La Comisión Directiva del Colegio de Asistentes Sociales de Entre Ríos (CASPER), emitió un documento en el que analiza la realidad de Entre Ríos comparando los censos del 2001 y 2010. Según el informe la población total de la provincia se incrementó, mientras que la de niños decreció, disminuyeron los índices de pobreza y aumentaron los recursos. Los asistentes sociales se preguntan entonces “cuáles son las causas” por las que el Copnaf “no pueda dar respuesta a cuestiones que le competen, en términos normativos, políticos e institucionales”. En efecto, los profesionales cuestionan la “falta de atención y de seguimiento” a un “alto porcentaje” de denuncias de maltrato infantil.
La comisión directiva del CASPER, elaboró un documento en el que cuestionan duramente la actuación del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, presidido por Mercedes Solanas, en “la falta de atención adecuada o atención puntual sin seguimiento del alto porcentaje de denuncias de Maltrato Infantil y Violencia Familiar”; en tanto denuncian la “inexistencia de equipos interdisciplinarios en la mayoría de los servicios, que brinden respuestas a la complejidad familiar”, que se presenta diariamente en “la no reformulación de los dispositivos instituciones, carencia de ellos en temáticas complejas e insuficiencia de los existentes para dar respuesta serias frente a los pedidos de medidas de protección excepcional”.
Revelan además, la situación laboral de los profesionales en el organismo, con “contratos precarios y /o su reemplazo por operadores o promotores comunitarios”.
Deficiencias edilicias
Enumeran, entre otras, las “deficiencias edilicias graves cuando no ausencia total de infraestructura en los servicios de protección”.
A continuación se transcribe el documento en cuestión:
“Según el Censo 2001 la población total de Entre Ríos era de 1.158.147 y para el Censo 2010, la población total de Entre Ríos arroja la cantidad de 1.235.994 habitantes. La población menor de 14 años para el Censo 2001 da una cifra de 344.661 y para el año 2010, la población de 0 a 14 años resulta ser de 324.299. O sea que la población total se incrementó en la cantidad de 77.847 habitantes, mientras que la población de 0 a 14 años decreció en 20.362 habitantes o sea niños. De tal manera que, del 29,8 % de la población total pasó a representar el 26,2% de la población total.
Ahora bien, según la misma fuente, en mayo de 2001, los indicadores sociales arrojaban que en el aglomerado Paraná (la información de Concordia es sustancialmente más grave) se encontraban bajo la línea de pobreza el 30% de los hogares y el 40,3% de las personas, mientras que bajo la línea de indigencia se hallaban el 10,3% de los hogares y el 13,1 % de las personas.
Para el segundo semestre de 2010, para el mismo aglomerado había 7,4% de hogares bajo la línea de pobreza y 9,5 % de personas en dicha situación; y bajo la línea de indigencia, se encontraban el 3,1 % de los hogares y el 3,2 % de las personas.
Ello permite apreciar, en nueve años, un sostenido descenso de las personas bajo las líneas de pobreza e indigencia respectivamente.
El valor agregado provincial casi se duplicó entre 2.003 y 2.010, lo que permite inferir que en la provincia ha habido una importante generación de riqueza y por lo tanto puede decirse que se han vivido años de prosperidad.
Entonces, si en los últimos diez años la cantidad de niños ha disminuido en valores absolutos, si la pobreza y la indigencia se han reducido drásticamente, si la provincia ha experimentado un crecimiento importante, cómo se explica que el organismo proteccional del niño, el adolescente y la familia no pueda dar respuesta a cuestiones que le competen, en términos normativos, políticos e institucionales.
Observamos como respuesta, las siguientes:
– Falta de atención adecuada o atención puntual sin seguimiento del alto porcentaje de denuncias de Maltrato Infantil y Violencia Familiar;
– Inexistencia de equipos interdisciplinarios en la mayoría de los servicios, que brinden respuestas a la complejidad familiar (en función de factores económicos, sociales culturales, etc), que se presenta diariamente;
– No reformulación de los dispositivos instituciones, carencia de ellos en temáticas complejas e insuficiencia de los existentes para dar respuesta serias frente a los pedidos de medidas de protección excepcional;
– Contratos precarios y /o su reemplazo por «operadores o promotores comunitarios»
– Deficiencias edilicias graves cuando no ausencia total de infraestructura edilicia en los servicios de protección
Lo que deriva en:
– sobredemanda a los profesionales que se desempeñan en los diversos servicios
– imposibilitados de dar respuesta eficiente al cúmulo de tareas y a las demandas y problemáticas de las personas que atiende
– desgaste físico y emocional del personal de contacto
– desarticulación entre las necesidades de los niños /adolescentes y las respuestas institucionales;
– revictimización de niños, niñas y adolescentes;
– vaciamiento del sentido que da origen a este Organismo para «Protección de Niños, Jóvenes y sus Familias»
En este marco y habiendo intentado dialogar por las vías institucionales, solo se ha obtenido respuestas represivas a los profesionales que intentan denunciar lo expuesto en los últimos días”.
APF
