Tras la detención de Righelato, la mujer, que es personal de la Policía de Entre Ríos adscripta a Obras Sanitarias, se presentó espontáneamente en tribunales, designó abogado defensor y se puso a disposición de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no ha sido citada a prestar declaración de imputada.
Si bien hasta el momento no ha surgido la responsabilidad de otros funcionarios de Obras Sanitarias de Entre Ríos, los fiscales tienen bajo análisis una serie de contratos de obras particulares que pudieron haberse ejecutado con personal de la repartición pública, lo que podría ampliar la cadena de imputaciones.
Righelato fue detenido el 11 de octubre cuando intentaba salir con su vehículo particular, desde su vivienda en calle Fraternidad 133 de Paraná. Consigo llevaba una suma de dinero cercana a los 70 mil pesos y documentación pública sobre obras desarrolladas por la repartición a su cargo. Ante los fiscales, se abstuvo de declarar y desde entonces permanece detenido.
La investigación se había iniciado el 26 de septiembre, a partir de una presentación efectuada por la Fundación M’Biguá en la que denunciaba que en varios lugares de la provincia se estaban haciendo perforaciones en busca de recursos, lo que genera un grave daño al ecosistema. La entidad ambientalista focalizó su planteo en la utilización de «caños camisa» para sacar agua. Se trata de tubos que provenían de la zona de Cuyo y que, en muchos de ellos, había restos de hidrocarburos. Los mismos estaban teniendo contacto con las napas. Esto puso en alerta a los ambientalistas y los motivó para recurrir a la Justicia. Luego, la Revista Análisis expuso una serie de irregularidades en Obras Sanitarias que complicaron aún más la situación de Righelato.
