
En la madrugada del miércoles, en la Cámara de Diputados había aprobado por amplia mayoría el proyecto de ley.
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En una sesión especial que se extendió más de seis horas, la oposición pudo imponer que se abra el debate para fijar los alcances de la Ley 24.390, que fue derogada en 2001 y beneficiaba a los detenidos con prisión preventiva por plazos superiores a 2 años, computándoles por cada día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión.
Tras la aprobación del proyecto de ley, el jefe de los senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, reclamó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que dejen de lado «la construcción ficcional» y «se atengan a la ley», a la vez que se declaró a favor de «oxigenar» o «rearmar» al máximo tribunal de justicia.
«Nuevamente el Congreso tiene que restablecer equilibrios y votar un mensaje muy claro de uno de los poderes del Estado dirigido a otro poder, que es el Judicial», dijo Pichetto en su discurso de cierre en la sesión especial del Senado en la que se aprobó una ley para bloquear la aplicación del beneficio del 2×1 a los represores.
El jefe de los senadores de la oposición calificó de «irracional e irresponsable» al fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el 2×1 a un represor y criticó la intención de la jueza Elena Highton de Nolasco de permanecer su cargo en el tribunal pese al límite de los 75 años para los miembros.