Muy productivo”, calificó el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende, a la audiencia pública que se desarrolló este miércoles en el Cine Berisso, de Villaguay, convocada en el marco del artículo 51º de la Constitución, y que sirvió para que el organismo explicara de qué modo se aplicaron los últimos aumentos en la tarifa eléctrica.
La convocatoria tuvo que atravesar un reproche en la Justicia: la Defensoría del Pueblo de Paraná presentó un amparo y pretendió conseguir la suspensión de la audiencia pública por cuanto, entendió, no se hizo según los parámetros que establece la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico. Pero el planteo fue rechazado por el camarista Marcelo Baridón, que entendió que no era jurisdicción de la Defensoría, cuyo límite es Paraná, y procuró cuestionar una decisión de la órbita provincial.
La Defensoría había peticionado a la Justicia que se declare “la nulidad” de la resolución N° 67 que dictó el Ente Regulador el 28 de junio y que convocó a esa audiencia pública basándose en lo que establece el artículo 51º de la Constitución de Entre Ríos.
Participación. Rodríguez Allende explicó que a la audiencia pública de Villaguay asistió medio millar de personas, y que del cónclave tomaron parte los distribuidores –Energía Entre Ríos SA (Enersa) y las 18 cooperativas eléctricas–, el Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos, representantes de las empresas de energía de Santa Fe y Córdoba, y también la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler).
“Se expuso, con la mayor claridad, durante casi dos horas, cuál fue la responsabilidad del EPRE en los componentes de la tarifa. Dimos cuenta de cuáles son los componentes estrictamente provinciales, y cuáles componentes los decide la Nación. Cuando el precio de la energía en el mercado mayorista aumenta como aumentó, se debe trasladar a la tarifa. Y para eso no es necesaria una audiencia pública. El 90% del aumento que hubo corresponde a subas en el mercado mayorista”, señaló Rodríguez Allende.
El titular del Ente Regulador subrayó que los componentes que regula la provincia, y que tuvieron un incremento, han sido discutidos en audiencia pública, en enero de 2015, y supusieron una suba del 19,8%. El resto del incremento, hasta completar una suba del 137% –que es el incremento registrado entre diciembre de 2015 y febrero de 2016—fue producto de variaciones en los precios del mercado mayorista eléctrico.
De la audiencia pública también participó el secretario de Energía, Raúl Arroyo, y tras la exposición por parte del EPRE, se sucedieron las intervenciones de quienes se anotaron para brindar su punto de vista sobre la cuestión, entre los que se contaban representantes de cooperativas, municipios, gremios y entidades intermedias. Entre estos, representantes de las oficinas de Defensa del Consumidor de todos los municipios de la provincia.
Informativo. En tanto, el secretario de Energía explicó que se trató de “una audiencia pública informativa, para dar cuenta fundamentalmente de lo que es el precio mayorista”, y advirtió que las audiencias para determinar el cuadro tarifario se concretaron oportunamente.
“Nosotros ya cumplimos con los aspectos provinciales en cuanto a las audiencias públicas que se hicieron en su momento para los incrementos que la provincia dispuso, pero hay un incremento en el orden nacional que en realidad es un retiro de subsidio. Por eso nosotros siempre interpretamos que esto no tenía necesidad de audiencia pública”, expresó el funcionario.
En tanto, Rodríguez Allende expresó que el objetivo fue brindar explicaciones de la manera “más sencilla para que la población pueda entender de la mejor forma posible, cómo una modificación de los precios mayoristas puede llegar a incidir en un cuadro tarifario, básicamente dando cuenta de algunos componentes de la tarifa”.
“Hemos cumplido con todos los plazos y hemos hecho absolutamente todo lo que la Ley nos marca. La audiencia pública que algunos fallos dicen que no se efectuó, se hizo, se realizó. Nosotros consideramos que hay otros factores que inciden en la tarifa, y que hacen que no sea necesario el cumplimiento de la audiencia pública”, aseguró.
Las razones de la suba
La tesitura de la Provincia respecto del incremento tarifario se apoya en una distinción entre qué es de jurisdicción local y qué de índole nacional.
La energía generada se vuelca al sistema interconectado que administra la Comisión Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa).
De las distribuidoras, como Enersa, llega a los usuarios finales.
Tanto Enersa como todas las cooperativas eléctricas adquieren la energía del mercado mayorista. El precio que pagan está impuesto por el Ministerio de Energía de la Nación.
Así, el costo de la tarifa eléctrica se conforma por cuatro componentes:
la generación, que es el precio al que las empresas distribuidoras compran la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); el transporte, que tiene un valor casi simbólico de $0,007 kWh; la distribución, lo que se conoce como valor agregado de distribución (VAD); y los impuestos.
Lo que se informó ayer fue el impacto sobre la tarifa de la resolución 6/16 del Ministerio de Energía de la Nación sobre lo cual no tuvo incidencia la provincia.
“Es decir, el precio de venta se construye a partir del costo de adquisición. Si la tarifa final no considera que el precio de venta le está dado sin posibilidad de elección de precio y se condena a las distribuidoras a pagar un precio que no considera el costo de adquisición y los costos de distribución (sueldos, mantenimiento de sistemas y equipos, impuestos, etc) vamos hacia una situación insostenible consistente en la insuficiencia de las distribuidoras para prestar el servicio”, dice un informe que sirvió de base a la respuesta judicial a los amparos contra el aumento de la tarifa.
