«A la decisión de instalar el juicio por jurados la tomaron los constituyentes en 1853 y tiene sus antecedentes en los proyectos constitucionales del ´19 y el ´26», rememoró el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alfredo Pérez Galimberti.
Es que el ex defensor general de la provincia de Chubut fue convocado para ser parte de la apertura de las jornadas sobre Juicio por jurados que se extenderán hasta el jueves en Paraná.
«Los padres fundadores de esta república querían terminar con el poder absoluto, que estaba encarnado en la inquisición. Que la ley fuera dictada por el parlamento para que fuera para todos por igual, pero que los jueces se limitaran a pronunciar las palabras de la ley, y los hechos fueran decididos por ciudadanos, seleccionados para que sean imparciales, espejándose en el sistema de jurados ingleses», detalló el respetado abogado y catedrático de fuste, reconocido a nivel nacional y también internacional.
Pérez Galimberti advirtió que la implementación del juicio por jurados «se demoró mucho tiempo porque la nuestra fue una república oligárquica, manejada por pocas familias que eran quienes designaban a los magistrados y que no tenían ningún interés en ser juzgados por personas que no eran de su propia condición».
En relación a la utilización de esta herramienta judicial, el jurista valoró: «Siempre es beneficioso porque los que deciden son 12, con lo cual, hay 12 perspectivas, 12 caminos de vida, 12 sujetos que tienen las misma capacidad que un juez para determinar si una persona miente o no, y la misma capacidad para decidir cómo fue la causalidad de las cosas».
«Para adjudicar hechos somos todos iguales, y la discusión legal se tiene entre los abogados y el juez, previo al juicio, para la instalación de éste y luego para las instrucciones al jurado», explicó al respecto.
«Lo que prima es la evidencia que se presenta, respecto a que el fiscal debe persuadir al jurado más allá de una duda razonable respecto a que el hecho pasó como él dice y que el imputado es culpable. Si no convence al jurado de esto, el jurado dictará un fallo de no culpabilidad y esa es una garantía muy importante», amplió en relación a la implementación del juicio por jurados.
Fue en esa línea que rescató los casos de los enjuiciamientos al carnicero Oyarzún y al médico Cataldo. «Las personas dicen que si yo soy víctima de una agresión violenta por un tercero y el Estado no está ahí para hacerse cargo de mi seguridad, entonces yo me voy a defensor. Ese es un mensaje a los poderes públicos: `si ustedes no se hacen cargo de eso, no podemos decirles a estas personas que la vamos a condenar porque son leyes de la naturaleza que cuando uno se defiende, cuando uno sufre una agresión realmente grave´», destacó.
Para Pérez Galimberti, el juicio por jurados «es una revolución porque se trata de la incorporación de ciudadanos para ejercer un poder del Estado que siempre le estuvo vedada».
Fuente: Elonce
