El ministro de Economía, Hugo Ballay, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, informaron ayer sobre el impacto que tendría en las arcas provinciales la resolución favorable del planteo hecho por Buenos Aires.
En encuentro con la prensa y a continuación otro con los diputados provinciales de todos los bloques tuvieron ayer como protagonistas al ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, y al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. El tema en ambas reuniones fue la preocupación que generó al gobierno entrerriano el reclamo que la provincia de Buenos Aires llevó a la Corte Suprema de Justicia y que compromete recursos coparticipables. También, las estrategias que se evalúan, una de las cuales afectaría fondos de Anses.
El primer escenario fue el encuentro con la prensa en la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno del fiscal de Estado y el ministro de Economía, acompañados por los diputados justicialistas Diego Lara, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni y Gustavo Zavallo.
Los legisladores oficialistas hicieron hincapié en la actitud del gobernador Bordet en conjunto con sus pares, para tratar que no sea en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia donde se defina la cuestión, sino que el debate se dé en el Congreso de la Nación, “ámbito natural de discusión del sistema impositivo”. Otra expresión reiteradamente escuchada fue que el asunto “merece una resolución política”.
IMPLICANCIAS. El ministro Ballay insistió con que un fallo favorable a la petición de la jurisdicción gobernada por María Eugenia Vidal tendría un fuerte impacto negativo en la economía del Estado entrerriano. Para Entre Ríos, reiteró una vez más Ballay, sería de aproximadamente 3.500 millones de pesos año menos. Interesado en “hacer comparaciones, porque las cifras a veces son tan grandes que se distorsionan”, equiparó el monto a lo que hoy representa una nómina salarial incluidos activos y pasivos del Estado provincial. “Sería incorporar una nómina salarial más en un presupuesto, o el 80% aproximadamente del déficit del sistema previsional”, señaló. El intento es que quien escuche el número, dimensione la magnitud que tendría el impacto de una resolución judicial favorable a los intereses de Buenos Aires.
Ballay recordó que el planteo de inconstitucionalidad que hace el gobierno bonaerense al gobierno nacional y por el que la Corte corrió traslado a las provincias, es respecto de una asignación especial que tiene la distribución del Impuesto a las ganancias, pero “con la particularidad, subrayó, que lo hace solamente con relación a dos incisos del artículo (104 de la ley 20.628)”, en referencia al que fija el tope de 650 millones de pesos para esa jurisdicción y la distribución del 4% que se realiza entre todas las provincias, excepto Buenos Aires.
La demanda fue al gobierno nacional que al responderla “prácticamente se deslindó” porque, explicó Ballay, “el Estado nacional en este planteo no ve afectado ni un centavo de lo que coparticipa por el mismo impuesto”.
Ballay aseguró que son aproximadamente 52.000 millones de pesos en beneficio de la provincia de Buenos Aires. “Eso es lo que impacta negativamente en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya tuvo alguna compensación distinta en 2017”, apuntó. “Todas dejan de percibir 52.000 millones que van a las arcas de la provincia de Buenos Aires”, si la Corte resuelve a favor de la provincia reclamante.
SUBSIDIOS. El funcionario introdujo el tema de la racionalidad del reclamo, aspecto que analizó a la luz de otros beneficios que recibe la provincia de Buenos Aires, no así –remarcó- otros estados provinciales. Expuso en base a un trabajo realizado por Córdoba, donde se hace una comparación entre lo que supuestamente la provincia de Buenos Aires estaría perdiendo y el beneficio que recibe en concepto de subsidios de tarifas eléctricas, gas y transporte. “Frente a esa suma de aproximadamente 50.000 millones que actualmente estaría perdiendo –y por eso el planteo judicial- aproximadamente 75.000 millones es la diferencia a favor de Buenos Aires por subsidios que no recibe el resto de las provincias”, indicó. Ballay no se limitó a ilustrar la situación con el dato, sino que consideró que es un elemento que “en la consideración general también hay que discutir”. O sea, para el Ministro no es solo la coparticipación de impuestos sino que hay otros beneficios que recibe esa provincia que no están planteados en el juicio, y que son tema de discusión.
