Nació en Larroque y es titular de un juzgado en Concepción del Uruguay. Muchas veces durante la entrevista Rubén Chaia intentó soltar amarras y decir de viva voz que los jueces deben pagar ganancias, pero no lo hizo y quizá fue sólo una presunción del olfato periodístico. Quizá porque logra el equilibrio entre el rol institucional que ocupa y su propia posición, predomina la prudencia en cada una de sus palabras. Sin embargo fue la primera entrevista periodística que otorgó en el final de su primer mandato en la institución, y a punto de comenzar el segundo. Lo acompaña en el diálogo Manuel Tounour, un juez de la costa del Uruguay que enfatiza algunos de sus conceptos. Chaia es de la nueva generación de jueces “humanizados”, aquellos que mandan a sus hijos a la escuela pública y van los clubes de barrio, y quizá por eso le molesta la interpelación social sobre sus sueldos y el no pago de impuestos. Dice que prefiere contextualizar sus palabras en la gestión de la Asociación por elevar el umbral de la calidad de Justicia en Entre Ríos. Lo dice de este modo: “Estamos trabajando en conjunto con el Colegio de Abogados de la provincia y varios departamentos judiciales donde haya actividades para hacer y poder formarnos todos los abogados, lo que estamos en la Justicia y los que no están. Y el que está en la asociación tiene la posibilidad de canalizar las inquietudes de los socios y de los abogados”. Es de los nuevos jueces, los que deben negociar con la realidad sin ningún pedestal, y eso es romper una cultura añeja. Pagar el impuesto a las Ganancias forma parte de esta discontinuidad en un poder que también está interpelado. Él no lo dirá durante todo el trecho que transcurrió este diálogo, pero queda la sensación de que hay un cambio en el posicionamiento de los jueces con respecto al disruptivo paso del privilegio de la intangibilidad al mundano sinsabor del ciudadano de a pie.
–¿Qué ejes de debate están proponiendo y participando hoy día?
–Depende de la materia. En lo que a mí concierne que es procesal penal y penal se está trabajando con sistemas de enjuiciamiento penal acusatorio, con los nuevos paradigmas, con la capacitación en la litigación penal, en materia civil se está trabajando con la reforma del Código Civil, sobre todo en la aplicación de nuevos institutos. En laboral, con la necesidad de reformar el Código Procesal Laboral, lo mismo en materia de Familia, en Penal de Menores con la necesidad de tener una nueva ley. Es decir que estamos acompañando los procesos sociales e impulsando iniciativas que tengan que ver con un mejor servicio de justicia, tratando que haya un servicio eficiente con equidad. Los puntos son sobre los procedimientos, hay una vieja deuda en el país porque en la mayoría de las provincias los códigos son centenarios. Uno ve que los códigos apuntan al trámite y no a las respuestas, y hoy la sociedad demanda respuestas.
Burocracia
–En muchos casos trascendentes se advierte que las causas quedan entrampadas en la burocracia del propio proceso.
–Es verdad que quedan procesos sin resolver, y por eso estamos armando un curso para la costa del Uruguay que tiene que ver con la corrupción estructural, la burocracia en términos de modernización y también con la relación de la prensa y la justicia.
–¿Hay también una demanda interna de los jueces en ir avanzando para mejorar los procesos?
–Hay una demanda en cuanto a respuestas, pero no es una demanda sólo de la Justicia hacia adentro, sino de la sociedad. El plazo razonable de la duración del proceso, que es uno de los parámetros que se usa para la materia, antes se medía de una forma no tan exigente como ahora o se le tenía más benevolencia. Ahora se apunta a que duren lo menos posible pero respetando las garantías constitucionales.
–Nobleza obliga, se advierte en el último tiempo alguna mayor celeridad…
–Sí. La reforma dio herramientas que permiten superar el dictado del auto de procesamiento, la apelación del auto de procesamiento y todo el litigio incidental que implicaban los incidentes y demás. Seguramente esto benefició en el plazo que demanda la investigación penal preparatoria. Eso hay que compatibilizarlo con un ejercicio óptimo de las garantías constitucionales de los sujetos, porque sería un doble juego. Que sea eficiente pero justo.
–Ustedes defienden la organización y servicio de justicia en Entre Ríos, casi corporativamente…
–Sí, porque es algo muy positivo. Hay 51 jueces de paz en la provincia. En las distintas ramas del Poder Judicial no hay sobrepoblación de funcionarios, sino por el contrario. Tienen su actividad y competencia, y habrá localidades que necesitan algún juez o defensor más. Pero en general si se lo compara con otras provincias, que conocemos abstente, tenemos una buena distribución territorial de los juzgados, de los fiscales, de los defensores y jueces de paz. Y equipos de trabajo que no está sobredimensionado. Al contrario. Y van a aspirar a que crezcan porque la demanda crece en toda la provincia y el nivel de conflictos es cada vez mayor.
