Luego de la protesta de este miércoles en donde fueron bloqueadas sedes municipales por coches de alquiler, en una reunión realizada en la Secretaría de Gobierno municipal entre funcionarios y taxistas, se acordó la suba de la tarifa desde el 1 de septiembre, siempre que el sector se avenga a solucionar una serie de irregularidades.
Aunque los propietarios y choferes pedían una suba de la bajada de bandera de 5 a 6,50 pesos y de la ficha cada 100 metros de 30 a 50 centavos, tras la negociación se informó que los nuevos valores serán de 6 pesos y 40 centavos. La última actualización se realizó hace ocho meses.
Las condiciones a cumplimentar por parte del sector incluyen la regularización de deudas con organismos municipales, el ordenamiento de diversas situaciones administrativas y el ajuste a la legislación laboral vigente. Además, se acordó que en 30 días el gobierno municipal enviará un proyecto de ordenanza con nuevos parámetros para regular la actividad.
Caducidad. “Para que la actualización sea efectiva, los concesionarios de taxis deberán regularizar las deudas con los diferentes organismos municipales en 30 días y tendrán que adecuarse a la legislación laboral y municipal. Si no cumplen, el gobierno podrá determinar la caducidad de la licencia o de la nueva tarifa”, señaló el secretario de Gobierno, Arnaldo Gomariz, al término del encuentro.
En el acta acuerdo firmado ayer se estableció que ningún trámite será iniciado o continuado sin la presentación de un libre deuda de los organismos correspondientes. También se suscribió el compromiso de garantizar el servicio en horarios nocturnos, fines de semana y feriados.
Conformes. Eduardo Jacob, representante de la Cámara de Taximetristas, manifestó la conformidad del sector respecto al acuerdo, rescató la disposición de los funcionarios para dialogar y anticipó que volverán a reunirse para seguir evaluando la situación.
Desde la Cooperativa de Radio Taxis, en tanto, Eduardo Vázquez, expresó: “Es muy importante que tanto de nuestra parte como desde el Estado estemos dispuestos a trabajar en conjunto para lograr un mejor servicio”. También se mostró conforme con el acuerdo alcanzado “porque no solo se logró recomponer el cuadro tarifario, sino que se acordó avanzar en cuestiones que hacen a la mejor prestación del servicio”.
Irregularidades
De los 528 taxis que circulan en Paraná, 150 tienen deudas con la Administración Fiscal Municipal (AFIM) en mora desde hace más de dos años. Además, dos tercios tienen deudas menores y otros no han pagado sus obligaciones ante la Justicia de Faltas, se informó oficialmente. Del total de vehículos, 102 tienen más de 10 años de antigüedad. También hay coches que no poseen la revisión técnica y 144 presentan incumplimientos administrativos, entre ellos la falta de los trámites obligatorios para circular.
La mayoría de los choferes no tiene el certificado de buena conducta que exige la normativa y, además, el sector exhibe un alto nivel de informalidad.
Madura una nueva legislación
Además de las responsabilidades propias de patronales y trabajadores, la intendenta Blanca Osuna adjudica al Estado parte de la responsabilidad de la situación del sistema de taxis en la ciudad. “En el tratamiento que el Estado le ha dado al sector ha habido una tendencia al descontrol, que significa un riesgo para los trabajadores, para los usuarios y para quienes transitan por la ciudad”, señaló la jefa comunal a EL DIARIO. “No hay antecedentes de controles, seguimientos, ni regulaciones”, acotó.
La herramienta para dar una solución integral es la elaboración de una nueva ordenanza que vendría a actualizar la que rige actualmente, sancionada en 1991. “Desde entonces, cambió la realidad del sistema de taxis en muchos aspectos. Por eso, vamos a darle un nuevo enfoque a la actividad, capitalizando las experiencias adquiridas”, anticipó Osuna, al tiempo que señaló que ya se trabaja en la redacción del correspondiente proyecto tomando, entre otras pautas, la legislación vigente en otras capitales del país.
En la ordenanza que rige actualmente, por ejemplo, aparece de manera genérica la responsabilidad de brindar una cobertura de 24 horas. Para cumplir ese requisito, es indispensable para los propietarios contratar peones, pero esta figura no está contemplada en la normativa, de lo que deriva una importante informalidad laboral en el sector.
Con la nueva legislación se buscará también reforzar la responsabilidad tributaria y establecer una metodología para evaluar los costos, de manera que a la hora de discutir tarifas se tenga una estructura a la que apelar y no solo aproximaciones.
“Es un servicio al que consideramos muy necesario, que tiene antecedentes buenos y malos. Queremos apoyarnos en los buenos y trabajar en conjunto por la mejora global y especialmente para que las fuentes de trabajo que el sector genera sean genuinas”, completó Osuna.
Fuente: El Diario.
