El exsecretario de Obras Públicas José López fue sometido a una serie de estudios médicos que confirmaron que está «apto para declarar» este jueves, luego de que su defensa informara sobre un presunto brote psicótico, mientras que el juez federal Daniel Rafecas dispuso la inhibición general de sus bienes y ordenó una serie de allanamientos en varias ciudades donde tiene propiedades declaradas.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, López fue trasladado desde la Fiscalía hacia el hospital «Vicente López y Planes» del partido bonaerense de General Rodríguez, donde se evaluó su estado de salud, luego de que su abogada advirtiera que el exfuncionario «escuchaba voces», «alucinaba» y no «entendía» ni «recordaba lo que está pasando», por lo que solicitó una pericia psicológica.
Sin embargo, los estudios clínicos, psicológicos y neurológicos no arrojaron «ninguna contraindicación» para que declare este jueves a primera hora en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Rafecas, en el marco de la causa que lleva adelante en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
El médico Patricio Díaz,jefe de Guardia del hospital, señaló a la prensa que el exfuncionario fue sometido a una evaluación clínica y psiquiática cuyos resultados fueron normales, ya que estaba «lúcido y sin inconvenientes, ubicado en tiempo y espacio». «Se le hicieron los controles clínicos, neurológicos, psiquiátricos, de laboratorio, radiografía y tomografía computada. No aparecía ninguna lesión por lo cual fue externado del hospital.
Se fue compensado y con total conocimiento de sus acciones. Para nosotros está apto para declarar, no hay nada que lo impida», indicó Díaz a los periodistas y agregó que sólo se le detectó una «leve alteración de la presión arterial» debido a que «no estaba tomando la medicación».
Poco antes de su traslado, el Juzgado de Rafecas había librado oficios a los distintos registros de la propiedad automotor e inmueble del país para disponer la inhibición general de los bienes atribuidos a López, su esposa Amalia Díaz; y su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz.
• Allanamientos en Santa Cruz, Provincia y Tucumán
El juez federal Daniel Rafecas dispuso una serie de allanamientos simultáneos en las ciudades de Río Gallegos, Calafate, Tigre y la provincia de Tucumán, donde aparecen inmuebles atribuidos al exfuncionario, que estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Federal.
En su imponente casona del partido bonaerense de Tigre, que tiene salida al Río Luján, muelle, pileta y cerco eléctrico en el perímetro del jardín, encontraron 2.500 dólares, mientras que también se habrían secuestrado alrededor de 70 mil dólares en una caja fuerte a su nombre en la Capital Federal.
En Tucumán, la Policía Federal allanó la casa de la infancia de López, en Concepción, mientras que también hubo operativos en dos propiedades en Río Gallegos y en tres terrenos en El Calafate: el exfuncionario se radicó en el sur en 1990.
López es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en el período 2003 a 2008 aunque el propio juez dispuso ampliar el objeto de la investigación hasta la actualidad: la causa, que estaba paralizada, se reactivó a partir de la detención del exsecretario, quien fue sorprendido con casi 9 millones de dólares, euros, yuanes, joyas y relojes varios cuando los intentaba ocultar en un convento de General Rodríguez.
Al pedir la inhibición de bienes, el fiscal Delgado argumentó que «se encuentra fundamento en que, el estado argentino no sólo está obligado internacionalmente a perseguir los delitos de corrupción, sino que también debe velar por recuperar los activos provenientes de esos ilícitos».
El artículo 23 del Código Penal, recordó el fiscal, prevé que «el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer».