–Entre Ríos tiene un gran número de noveles abogados, cerca de 700 que se incorporan por año; ¿Eso genera algún impacto en el sistema
–La materia de la incumbencia profesional está siendo estudiada desde hace muchos años por el Colegio de Profesionales, en todo el país. En casi todas las profesiones hay gran cantidad de graduados que se incorporan año a año. La verdad es que no tenemos un estudio desde la Asociación que pueda medir el impacto de los nuevos profesionales. Sí conocemos las discusiones en torno a los abogados y ya Piero Calamandrei que a principio del siglo XX escribió un libro cuyo título era: “Demasiados abogados”. Esta discusión no es nueva y tiene que ver con que es una profesión que se puede abrazar con mucha pasión.
–¿La academia acompaña el proceso de innovación y modernización de la Justicia?
–Algunos planes de estudios sí, otras facultades no. En general todas las universidades tienen cursos de grado y posgrado que tienen que ver con las nuevas tendencias. Se van adaptando a los nuevos tiempos, especialmente con el nuevo Código Civil y Comercial.
–¿Sienten más cercanía con la sociedad en los últimos años?
–Como magistrados formamos parte de una sociedad y tenemos que involucrarnos con la vida social activa. De hecho lo hacemos en cuestiones como charlas o debates sobre narcotráfico, adicciones, prensa, corrupción. No creemos en la vieja tradición que los jueces hablan por sus sentencias y deben mantenerse ajenos a la vida social. Una cosa es la decisión del caso y mantenerse equidistante de las partes y otra cosa es vivir aislado. Hemos estado cerca de los inundados, hemos hecho colectas, lo que podemos aportar como paliativo y lo seguiremos haciendo. Estamos pensando en apadrinar alguna institución que tenga que ver con las adicciones porque hacia adentro repercute directamente en el índice de delitos, en lo que son los sujetos que están sometidos en el proceso penal. La realidad marca que la fuente de muchos delitos está vinculada a algunos de los puntos relacionados con el circuito de la droga.
–¿Qué cambió con el Consejo de la Magistratura en términos prácticos?
–Es un organismo totalmente útil para la democratización del Poder Judicial porque de hecho muchos de los que lo integramos no venimos de una familia judicial sino que lo hacemos del trabajo en la profesión o en el estudio y la posibilidad de estudiar y hacer la carrera judicial rindiendo y que esté abierto ese concurso para todas las personas que estén en condiciones de rendir es netamente igualador.
–¿La Magistratura ha eliminado los privilegios nobiliarios de otros tiempos, entonces?
–No sé si es nobiliario, más que nada había apadrinados políticos. El Consejo le quitó a la Magistratura de encima pasar el examen político del Senado. Ahora no. Los concursos son abiertos para todo el mundo y lo que uno puede estar en desacuerdo es tal vez con el nivel de celeridad en los concursos. Es cierto que por ahí se demora o salen muchos concursos juntos, y la Asociación está pidiendo que se hagan todos los concursos de los magistrados. De todos modos notamos una voluntad en el secretario de Justicia y en Consejo de la Magistratura en acelerar los concursos y de hecho hay un montón de concursos en trámite. Hay una voluntad política y nosotros seguimos los procesos, y si bien ha tenido oscilaciones, el Consejo es una herramienta muy válida. Si lo comparamos con otros Consejos de la Magistratura el nuestro es velocísimo, porque también hay que ponerlo en contexto.
Sin presiones
–¿Han recibido comentarios o denuncias sobre presiones del poder político?
–Concretamente la Asociación de Magistrados no recibió ninguna ni ahora ni antes. A nosotros todos los asociados nos escriben o hablan por teléfono. En todo el tiempo que llevo en estas gestiones y no escuchamos inquietudes de ese tipo. En el ámbito político no hubo problemas de ese tipo.
–¿Analizan la performance del Superior Tribunal y plantean su visión ante ellos?
–Nosotros tenemos una relación con el Superior Tribunal. Anteriormente no podríamos hablar porque yo llevo seis años en la comisión y la relación tanto con la Dra. Pañeda como la Dra. Mizawak ha sido buena, con diálogo, con discusiones, de consenso y disenso en determinadas materias. Siempre hemos tenido, por la dinámica de la reforma del Código Procesal y ahora del Código Civil y siempre se han mostrado dispuestas a avanzar en temas comunes. No tenemos una instancia institucional como tiene la Corte de Costa Rica. Las decisiones que ellos adoptan en materia de superintendencia son irrecurribles. Pero sería injusto decir que no nos han dado participación en distintos temas.
–Desde la armonización salarial a esta parte; ¿Cómo fueron evolucionando las asimetrías?
