Rosario, Córdoba, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Capital Federal, Tierra del Fuego, Santa Fe capital y Entre Ríos, son algunos de los lugares en los que los inquilinos decidieron agruparse. Además de realizar un análisis de las particularidades de cada lugar y generar acciones concretas, promueven algunas medidas a nivel nacional. De acuerdo con los datos que manejan, más de 5 millones de personas en todo el país sufren los aumentos indiscriminados de los alquileres y las indexaciones semestrales.
Gervasio Muñoz, referente del Frente de Inquilinos Nacional, estuvo en Entre Ríos y dialogó con EL DIARIO acerca de la situación del sector. “Planteamos un proyecto de ley que establezca un plazo mínimo de alquiler a tres años, que los aumentos sean anuales y que estén sujetos al índice de inflación de Indec, sin superarlo”, indicó.
Ocurre, explicó, que el valor de los alquileres es determinado por el mercado inmobiliario. “Año tras año los aumentos están muy por encima del índice de inflación, más allá de quien lo mida. A nivel provincial estamos estudiando la posibilidad de que se cree un organismo estatal que defienda a los inquilinos y poder contar con un registro de contratos de alquiler, para saber cuántos hay, en qué condiciones lo hacen. La situación que se vive es alarmante”, definió.
EN LA PROVINCIA. El Frente de Inquilinos nacional agrupa a nueve organizaciones de diferentes regiones que confluyeron en ese ámbito común en 2015.
Muñoz llegó hasta Oro Verde a comentar experiencias propias y a producir un intercambio con quienes decidieron reunirse. “La organización surge en Oro Verde donde hay maltratos y abusos por parte de una inmobiliaria, que es lo que vemos en todo el país. El mercado inmobiliario hace y deshace a su antojo y el Estado no regula el alquiler de la vivienda”, sostuvo y agregó que frente a esto elaboran propuestas que posibiliten generar herramientas.
En Entre Ríos, dijo, “sucede que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las provincias, hay una ley provincial que dejó a manos del Colegio de Corredores Inmobiliarios la estipulación del cobro de comisión. No hay negociaciones, no existen el Estado, ni el inquilino, es el mercado el que las regula y los contratos de alquiler son abusivos, hay complicaciones con la devolución de los depósitos, aumentos desproporcionados”.
PROTECCIÓN. Inquilinos Organizados de Oro Verde es el nombre bajo el que se nuclean vecinos de esa localidad. Uno de sus integrantes, Augusto Muñoz, contó que todo comenzó a través de comentarios que circulaban en redes sociales sobre “una inmobiliaria en particular que se manejaba con malos tratos” y a partir de eso fueron confluyendo.
Con el objetivo de proteger los derechos de quienes alquilan inmuebles para vivienda, decidieron avanzar en la organización. “Los fines del grupo eran modestos: compartir las experiencias, problemáticas comunes. En principio nos movilizó ese hecho particular pero hay muchas cosas que exceden esta situación y al asesorarnos descubrimos que teníamos un desamparo estatal marcado. De ahí se nos ocurrió formar el grupo de inquilinos, como sujetos de derechos, y establecimos contacto con referentes nacionales. Descubrimos que la problemáticas son similares en todo el país. Cláusulas leoninas, abuso, entre otras cosas”, explicó. “Uno de los objetivos más próximos es peticionar ante las autoridades locales y provinciales para la conformación de un ente especifico de asesoramiento legal, que pueda mediar, y acompañar la discusión sobre la nueva ley de alquileres”, dijo.
La vivienda propia
Respecto de las políticas nacionales destinadas a la adquisición de vivienda propia, el referente nacional expresó que en la Argentina lo que está sucediendo es “una fiel reproducción de lo que ocurrió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se han comunicado créditos hipotecarios a los que no ha logrado acceder casi nadie, que se ofrecían para familias y terminaban siendo adquiridas por empresas constructoras. Ocho años de gobierno del PRO significaron menos propietarios y más inquilinos”. Asimismo, detalló Gervasio Muñoz, actualmente “un tercio de la ciudad alquila, ése es el panorama que se está viendo a nivel nacional, con la complicación de que desde noviembre hay aumentos como nunca ha habido, que rondan el 60%. En 2017 va a ser muy difícil afrontar lo firmado a principios de 2016. Se corre riesgo de que se produzca una crisis habitacional y que haya un corrimiento de quienes alquilan formalmente al nivel informal”.
Fuente: El Diario
