Hace una semana, la familia Petreccelli recibió una notificación de parte de la Justicia de que debía abandonar el predio de calle Churruarín, casi López Jordán. Un importante grupo de uniformados, la mayoría del cuerpo especial GIA, se hizo presente para garantizar el cumplimiento de la orden. Cuando una máquina retroexcavadora entró a la parcela con la evidente intención de derrumbar las dos viviendas, se generó una gran resistencia por parte de los demandados y se suspendió el operativo. De ahí surgió una tregua de una semana acordada entre las partes.
Poco antes de las 6 de la mañana llegaron los uniformados a cumplir la orden judicial, junto al oficial de justicia Pablo Demartini y la abogada del propietario, María Liliana Cabrera Bustos. A los pocos minutos comenzaron los disparos de balas de goma y gases, desde distancias muy cercanas, que rompieron el cordón humano que se había formado como método de intransigencia pacífica. El impetuoso accionar del GIA causó más de diez heridos entre la población, niños con principios de asfixia, incluyendo un bebé de ocho meses, un joven que casi pierde un ojo y un hombre de 59 años con su pierna ensangrentada por haber recibido un disparo a corta distancia. Al rato llegó una ambulancia para atender a los lastimados, que luego fueron trasladados hasta los hospitales San Martín y San Roque. Entre la vivienda principal y la Guardia de Infantería titilaban las luces del arbolito de Navidad armado el día anterior, con un muñeco del sapo Pepe abandonado con urgencia en su base, una guitarra criolla a un costado y la remerita de un chico con un corazoncito y la inscripción “Acá no se rinde nadie”.
Al igual que lo ocurrido la semana anterior, las familias se encerraron en las casas para evitar ser desterradas, y para las siete de la mañana los ánimos se calmaron cuando la fuerza pública decidió retirarse, lo cual fue festejado como una victoria por parte de los vecinos autoconvocados y las organizaciones sociales presentes. La gente volvió entones al terreno, expectante de una solución pacífica y reclamando la presencia de funcionarios municipales y provinciales.
Los Petreccelli. En la entrada del predio, elevado un par de metros del asfalto de Churruarín al 2564, lindante con la calle López Jordán y con Israel Hoffman por detrás, flamean la bandera argentina y la de Entre Ríos, junto a un pasacalle que reclama “No al desalojo. 30 años trabajando esta tierra”. En el lugar se levantan dos edificaciones y otra sin terminar, hay montañas de escombros y residuos para reciclaje, además de huertas y animales. Se trata de un territorio amplio para una zona que en los últimos tiempos se pobló exponencialmente al ritmo del crecimiento urbano. No era así cuando llegaron al lugar José Ángel Petrechelli y Griselda Chávez, desde Mercedes, Corrientes, allá por 1984. Churruarín era de tierra, predominaba la vegetación nativa y en el nuevo loteo que hoy tienen enfrente existía una cancha de fútbol de un grupo de veteranos. “Hace tres décadas que vivimos acá, donde nacieron mis hijos, y desde hace 12 que pagamos todos los impuestos”, dice Griselda, a sus 47 años. La mujer cuenta que llegaron por un señor llamado Juan Antonio Llorens, que los dejó de cuidadores para que nadie se introduzca, y luego no apareció más. “Nos iba a pagar un sueldo incluso, y se borró. Volvió a partir del 2005 con el tema del desalojo. Nosotros pusimos abogados, cambiamos más de siete veces, y todos nos jugaron en contra”, declara Griselda. La familia trabaja la tierra, crían gallinas, chanchos y vacas. Además muelen escombros y reciclan residuos. Una de sus hijas está en la lista de espera para trasplante de riñón. Cada una de las dos casas que habitan está dividida con su cocina y dormitorio. “Somos 15 personas, con 5 menores, todos familiares: mis hijos, yernos, mi hija soltera, una sobrina que quedó a mi cargo, y mis nietos”, detalla. Según declara, el tal Llorens era apoderado de Antonio Vitale, el dueño que murió en 1974, y ahora “hay muchos que están metidos y que son abogados, que dicen ser herederos pero sabemos que no lo son”. Entre los apoyos recibidos por los Petrechelli está el de la Mesa Socioeducativa Lomas del Mirador, representada por Sergio Dines, rector de la Escuela Secundaria Nº 6, quien en referencia a la autorización para cuidar y trabajar el terreno sin tener aportes jubilatorios ni obra social, comparó: “esto me recuerda a las cuestiones de campo, cuando tienen a los peones de estancia ahí y después de varios años los tiran afuera. ¿Dónde está el reconocimiento de los derechos de quienes cuidaron la tierra?”, se pregunta Dines. Graciela Sibelman, presidenta de la Comisión Vecinal López Jordán, reiteró el pedido de solidaridad a los vecinos. “Por favor, solucionemos este problema en paz, por todo el barrio. Esta gente vive del trabajo, han cuidado este lugar, siempre han sido solidarios. Pido a las autoridades que se hagan presentes y que brinden una ayuda”, expresó.
