El gobierno entrerriano esperará “como mucho una semana” para presentar una medida cautelar con el objetivo de acoplarse a los fallos favorables a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, que consiguieron que la Corte Suprema de Justicia ordenara la suspensión de la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables ejecutada por la Nación desde 1992.
No obstante, según informó a EL DIARIO el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, la intención primera sería que se produjera una negociación de orden político que dé lugar a una salida administrativa a la situación planteada tras el fallo que, además, ordenó negociar entre las partes involucradas en un lapso de 120 días la devolución de las sumas retenidas desde 2006.
Suponen en Casa de Gobierno que el gobierno nacional -sea con Cristina Fernández de Kirchner al frente o con Mauricio Macri- deberá propiciar una solución integral para el lote de provincias no incluidas en el fallo, para frenar una oleada de cautelares y evitar que el Estado deba afrontar las consecuentes sentencias desfavorables.
Tras trabajar en el tema durante varias horas con el gobernador Sergio Urribarri y su sucesor Gustavo Bordet, Rodríguez Signes informó que en la Fiscalía de Estado se elabora un borrador de demanda de similar tenor al presentado oportunamente por el gobierno de Córdoba.
ANTECEDENTES. La Nación comenzó a retener los fondos en cuestión en 1992, ante una situación casi de quiebra de la seguridad social, que ahora podría volver a verse comprometida. En agosto de ese año, el gobernador Mario Moine suscribió junto a sus pares de todo el país con el ex presidente Carlos Menem el denominado “pacto fiscal”.
Allí se estableció que las provincias le cedían a la Nación el 15% de la masa de impuestos coparticipables con la meta de financiar Anses y el sistema previsional nacional, en tiempos en que distintas provincias, entre las que no estuvo Entre Ríos, transferían a la Nación sus cajas de jubilaciones.
En 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, volvió a extenderse el pacto fiscal, en el caso entrerriano con la firma del entonces gobernador Sergio Montiel. Rigió el nuevo documento hasta 2006, año en el cual, ya con Néstor Kirchner como jefe de Estado, se incorporó el compromiso en la ley de Presupuesto 26.078, hasta que se sancionara una nueva ley de Coparticipación Federal, tal como establece el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional reformada en 1994.
En esa nueva etapa, Kirchner negoció con cada gobernador y fue firmando acuerdos que se denominaron de “armonización del sistema previsional”. En Entre Ríos, con el ex gobernador Jorge Busti suscribió un compromiso por el cual la Nación reconoció parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y envió alrededor de 180 millones de pesos. Como contraparte, la provincia debía armonizar su sistema previsional con el nacional, en aspectos como la edad para jubilarse, las condiciones para calcular los haberes y mediante la revisión de las pensiones por discapacidad, entre otros puntos.
Estas medidas nunca fueron tomadas y en 2012 Entre Ríos y otros distritos dejaron de recibir esos fondos. Ahí comenzó a acumularse el déficit que presentan hoy las cuentas públicas de varias provincias, incluida Entre Ríos, y se profundizó el desequilibrio presupuestario.
Los gobiernos de Santa Fe y San Luis nunca habían firmado convenios de armonización y decidieron demandar, al entender que la prórroga dispuesta desde 2006 era inconstitucional. Córdoba sí había firmado esos acuerdos, pero dejó de percibir los fondos porque, lejos de “armonizarse”, su sistema previsional se desbalanceó aún más. Tiempo después, el gobierno de esa provincia presentó una medida cautelar.
HISTÓRICO. Rodríguez Signes comentó a este medio que el tema que se pone sobre el tapete con el fallo del máximo tribunal no es nuevo para Entre Ríos. “Manejamos este asunto a la perfección y permanentemente hemos insistido en distintas instancias administrativas y políticas acerca de éste y otros reclamos. La provincia nunca presentó una demanda ante la Corte, pero el tema siempre estuvo en la agenda de Urribarri”, señaló el fiscal de Estado.
“Para adelante, este fallo a favor de las provincias es histórico, ya que a esta situación no se hubiera llegado nunca, dado que ni siquiera las distintas administraciones se ponían de acuerdo. Para Entre Ríos, serían 3.500 millones al año, cuya llegada aseguraría el equilibrio del presupuesto”, indicó.
Coincide con ese cálculo el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto. Según el funcionario, en 2014 ingresaron a la provincia 11.424 millones de pesos de fondos enviados por la Nación. Con el 15% que contempla el fallo de la Corte, esa suma hubiese ascendido a 13.441 millones.
Antes del balotaje, la Legislatura provincial sancionó el presupuesto 2016, con un déficit previsto de 1.035 millones de pesos. La llegada de estos fondos modificaría la matriz de financiamiento de Entre Ríos y la provincia tendría sus cuentas equilibradas por primera vez en años, lo que abre un panorama más que alentador para la nueva administración.
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(1): La Fiscalía de Estado elabora un borrador de demanda de similar tenor al presentado oportunamente por el gobierno de Córdoba.(2)La postura de Bordet
En plena campaña electoral, Bordet sorprendió a los presentes en un encuentro en Puerto Madero con su postura acerca de la coparticipación. Ahora, quizás le toque reclamar ante la Corte con Mauricio Macri en la Casa Rosada. “Sería un buen punto de partida para afianzar el federalismo encontrar un régimen de coparticipación que solucione inequidades, dé previsibilidad y asegure la gobernabilidad”, manifestó a fines de septiembre mientras era candidato a gobernador. “Un buen comienzo sería poner en práctica lo que expresa la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 2: que se sancione una ley que establezca el régimen coparticipable en la Argentina, cosa que no se ha cumplido en los sucesivos gobiernos, y me hago cargo de la parte que me toca”, postuló Bordet ante los asistentes al XIV Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).
(3): “Para Entre Ríos, serían 3.500 millones al año, cuya llegada aseguraría el equilibrio del presupuesto”, indicó el fiscal de Estado, Rodríguez Signes.
