Alentado por la ampliación de la base tributaria y la baja de la morosidad lograda por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el gobierno provincial puso su atención en los deudores morosos del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, y no se descarta que en las próximas semanas se conozcan medidas tendientes a lograr el pago de los cuotas atrasadas.
Sintetizados, los datos de esta situación son bastante contundentes. Actualmente, en números redondos, de 23.000 adjudicatarios de viviendas sociales en la provincia, 17.000 son deudores morosos. Es decir que el sistema de recupero de cuotas para financiar nuevas construcciones, logra cobrar solo el 26,1% de las cuotas.
En el mapa de deudas hay quienes deben una cuota, pero hay quienes adeudan hasta 100.000 pesos, que es casi el valor de la vivienda completa que construye el IAPV.
En promedio, los deudores morosos han incumplido compromisos por 7.650 pesos aproximadamente.
Ese monto implica una deuda total de algo más de 130 millones de pesos, y el dato más saliente es que con ese dinero podría construirse un millar de viviendas.
El costo no incluye el valor del terreno, pero del mismo modo que el recientemente lanzado Programa de Crédito Argentino (Procrear) plantea recurrir a terrenos fiscales para la construcción de viviendas, podría hacerlo la Provincia.
El sistema
El actual sistema de construcción de viviendas sociales en el país se basa principalmente el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), que tras numerosos cambios desde la creación del organismo en 1970, se estableció en marzo de 1995, mediante la Ley Nº 24.464, que se financiaría con el 42% de lo recaudado con el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Esos aportes llegan por vía de la coparticipación de impuestos .
El otro ingreso es, obviamente, el que más flaquea, que es el recupero de cuotas. Actualmente el IAPV gestiona el cobro de esas deudas atrasadas de tres maneras.
Una forma es la liquidación de la deuda para la posterior cancelación por parte del adjudicatario.
La otra forma es mediante la intimación al pago a través de la estructura legal del organismo, con la posibilidad de una refinanciación de la deuda, a cargo del IAPV.
El tercer método son las intimaciones judiciales que lleva a adelante la Fiscalía de Estado.
El mecanismo
Desde el organismo se comenzó a diagramar un mecanismo de recupero de deuda que toma como dato excluyente la desactualización que sufrieron las cuotas de las casas desde 2001 a esta parte.
Para afrontar esta situación, el IAPV trabajó en un nuevo mecanismo que contempla dos tipos de situaciones: la refinanciación de cuotas atrasadas, y la financiación de ahora en más.
Sobre las cuotas atrasadas se presenta el panorama más complejo, porque los planes de financiación contemplaban una actualización del 1% anual.
De este modo, si alguien debe una cuota de 50 pesos desde hace 20 años, hoy no se le podría cobrar mucho más de 60 pesos, que es el 20% de interés acumulado durante dos décadas.
La caída de los ingresos del IAPV por recupero de cuotas es enorme cuanto más alta es la tasa de inflación, que se contrapone con el 1% acordado inicialmente.
Las cuotas de valores más atrasados oscilan entre 40 y 140 pesos. Lo que permite el nuevo mecanismo de financiación es elevar el valor de las cuotas de las refinanciaciones a un monto mínimo de alrededor de 500 pesos, que es el valor que también tiene una cuota mínima de una vivienda que se financie de ahora en adelante.
En este caso -el de la segunda situación- que se refiere a las nuevas financiaciones de viviendas, se aplicará una cláusula de actualización que contempla una tasa de interés igual a la mitad de la que fija el Banco Hipotecario Nacional para los créditos que otorga.
La intención del gobierno es avanzar en el recupero de estos montos, sin dejar de considerar que se trata de un mecanismo de viviendas sociales; pero recuperando la idea de que es un sistema solidario en cuanto a su financiamiento.
Solidario
La preocupación por mejorar el nivel de cobro de las cuotas del IAPV se instaló con fuerza desde la década del 90.
Tal vez resulte una simplificación considerar que el nivel de pago de las cuotas cayó casi simultáneamente con la calidad de las viviendas que se entregan, o suponer que a raíz de esa situación la gente dejó de pagar.
Tal vez la generalización de planes sociales -necesarios en un país donde hay grandes desigualdades- llevó a la “confusión” sobre la gratuidad de las viviendas.
Ante esto, deberá el gobierno impulsar un cambio de idea al respecto, un “cambio cultural”, para recuperar el componente la solidario del mecanismo. La dureza del método que aplique es lo que resulta más difícil de mensurar.