–En términos de armonización salarial parte de la base de la necesidad que se plantean en todos los poderes judiciales del país en la idea de armonizar los salarios de los jueces, pero también que la justicia como un poder independiente del Estado no tenga que discutir la asignación de recursos para la materia salarial. La armonización significó una mesa de diálogo con el Poder Judicial entero. La Asociación de Magistrados, el gremio, el Superior Tribunal, un tratamiento en la Legislatura y fue discutida y es tomada como modelo en otras provincias. La armonización no es una cuestión de equiparar los sueldos de la provincia a la justicia federal, porque los sueldos de la justicia federal son superiores a los nuestros. Lo que dice es que los aumentos que se han otorgado la Corte Suprema, que han sido entre 25 y 30% anual, como todas las paritarias, y eso impacta sobre el salario nuestro. Pero además, si tomamos el promedio nacional del nivel salarial de las provincias, Entre Ríos está sexto, pero compartimos un pelotón con San Juan, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. El nivel de sueldo de los jueces puede parecer elevado para otros gremios, pero el nivel de independencia tiene que ser garantizado para el cumplimiento de la función, con la matrícula suspendida. Los niveles salariales no son los que se difundieron, como camarista con 21 años de antigüedad no cobro lo que se dio a conocer.
–¿Sienten presión social por la cuestión salarial?
–No, el magistrado está sometido a presiones como en muchas profesiones. Las presiones sociales vienen por el tiempo u otras cosas, más vinculadas a la calidad de la justicia. El Poder Judicial ha pasado mucho tiempo fundando sus decisiones en el poder, y no pensando en la legitimidad y la autoridad. Ahora que la sociedad cuestiona el poder en general, a todas las instituciones, los otros poderes rinden el examen de legitimidad en las elecciones, nosotros que somos un poder que está como custodio de la Constitución y los derechos individuales y colectivos debemos buscar legitimarnos en el ejercicio.
Impuestos
–¿Se sienten sí interpelados por el tema de Ganancias?
–Es un tema que lo ha instalado el Dr. Lorenzetti en la Corte Suprema de la Nación y que seguramente se va a replicar en todos los poderes judiciales provinciales y en algún momento lo tendremos que dar. Ahí entra en tensión el tema de intangibilidad salarial y el tema del pago de Ganancias y el tema se instalará en algún momento.
–¿Y de qué depende la instalación del tema?
–Ya está instalado el tema. Lo hemos debatido hacia adentro. Tenemos que crear las condiciones para que en el futuro no sea un tema que nos genere rispideces con la sociedad.
–Infiero que Ud. dice que deben pagar Ganancias…
–No lo digo en esos términos. Creo que tenemos que discutirlo y debemos ser responsables con lo que piensan el resto de los magistrados.
–¿Entonces hay una división hacia dentro de la Asociación sobre el tema?
–Hay quienes piensan que sí y otros que piensan que no. Hay que ver cuáles son las razones y los fundamentos. Estamos dispuestos a dar el debate. Lorenzetti no quiere que se generen asimetrías en los poderes judiciales de todo el país.
–¿En qué instancias están del debate?
–Estamos escuchando a aquellos que se quieran expresar y buscamos las opiniones en toda la provincia. Cuando tengamos terminada la ronda de reuniones, nos expresaremos como asociación. Muchos dicen que hay que pagar, otros dicen: “paguémoslo mientras se respete la intangibilidad”.
–¿Cómo se hace para pagar impuestos y pedir respeto por la intangibilidad?
–La mayoría de los que estamos transitando por esto vemos que si la Corte Suprema dice que hay que pagar y habrá que pagar. Es una decisión política que deberá tomar la Corte para todos los jueces del país. La Corte en el año 1969 fue la que lo dispuso en su momento. Es una discusión que se va a venir y debería tomarse una decisión política.
–¿Si esta nota llevara de título “El debate por Ganancias es inevitable”, estaría correcto?
–Yo diría que es necesario e inevitable. Para nosotros es un tema que está en la agenda, la mayoría de los jueces esperan una decisión política. Vos tenés razón cuando decís que no hay debate si se espera una acordada de la Corte. Pero si se toma la decisión, se toma y ya. Es un debate inevitable pero la decisión es política.
–¿Si pagan Ganancias la imagen del juez se humaniza?
–Somos humanos, muy humanos. Mandamos nuestros chicos a la escuela pública, compartimos espacios sociales comunes, hay una nueva generación de jueces, que vienen caminando al trabajo, somos de escuelas públicas y no venimos de una familia judicial.El dato. 2.400 empleados posee el Poder Judicial en Entre Ríos, según Chaia tiene menos que otras provincias con similares habitantes como Chaco.
Un poder equilibrado
Chaia entiende que en Entre Ríos “tenemos un Poder Judicial muy bien distribuidos en la provincia. Los jueces de paz permiten el acceso a la justicia que en otros lugares es impensado. En cada jurisdicción tenemos juzgados de paz que van a cada pueblo de esa jurisdicción. Y tenemos jueces de garantías y fiscales en todas las jurisdicciones, lo que hace una red de prestación de servicio de justicia muy cercana a la comunidad. Tenemos que trabajar para mejorar ese servicio. Y desde el Consejo de la Magistratura y todos los funcionarios debemos rendir un concurso y en lo que hace a empleados se rinde para el cargo básico y por concurso se va a ascendiendo”.
