El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó al publicista Gustavo Darío Alfonzo a diez años de prisión por trata de personas en el caso de una adolescente de 16 años a quien obligaba a que se prostituyera en fiestas privadas y boliches bailables de Concordia.
Alfonzo, de 52 años y nacido en Concordia, fue condenado por delito de trata de personas, en la modalidad de captación, recepción y traslado de una menor de edad, con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por haberse consumado la explotación.
El tribunal, además, rechazó la nulidad planteada por el defensor oficial respecto de la pericia sobre los teléfonos celulares de Alfonzo donde constan los mensajes de texto que el condenado proxeneta cruzaba con sus “clientes” para concertar las citas.
Sin embargo, por el momento, Alfonzo continuará bajo arresto domiciliario ya que padece problemas de salud (diabetes). En ese aspecto, el tribunal resolvió que se le realicen estudios médicos para determinar si está en condiciones de cumplir su condena en una unidad penal o si, en cambio, debe hacerlo en un hospital o en su casa.
El fallo del tribunal abre la posibilidad de que la cadena de responsabilidades no se agote en Alfonzo y por eso dispuso que se remita copia de la sentencia al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, para que se amplíe la investigación respecto de otros posibles integrantes de la red de prostitución vip; y para determinar si hay otras víctimas de explotación sexual.
El descargo previo. Antes de la lectura del veredicto, Alfonzo hizo un confuso descargo de alrededor de veinte minutos ante el tribunal, en el que ensayó un “arrepentimiento”, pedido de disculpas “a la familia”.
A su manera, le pidió al tribunal que no le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria: “Les pido que me den una oportunidad: todo lo que tenga que hacer para ajustarme a derecho, lo voy a hacer”, dijo Alfonzo. “No voy a interferir nunca con la justicia”, acotó.
En otro tramo de su declaración final, Alfonzo negó los hechos y si bien admitió haber cometido errores dijo que no es “un delincuente”: “Yo no organicé ninguna fiesta; me descuidé, me sacaron el celular e hicieron lo que quisieron y ahora me la estoy bancando acá”, aseguró. En ese marco, aprovechó para lanzar un mensaje: “María (la víctima, a la que mencionó por su nombre) dijo había dos bandos en esta causa… en el otro bando están los que le hicieron esto”.
Asimismo, mencionó que había “174 mentiras” en el expediente; habló de supuestas irregularidades en la investigación, como la desaparición de un teléfono que aportó como prueba; dijo haber sido traicionado por los abogados particulares que tuvo en la instrucción; criticó a los medios y dijo que hubo “periodistas pagos” para perjudicarlo.
Entre las irregularidades, mencionó que hubo testigos que no fueron citados a declarar, entre los que mencionó al empresario Roberto Pietroboni: “No vino a declarar y resulta que es el dueño de la quinta donde dicen que pasó todo esto”, dijo. También mencionó a quien sería el organizador de la fiesta y al intendente de Concordia, Enrique Cresto.
El esquema de la explotación
La historia se conoció el 30 de octubre de 2014, luego de que la joven de 16 años fuera rescatada del departamento que alquilaba Alfonzo. Ese día su madre se presentó en la Comisaría del Menor y la Mujer de Concordia para denunciar que la adolescente llevaba veinte días cautiva en un dúplex en calle Monseñor Rösch 3523, departamento “B”.
Luego se comprobó que Alfonzo la tenía retenida contra su voluntad, amenazada, bajo los efectos de sustancias, obligándola a tener relaciones sexuales con hombres por dinero en el departamento y en otros lugares y a ver cómo él mismo tenía relaciones con su novia.
Pero había más. Alfonzo tenía un grupo de mujeres a las que prostituía en fiestas privadas y en boliches de Concordia.
Así funcionaba el esquema de explotación sexual: Alfonzo organizaba fiestas donde ofrecía servicios sexuales de un grupo de chicas, pactaba las formas en que se realizarían los pases; les ofrecía a los clientes chicas con determinadas características físicas; pautaba las horas de cada encuentro, las tarifas por cada “servicio” y la cantidad de clientes con las que debía estar cada una. A más clientes, mayor era la tarifa. Ellas cobraban y le rendían cuentas.
Candioti: “Se ha hecho justicia”
El fiscal José Ignacio Candioti celebró el veredicto del tribunal y destacó que se consintiera su pedido para continuar con la investigación respecto de otras personas que podrían integrar la red de trata de personas, más allá de Alfonzo, y que se determine si había más víctimas, tal como había solicitado en su alegato.
Si bien el pedido era “para que se remitieran copias de todo lo actuado en el debate, desde la Cámara Gesell en adelante”, en el veredicto sólo se habla de la remisión de la sentencia al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Concretamente, se sospecha que la red de trata de personas contaba con un esquema de protección integrado por funcionarios públicos, agentes estatales, integrantes de fuerzas policiales y de seguridad, narcotraficantes y empresarios; y que había más mujeres que eran explotadas.
No obstante, Candioti dijo: “Estoy conforme desde el rol que tengo como fiscal, pero también como ciudadano porque se ha hecho justicia”
Ante la consulta de EL DIARIO, el fiscal señaló que “hay cosas muy importante para destacar, no solo la condena sino que se le atribuyen tres acciones distintas: la captación de la menor de edad, mediante una falsa promesa de trabajo, que es una modalidad bastante recurrente en este delito; el traslado a las fiestas privadas; y el acogimiento en el departamento”.
En el mismo sentido, puso de resalto que el tribunal admitiera que hubo un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, como lo había expuesto en su alegato, y refirió que “Alfonzo casi la triplicaba en edad y ella tenía una situación familiar y socioeconómica compleja, situaciones que la hacían más vulnerable”, explicó.
