Después de 10 años, la Argentina reabrirá sus cuentas y números económicos al Fondo Monetario Internacional (FMI) para ejecutar una misión para la aplicación del «artículo IV». Esto es, la auditoría financiera que deben permitir todos los socios del organismo que maneja Christine Lagarde basada en la inspección de técnicos enviados desde Washington y que el país se negaba a autorizar desde que Néstor Kirchner en 2006 pagó la totalidad de la deuda con el FMI.
Según la gestión anterior, se trataba de un resguardo a la soberanía nacional. Para el FMI, era una manera de ocultar la manipulación de las estadísticas del INDEC. Lagarde en persona amenazó hace dos años con aplicar una «moción de censura» y sancionar a la Argentina.
Para el Gobierno de Mauricio Macri la intención es cambiar radicalmente la relación, y abrirse a las inspecciones previstas en el «artículo IV» como un «paso más a la normalidad», según la definición de una fuente del gabinete nacional. Según el Ejecutivo, ya se saben las críticas que se harán desde el FMI (nivel de déficit, inflación y relativa debilidad en la balanza comercial, entre otras consideraciones). Desde el Ministerio de Hacienda y el Banco Central se mostrarán las cartas locales sobre la mejora en la situación estructural de la economía, incluyendo la salida del cepo y la normalización de la relación con el sistema financiero internacional luego de pagar a los holdouts.
Lo importante es que la misión termine con un aval medio del FMI para terminar de oficializar la «normalización» de la Argentina ante el mundo. Lo que se descarta de plano desde el Gobierno es que la llegada de los técnicos del FMI tenga que ver con la posibilidad de abrir líneas de crédito con el Fondo Monetario, algo que políticamente aún no tendría apoyo por parte de la oposición.