El encuentro se realizó en el Salón de los Gobernadores de la Casa Gris y fue presidido por la secretaria de Justicia, Carina Ramos; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
También participaron funcionarios provinciales, autoridades del poder Judicial, legisladores y representantes del Colegio de Abogados y de la Universidad Católica Argentina.
Consultada sobre los motivos de la reunión, la secretaria de Justicia, Carina Ramos, recordó que, “en el nuevo Código civil y comercial, se establece que la responsabilidad del estado tanto nacional como provincial no se va a regir por la normativa que hace al ámbito civil, sino que dispone que cada estado debe dictar sus propias leyes de responsabilidad. A nivel nacional ya rige la ley y es la Nº 26.944, y justamente desde la provincia podemos adherirnos a esa ley para su aplicación en la provincia o creamos una propia ley de responsabilidad”.
Y aclaró: “Cuando hablamos de responsabilidad del estado hablamos de los resultados y las consecuencias de accionar o e la omisión del estado. El estado como persona jurídica se representa a través de funcionarios, quienes son las personas físicas en su accionar u omisión pueden traer consecuencias de daño a terceros. Esta responsabilidad se la debe tratar de manera especial, porque el estado tiene determinadas características, las cuales se deben respetar para poder tratar de manera especial de acuerdo a los resultados que se quieren obtener”.
“Ante ello y por iniciativa del Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaria de Justicia se convocó a funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial como así también a diferentes actores de la sociedad civil a fin de evaluar la posibilidad de adherir o crear una nueva normativa de responsabilidad, adjuntándole las características propias de nuestra provincia», comentó Ramos.
En cuanto a la metodología de trabajo, la secretaria de Justicia informó:“se acordó trabajar en comisiones para que cada una analice el estudio de lo que seria la ley de responsabilidad del estado y otras dos, para el Procedimiento Administrativo y el Proceso Administrativo”.
Y agregó: “Además, se consideró modificar la leyes Nº 7.060 y Nº 7.061 correspondientes al Procedimiento Administrativo y al Proceso Contencioso Administrativo. La idea es lograr que el Procedimiento sea más breve y eficaz y adecuar el Proceso Contencioso a la Constitución nueva del año 2008 y al nuevo Código Civil”, dijo por últimos Carina Ramos.
