Con la mira puesta en disminuir el impacto de la devaluación del peso en los precios generales de la economía, el gobierno anunció ayer un acuerdo voluntario con distintos sectores fabricantes de los llamados insumos difundidos y de alimentos para retrotraer los valores al 21 de enero pasado. Además, se llegó a otro acuerdo con los fabricantes de electrodomésticos.
En una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunciaron que tras una serie de reuniones con las empresas de insumos difundidos (Aluar, Acindar y Siderar), petroquímica (Dow, Basf y Petrobras) y plástico se convino unificar el retroceso de los valores que ya algunos proveedores habían modificado hacia arriba en forma unilateral, unos por tener insumos dolarizados y otros simplemente por vicio especulativo. La fecha del 21 de enero no es caprichosa: se toma como hito previo a la parte más dura de la devaluación del peso, que operó jornadas después de ese día. En la baja de precios alcanzada ayer, se mencionó tangencialmente la situación de los productos de supermercados, ya incluidos en el acuerdo trimestral de precios cuidados, y cuyos valores empezaron a bajar desde el lunes último, según confirmaron fuentes de la Asociación de Supermercados Unidos (ver página 3). Otro de los ítems de precios estables que surgió en la conferencia de los funcionarios fue el rubro librería e insumos escolares. En este último tema, Capitanich confirmó que desde febrero el gobierno trabajará en la difusión de una canasta escolar que saldrá a la venta en la víspera del inicio del ciclo lectivo 2014. «Se está avanzando en el diseño final», explicó el chaqueño.
Como mecanismo de control para que los empresarios bajen los precios, los funcionarios aseguraron que aplicarán multas y sanciones, además de que existirá desde hoy una especie de monitoreo a cargo de las asociaciones de consumidores y los intendentes del Conurbano (ver aparte). «Las empresas se comprometen en retrotraer los precios a la situación del 21 de enero, previo a algunos aumentos», expresó Kicillof, ladeado por Augusto Costa, el secretario de Comercio Interior, quien se encargó de las reuniones de esta semana con buena parte de los proveedores. El titular de Economía agregó que en el caso de las industrias metalúrgicas, la baja de precios debería tener efecto en otros productos derivados: «Aluminio y acero son los primeros eslabones de la cadena de valor» para la confección de manufacturas. Este rubro impacta, por caso, en el sector de la construcción y en la fabricación de automotores, esta última una industria que remarcó fuerte los precios sin previo aviso ni justificación.
Por otra parte, y en lo que tiene que ver con los fabricantes de electrodomésticos –un grupo de empresas que se dedican a ensamblar partes importadas en el polo industrial de Tierra del Fuego– Kicillof aseguró que «los precios se retrotraen al primero de enero», pero con una particularidad: se les autorizó a la fábricas subir en enero un 7,5% sus precios, una forma que tiene el Estado de reconocerle al sector la injerencia de los aumentos de importados. Sobre este punto en particular, hubo ayer una reunión cerca del mediodía, en Casa de Gobierno, de Capitanich con los popes de la Asociación de Fabricas y Terminales de Electrónica (Afarte) y el líder de la UOM, Antonio Caló. «Los precios van a volver atrás y garantizamos que el abastecimiento va a ser normal», dijo el titular de Afarte, Alejandro Mayoral, a este diario. En ese encuentro, se pulió la propuesta inicial de aumentos y se llegó a un término medio, ya que las firmas habían pedido subas del 7,5% para enero y para febrero. Cabe destacar que los aumentos autorizados para los productos electrónicos son sólo para los proveedores, es decir, resta sumarle el margen de ganancia por producto de cada casa de venta. Por esta razón, Kicillof hizo un llamado a «la colaboración» de las empresas en el marco de los anuncios. De todas maneras, el ministro siguió en la misma línea negociadora del acuerdo de precios, y adelantó que en el caso de los electrodomésticos, se abrirá «una fase de estudio para ver cómo afecta el componente importado en el precio final». Según informaron a este diario fuentes oficiales, los productos con mayor influjo de importados son, justamente, los más demandados, como las tablets, notebooks y televisores inteligentes.
En el marco del anuncio realizado ayer, Capitanich destacó además el diálogo que mantuvieron en las últimas horas con representantes de las empresas emisoras de tarjetas de crédito. El dato no es menor: en muchas casas de electrodomésticos, por decisiones generalmente consensuadas, se habían congelado las promociones de compra en cuotas de los productos. «Se van a mantener», dijo ayer una fuente cercana al gobierno, respecto al pago diferido en 12 o 24 cuotas sin interés.
Con los detalles confirmados ayer, el gobierno busca un acuerdo de precios macro, con diferentes sectores que están conectados en muchos casos por intercambio de insumos. Así, se intenta controlar el impacto de la devaluación en los valores de referencia. Esta ronda de reuniones que derivó en los anuncios de ayer, se había iniciado a comienzos de esta semana con el sector construcción. Economía y Capitanich dialogaron con los referentes de la cámara sectorial que nuclea a los empresarios, y con el Grupo Construya, que aglutina a los fabricantes de insumos como cemento, pinturas y cerámicos. Allí se consideró mantener la estabilidad de los precios, en un rubro sensible que no sólo afecta a la esfera privada. El martes, el titular de la ANSES y encargado político del plan Pro.Cre.Ar, Diego Bossio, denunció el abuso de precios en corralones de materiales. De hecho ayer, Bossio se reunió con intendentes bonaerenses para que colaboren en la supervisión regional de los precios de los materiales de construcción.
Por último, Costa recordó ayer que seguirá el acuerdo de precios cuidados, que se firmó con las grandes cadenas de supermercados el año pasado, y consideró como próxima meta clarificar el proceso de señalización de precios en góndolas, una asignatura pendiente del control estatal y a la vez una de los mayores vicios de los supermercados cada vez que pretenden direccionar la demanda de producto hacia una oferta determinada y no hacia otra.