postales difíciles. “Es una orden judicial de sentencia firme. Esta gente tuvo todas las instancias, y nunca quisieron dejar de buena manera el predio. Yo soy la abogada del dueño que intervengo ahora, después de la sentencia, en el trámite anterior no estuve, así que todos los insultos que estoy recibiendo son gratuitos y de arriba”, dijo a EL DIARIO la abogada Cabrera Bustos, parapetada en la esquina detrás de una camioneta policial, haciendo referencia a los gritos en su contra por parte de quienes resisten la expulsión. “El juez envió oficio a todas las reparticiones y organismos para que estuviesen presentes, no solamente en esta que es la segunda vez, sino la semana pasada también. ¿Vos ves a alguien acá? No. Yo vengo a cumplir la orden de desalojo que dictó un juez a favor de mi cliente, que lo que quiere es recuperar el inmueble, nada más. A esta gente se le dio siete días para que se fuesen pacíficamente. Siempre que hay un desalojo es normal que uno se acompañe con la policía, porque voluntariamente no sale. Lo que sí se ve es que hubo muchos intermediarios y políticos que los alentaron, en vez de enseñar que hay que cumplir las leyes, les enseñan a no cumplirlas, entonces llegamos a esta situación lamentable, porque llamaron a la rebelión pública”, agregó la abogada.
SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA. Luego del primer intento de asalto e instantes antes de retirar al GIA, el comisario general Gustavo Maslein, a cargo del operativo con cerca de 30 hombres, explicó a EL DIARIO que “se está evaluando la situación de que hay familias, chicos, vecinos presentes, y para evitar un mal mayor por el momento vamos a suspender la ejecución de la medida”. Con la ambulancia atendiendo gente a pocos metros, Maslein afirmó que “heridos no hubo, lo que sí ocurrió fue una refriega entre los vecinos y la policía. Se trató de contener de la mejor forma, y para no llegar a mayores no vamos a ir al choque”. El pedido de intervención de este grupo especial, algo i-nédito para un desalojo en los últimos tiempos, fue del juez Juan Carlos Coglionesse, quien en su orden aclaraba que el GIA debía actuar “en la debida moderación teniendo especialmente en cuenta que conviven menores de edad”.
Como resultado de la “refriega”, quedó un detenido que pasó por la comisaría 12ª de Lomas del Mirador y luego fue trasladado a la Alcaldía a disposición del fiscal: Emiliano Gómez Tutau, secretario de Agricultura Familiar de la provincia, por “desobediencia judicial, resistencia a la autoridad y lesiones”, hasta anoche en que fue liberado.
Instancia de diálogo. Pasada las 9 de la mañana se acercó al lugar el titular de la Defensoría del Pueblo, Luis Garay, quien confirmó datos del expediente judicial, según el cual el nuevo propietario se llama Raúl Alejandro Proftocimo, domiciliado en la ciudad de Rosario, quien el 5 de septiembre de 2014 obtuvo la cesión de derechos de cinco hectáreas por 10 mil pesos, según consta en las fojas 318 y 319 del expediente a cargo del juez Coglionesse. Detrás de esta económica oferta hay un supuesto pedido de emprendimiento inmobiliario de la empresa Cemyc S.R.L., de Paraná. “No estoy desconociendo que pueden haber comprado en legítimo derecho, lo que estoy pidiendo es una prórroga para la alternativa de una mesa de diálogo. Juntarse con los propietarios nuevos para ver qué pasó con estos ciudadanos que hace muchísimos años viven acá autorizados por el anterior propietario”, informó Garay, quien opinó que esto no es una cuestión solamente entre particulares y el Estado no puede estar ausente, ya que el derecho a la vivienda digna está garantizado por la Constitución. “Acá estamos hablando de un tema concreto, con cosa juzgada, a ver qué salida se les da, sobre todo ahora en diciembre que viene la feria judicial, como para ver si en tres meses estos ciudadanos pueden llegar a relocalizarse y que todo termine con un final feliz”, pidió el Defensor del Pueblo. Garay ofreció la institución de la Defensoría al juez (por escrito y en persona) para que las partes se sienten a dialogar. Curiosamente, el magistrado respondió con el pedido de que Garay certifique su condición de Defensor del Pueblo y también que determine su competencia.
“Respondí con un escrito similar al que agregué el acta de la sesión de mi nombramiento y también una copia de la ordenanza que habla de la competencia”, expresó Garay en diálogo con EL DIARIO.
Aparentemente, la abogada del nuevo dueño indicó que no quiere ningún tipo de parlamento, a lo que Garay expuso que “el desalojo va a ser prácticamente imposible, porque por lo que veo hay un acompañamiento muy grande por parte de los vecinos y de los movimientos sociales”.
Los Petrechelli, aunque desconfiados luego de varias promesas incumplidas, sostienen aún estar dispuestos a escuchar qué solución se les ofrece. 
