Para la Justicia las muertes fueron un accidente, pero Yoma planteó que el helicóptero fue baleado y que se trató de un homicidio relacionado con la campaña presidencial de ese año.
Villafuerte Ruiz había archivado el expediente, pero en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso la reapertura para responder los informes interrogantes de la querella.