LOS CAMINOS. Desde que la Corte Suprema de Justicia corrió vista del reclamo a las provincias, requiriéndoles un informe, tuvieron lugar varias reuniones entre gobernadores y funcionarios de las áreas específicas para aunar posiciones. Ballay específicamente informó que del trabajo de los ministerios de Economía surgieron diversas alternativas. Una es que se le quite a la provincia de Buenos Aires ese tope de 650 millones y coparticipe al igual que el resto de las provincias. También, comentó, se consideró que se coparticipe el 10% y el 4% que solo es para el resto de las provincias; y en otro trabajo se evaluó que la inconstitucionalidad implique la totalidad de los incisos de ese artículo”. Esta última opción, advirtió, acarrearía dos hechos sustanciales: el primer inciso de ese artículo establece que el 20% de la recaudación de Impuesto a las ganancias va al Anses, y un 2% a ATN. “De llegar a prosperar, esa diferencia que hoy aparece en detrimento de las distintas provincias aparecería como un beneficio de una redistribución entre todas las provincias. Pero –apuntó- si repartimos siempre lo mismo, aparece la posibilidad de que el que tenga que ceder fondos sea el gobierno nacional a través de Anses”.
INTRAFEDERAL. La primera referencia del fiscal de Estado fue sobre la complejidad del tema que está en discusión, para de inmediato considerar “auspicioso” que se discuta en las legislaturas porque la materia es “derecho intrafederal”. Es que para coparticipación “no son suficientes normas del Congreso de la Nación. Las leyes de coparticipación son leyes convenio; las leyes convenio requieren pactos entre las provincias y la Nación, y de las provincias entre sí, y a su vez requieren la aprobación por parte de las legislaturas provinciales y por parte del Congreso con mayoría especiales”. Así es que sostuvo que “comenzar a discutir después de tantos años el tema de la coparticipación en la Legislatura, es donde corresponde hacerlo”.
CUESTA ABAJO. Coherente con la complejidad sobre la que había advertido, Rodríguez Signes abundó en explicaciones. “La ley de Coparticipación federal 23548 (del año 1988) es muy simple, tiene 20 artículos en los que establece la forma de distribución de los recursos”. Por esa norma, “corresponde a las provincias casi el 55 % de los impuestos que se coparticipan”, o sea, de todos excepto los aportes y contribuciones de la seguridad social, y los de comercio exterior. De eso le correspondería a la provincia de Entre Ríos, el 5,9%. Esos porcentajes se ajustan a la norma que sancionó el Congreso y que aprobaron los estados provinciales, por pactos las provincias con el gobierno federal y las provincias entre sí, dijo.
Mostró luego un hoja con números y subrayados en colores, a primera vista incomprensible, para precisar que “a principios de 1992, vino esto que se llama ´laberinto de la coparticipación´, así denominado por la Comisión Federal de Impuestos. Algo sumamente complejo de interpretar, que lo conoce poca gente”, reconoció. La complejidad del papel exhibido contrastó con la simplicidad del dato que resulta de la ejecución de ese laberinto.
“La conclusión de todo eso es que las provincias perdieron 20 puntos de la coparticipación”, o sea “de casi 55% nos venimos a 34%”, destacó Rodríguez Signes.
De ese punto de partida consideró auspicioso cuando el gobierno nacional el año pasado comenzó a devolver en forma progresiva hasta 2020, el 15% de fondos coparticipables que con sentencia de la Corte habían logrado Santa Fe, Córdoba y San Luis.
En estos días, el debate se actualiza con el planteo de Buenos Aires.
DAR DE NUEVO. En opinión del fiscal “hay que discutir todo de nuevo, todas las asignaciones específicas”. En un ejercicio de docencia prácticamente, Rodríguez Signes también precisó que las asignaciones específicas solamente las sanciona el Congreso de la Nación, pero por tiempo determinado, con mayorías especiales.
“Esto del conurbano fue en 1992, no está en la ley de Coparticipación. Está en una ley especial de asignación específica que cumple 25 años, como asignación específica ya es tiempo suficiente de vigencia”, comentó antes de señalar que “de las 23 provincias, 22, todas, estamos de acuerdo en no resignar más porque ya bastante se ha resignado a lo largo de todo este tiempo”.
