Después de una licencia de casi un mes, el titular del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, volvió a ocupar este jueves su despacho en los Tribunales, mientras avanza el proceso en su contra por mal desempeño a partir de siete presentaciones hechas ante el Jurado de Enjuiciamiento.
A Rossi se le reprocha la sentencia que firmó el 1º de julio de 2016 por la cual le otorgó libertad condicional a Sebastián Wagner. En esa sentencia, Rossi dispuso “otorgar a partir de la fecha la libertad condicional” a Wagner, quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación.
La pena que se le había impuesto se cumplía recién el 16 de julio de 2018, dos años después.
Al dejarlo libre, Rossi le impuso a Wagner la obligación de residir “en el domicilio sito en el Barrio Holanda, Casa N°3, Manzana 39 A-1 de la ciudad de Gualeguay”; también, “abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes”; “desempeñar una actividad laboral o profesional de conformidad a su capacidad y/o conocimiento o bien capacitarse cursando los estudios pertinentes”; además, “abstenerse de mantener contacto alguno con las víctimas de los hechos por el cual cumple condena y en caso de concurrencia ocasional en la vía pública, mantenerse a una distancia mayor a los cien metros”; también, “realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones”; y finalmente, “no cometer nuevos delitos, para lo cual deberá, presentarse una vez por mes ante el Patronato de Presos y Liberados, de la ciudad de Gualeguay”.
Pero mientras estuvo libre Wagner ocurrió el femicidio de la estudiante Micaela García: la estudiante, de 21 años, desapareció el sábado 1º de abril, a la salida de un boliche, y su cuerpo fue hallado una semana después, el sábado 8 de abril. Por ese hecho, el principal acusado es Wagner. Y tras la nacionalización del caso Micaela, se desató una andanada de cuestionamientos al juez Rossi, y hasta el presidente Mauricio Macri pidió su remoción.
Peticiones. La censura al proceder del juez se tradujo en siete presentaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento, un organismo regulado por la Constitución reformada en 2008, pero todavía sin reglamentar. Es por eso que el proceso al magistrado será regulado por la Ley Nº 9.283, sancionada en 2000. Esa ley establece que el Jurado se integran seis miembros: dos del Poder Legislativo, dos del Colegio de Abogados y tres del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Al jurado lo preside el diputado provincial Diego Lara (FPV), y lo integran, por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos: Bernardo Salduna, Daniel Omar Carubia y Emilio Aroldo Eduardo Castrillón. En caso de que alguno de los magistrados no asuma en el Jurado, lo hará un suplente. Por el Senado: Ángel Giano (titular) y Roque Ferrari (suplente); por la Cámara de Diputados, Lara (titular) y Rosario Romero (suplente).
Por el Colegio de Abogados de Entre Ríos: Jorge Campos, y Roberto Behéran (titulares). Y Jorge Ricardo Moreira Ghiglione y Héctor Fidel Rodríguez (suplentes).
Pero ya hubo cinco recusaciones. Los defensores del juez Rossi, los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, recusaron a cinco integrantes del Jurado por haber adelantado opinión sobre el caso.
De los siete integrantes, los recusados son tres titulares y dos suplentes: el presidente Diego Lara; al vice, el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón; al senador Ángel Giano (FPV), miembro titular por la Cámara Alta; y a los integrantes suplentes, el senador Roque Ferrari (Cambiemos) y la diputada Rosario Romero (FPV).
Esas recusaciones deberán ser evaluadas por un nuevo tribunal.
Ahora, lo que transcurre es el plazo para que cada jurado recusado resuelva si se excusa o en cambio plantea seguir interviniendo Claro que el trámite se resolverá según lo establece el Código Procesal Penal en materia de recusaciones y excusaciones. En su artículo N°47, fija que el Tribunal competente para resolver en estos casos es la Cámara de Apelaciones. Y eventualmente, llegará hasta el STJ.
Siete. Son siete las presentaciones por mal desempeño contra el juez Rossi. La última, corresponde a los diputados provinciales María Elena Tassistro (del bloque Frente Renovador-Unión Popular) y Ricardo Troncoso (del bloque unipersonal Recuperación Radical).
Antes, habían hecho presentaciones el senador por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda (Cambiemos), el de la organización civil Red de Alerta; el senador por el departamento La Paz, Aldo Ballestena (FPV); la presentada por el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), que contó con la adhesión de 200 firmas; los bloques de diputados y de senadores de Cambiemos, con el acompañamiento de la firma del intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, y del senador nacional Alfredo de Angeli; y el promovido por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra).
Los defensores de Rossi ya presentaron los descargos por seis de esas presentaciones, y según dijo el abogado Guillermo Bartorelli, resta contestar las peticiones hechas por los diputados Tassistro y Troncoso, y una ampliación de denuncia que formuló el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos).
El jurado dispone de 60 días hábiles para culminar el proceso, que se distribuye de la siguiente manera, según fija la ley: “a) 20 días hábiles para el jurado del primer voto, 6 para cada uno de los 6 jurados restantes; b) 4 días hábiles para el ordenamiento y compilación de los votos, redacción final y firma de la sentencia”.
En cuanto a la acusación, el artículo 11º indica que “ante el Jurado actuará como Fiscal quien actúe como tal ante el Superior Tribunal (el procurador, Jorge García); y será designado en el momento de darse curso a la denuncia. El acusado tendrá derecho a designar a su abogado defensor dentro de los 10 primeros días del traslado de la acusación, de no hacerlo se le designará defensor de oficio en la forma prevista para la designación de defensor en el Código Procesal Penal”.
En tanto, el artículo 24º, señala que “recibida la denuncia el Jurado previa audiencia al imputado al que le correrá vista de la misma, resolverá dentro de los 30 días y por decisorio fundado la formación de causa, si de los elementos reunidos surge en grado de probabilidad la existencia de un hecho de los previstos en los Artículos 15º, 17º y 18º de esta Ley”.
¿Por qué volvió?
“El juez se había tomado unos días por recomendación médica. Tuvo una crisis de ansiedad y una depresión producto de la situación que vivió después del crimen de Micaela García”, explicó el abogado Guillermo Vartorelli.
Habla, claro, de la situación del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, con siete pedidos de jury ante el Jurado de Enjuiciamiento luego del crimen en Gualeguay, del que se responsabiliza a Sebastián Wagner.
“Vencieron los días que tenía de licencia, y volvió a ver si puede trabajar”, apuntó el letrado.
“Se sintió mejor, y entonces decidió retomar sus funciones. Está más tranquilo, pero por ahora decidió no hacer declaraciones. Quiere responder a todos los cargos que le han formulado ante el Jurado de Enjuiciamiento, y hacerlo por escrito. Nos pidió eso. Después, sí, va a hablar con los medios”, apuntó Vartorelli.
